Paro y marcha en San Juan tras el veto de Milei a la Ley Universitaria: la UNSJ advierte sobre el futuro de las clases
Docentes, estudiantes y gremios de San Juan se suman al plan nacional de lucha y alertan que peligra la continuidad académica en la provincia.
El presidente Javier Milei vetó por completo la Ley de Financiamiento Universitario. Así, desató una ola de indignación y un inmediato llamado a la acción en San Juan y en todo el país.
La normativa, que había sido aprobada con amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, buscaba recomponer las partidas presupuestarias para las universidades públicas y establecía la actualización de salarios docentes y no docentes por inflación, además de fondos para infraestructura, becas y actividades académicas.
La respuesta de la comunidad educativa sanjuanina y nacional no se hizo esperar. Se anunció un paro nacional para este viernes 12 de septiembre y se planifica una masiva Marcha Federal Universitaria para cuando el Congreso intente revertir la medida.
El Poder Ejecutivo justificó el veto argumentando que la ley “incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes” y genera un “desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica”, lo que, según el Gobierno, atenta contra su objetivo de “déficit cero”.
Además de esta norma, Milei también vetó la Ley de Emergencia Pediátrica y el financiamiento para el Hospital Garrahan, y se anticipaba un destino similar para la norma de reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La UNSJ: sin sorpresas, pero con profunda preocupación
Desde la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el veto no fue una sorpresa: ya se esperaba. Según expresó Ricardo Coca, secretario administrativo-financiero de la UNSJ, en Radio Estación Claridad, la institución “llega a fin de año” a costa de posponer inversiones cruciales, pero la preocupación se profundiza en el largo plazo.
Coca destacó la clara política de desfinanciamiento nacional, señalando un atraso salarial del 128% frente a una inflación del 220% durante la gestión de Milei, lo que implica una pérdida de casi 100 puntos de poder adquisitivo para el personal universitario.
Las consecuencias son palpables: no hay nuevas horas docentes, falta equipamiento para laboratorios, las obras de infraestructura están paralizadas a pesar del incremento en la matrícula estudiantil, y la compra de insumos para investigación se ralentiza drásticamente.
El funcionario fue enfático al afirmar que el Gobierno nacional ha “desmantelado todo el sistema de obras para universidades”, llegando a rechazar financiamientos externos. Esto sugiere que las instituciones públicas deberán resignarse a una “ausencia total de obras” en los próximos años.
Ante este panorama, la UNSJ ha tenido que destinar fondos propios, como 1.600 millones de pesos para la terminación de la Escuela de Música, supliendo la falta de aportes nacionales. Aunque la adhesión a los paros docentes puede ser “muy disímil”, la universidad apuesta por jornadas de visibilización y una marcha cuando el Congreso insista con la ley, advirtiendo que la situación financiera podría impedir la continuidad normal de las clases.
Voces de repudio y llamados a la movilización en San Juan
El secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, indicó a La Mecha que el paro de este viernes es solo la “antesala de una movilización popular muy grande” en defensa de la universidad pública. Criticó que el Gobierno de Milei “ha hecho caso omiso al mandato popular” y continuará con un “ajuste cruel y despiadado contra el pueblo”, extendiéndose a la salud pública con el veto al financiamiento pediátrico y al Hospital Garrahan.
Además, anunció que el Frente Sindical Universitario se reunirá este lunes con la Federación Universitaria y agrupaciones estudiantiles para definir los pasos a seguir contra el veto.
Por su parte, Guadalupe Aguiar, secretaria general de SIDUNSJ, expresó el “repudio enérgico al veto presidencial”, destacando que la decisión desconoce el “consenso político e institucional logrado en defensa de la universidad pública” y profundiza el ajuste sobre derechos fundamentales.
Aguiar subrayó que “no se trata solamente de números: se trata de la posibilidad real de sostener el funcionamiento de nuestras universidades, garantizar salarios dignos, condiciones adecuadas para enseñar y aprender, y seguir produciendo conocimiento al servicio del pueblo”. Concluyó que “el desfinanciamiento es una forma de exclusión” y que seguirán movilizados por una universidad pública, gratuita, inclusiva y federal, porque “no es un privilegio: es un derecho”.
Desde la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ), su secretario general, Facundo Thebault, confirmó en Radio Light que la próxima semana los estudiantes se organizarán para marchar en rechazo a la medida.
Thebault señaló que la universidad es “un sector muy castigado por la crisis económica y política” y que “cada día cuesta más estudiar”, con un 80% de los estudiantes de primer año que deben trabajar para solventar sus estudios.
Aunque el veto era un escenario previsto, la decisión confirma la movilización como una “expresión de descontento” que, si bien no esperan que cambie el rumbo presidencial, sí podría tener un impacto político en las próximas elecciones.
Plan de lucha nacional y debate en el Congreso
A nivel nacional, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la federación estudiantil más importante de Argentina, ya había anticipado que “si hay veto, hay marcha”, convocando a movilizarse al Congreso el día en que se trate el veto. La Conadu Histórica y la Conadu también llamaron a un paro nacional docente y no docente para este viernes y a la Marcha Federal Universitaria.
El veto se envió al Congreso, donde la oposición analiza convocar a una sesión especial para rechazarlo, buscando aprovechar un momento de “debilidad del Gobierno”. Para revertirlo, se requiere una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras.
Senadores como Mariano Recalde (Unión por la Patria) y Martín Lousteau (UCR), así como diputados de diversos bloques como Julia Strada (Unión por la Patria), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Christian “Chipi” Castillo (Frente de Izquierda) y Florencio Randazzo (Encuentro Federal), han expresado su intención de insistir con la ley, señalando que Milei “desconoce la voluntad popular” y “abusa de sus atribuciones”.
El Gobierno, pese a exhibir cierta apertura al diálogo político, se muestra inflexible con su modelo de “déficit cero”, repitiendo que “no se moverán ni un milímetro del programa económico”. Sin embargo, la insistencia del Congreso en revertir vetos —como ya ocurrió con la ley de Emergencia en Discapacidad— plantea un desafío político significativo para el Ejecutivo.
La movilización universitaria, sumada a la presión de los gobernadores por otras normas vetadas, augura un escenario de tensión y conflicto en las próximas semanas.
El veto a la Ley de Financiamiento Universitario se convierte así en un símbolo de la confrontación entre el Poder Ejecutivo y amplios sectores sociales que defienden la educación pública como pilar del desarrollo del país, una batalla que se librará tanto en las calles como en el Congreso.