Un predio de la Municipalidad de la Capital acumula vehículos oficiales, neumáticos y chatarra a cielo abierto
Las fotografías aéreas muestran el depósito a pocos metros de viviendas. La legislación prevé sanciones para los funcionarios públicos que no realicen una gestión correcta de los residuos.
Dentro de la Ciudad de San Juan, en un predio que pertenece a la Municipalidad de la Capital, se amontonan vehículos oficiales fuera de servicio, neumáticos usados, plásticos y chatarra. Las imágenes aéreas del lugar dejan ver el tamaño del depósito y lo cerca que está de las casas. El lugar está ubicado en Estados Unidos y Maipú. Los neumáticos deben recibir un tratamiento especial por la combinación de distintos materiales que generan problemas distintos a la basura común. En San Juan, el lugar para alojarlos correctamente es el Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional (PITAR), colindante al Parque de Tecnologías Ambientales (PTA) y a Anchipurac.
Desde el momento en que un vecino o vecina entrega la basura, el municipio adquiere la responsabilidad y la propiedad de los residuos. Eso va desde la recolección y el transporte hasta su almacenamiento, tratamiento o disposición final en un sitio autorizado. El Código de Faltas de San Juan sanciona en su artículo 167 a quienes usen un inmueble, público o privado, para depositar residuos sin el tratamiento sanitario que exige la ley.
Esta norma también incluye a funcionarios públicos que autoricen de manera irregular ese tipo de depósitos. El artículo 169, por su parte, castiga el arrojo o depósito indebido de residuos y las emanaciones contaminantes. Por eso, es importante conocer los motivos detrás de la decisión municipal que podría estar infringiendo leyes ambientales provinciales y nacionales.
La Mecha consultó a Gustavo Gener, secretario de Servicios de la Capital, para conocer detalles sobre si se está contaminando el suelo o si la gestión de los neumáticos se está haciendo de manera correcta, pero no obtuvo respuestas.
Además del Código de Faltas, distintas leyes provinciales y nacionales prevén la gestión integral de residuos sólidos urbanos y fijan cómo deben tratarse estos materiales. Un neumático debe tener un tratamiento especial porque combina caucho, acero y fibras textiles y genera algunos problemas que la basura común no tiene. Por ejemplo, en un relleno sanitario ocupan mucho lugar y no se pueden compactar, porque su forma hueca y elástica recupera el volumen después de aplastarlos. Además, tienden a subir con el tiempo: el aire que queda atrapado y el movimiento del terreno los empuja hacia la superficie y eso rompe las capas que cubren los residuos. Por eso muchos rellenos no los reciben enteros.
Si quedan a la intemperie, juntan agua de lluvia en su interior, que tarda en evaporarse y queda a la sombra. Son uno de los criaderos preferidos del mosquito Aedes aegypti, el que transmite el dengue. Quemarlos tampoco es una salida. El caucho arde a temperaturas altas, el fuego cuesta mucho apagarlo y el humo negro libera sustancias tóxicas como hidrocarburos y metales. Los restos que quedan contaminan el suelo y el agua.
De todas formas, sí son un residuo que se puede aprovechar. Con trituración mecánica se separa el acero y el caucho se convierte en gránulos o polvo que se usan para pisos deportivos, asfalto, baldosas o piezas industriales. Ese es el trabajo que hace el Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional (PITAR), que está en el mismo predio que el Parque de Tecnologías Ambientales (PTA) y el Centro de Educación e Investigación Ambiental Anchipurac, en Rivadavia.
Una responsabilidad en juego
Antes de determinar el nivel de responsabilidad del municipio, primero hay que saber si el modo en que se guardan neumáticos, plásticos, chatarra y vehículos cumple con las normas sanitarias y ambientales, y si hay riesgo de contaminación, incendios o proliferación de mosquitos.
Otro punto es si en el predio hay aceites usados, combustibles o baterías, ya que ahí entraría en juego la Ley 522-L de residuos peligrosos. Actualmente se desconoce si el predio está habilitado para guardar estos residuos, si se hicieron estudios ambientales, qué controles existen para prevenir incendios y criaderos de mosquitos, desde cuándo están ahí y qué se hará con ellos.
Tanto el Código de Faltas como la legislación sobre residuos prevén responsabilidades para funcionarios. Por eso importa saber quién autorizó el funcionamiento del depósito, quién controla sus condiciones y si hubo inspecciones, intimaciones o sanciones previas.
Las inspecciones técnicas deberán determinar si hay contaminación para dar por hecha una infracción. Pero las imágenes sí justifican que la autoridad ambiental provincial intervenga y que se pidan informes sobre cómo se gestiona el predio y el patrimonio que hay en él.
El envío al PTA
En Rivadavia funciona el Parque de Tecnologías Ambientales (PTA), un lugar que recibe los residuos de nueve municipios de la llamada Región 1: Capital, Chimbas, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Pocito, Ullum, Zonda y Albardón. También recibe residuos de grandes generadores privados de la provincia. Adentro, el circuito pasa por báscula, planta de clasificación, producción de orgánicos y relleno sanitario. Los departamentos más alejados tienen sus propios centros de tratamiento. Colindantes al PTA, está Anchipurac y el PITAR.
Según el subsecretario de Residuos Sólidos Urbanos, Santiago Ceballos, la Región 1, con unos 560.000 habitantes, genera entre 600 y 700 toneladas diarias.
Los municipios pagan una “tasa de vertido”. Los residuos verdes pagan un canon muy bajo, la mezcla de orgánicos e inorgánicos paga más y, si el municipio lleva los residuos separados, no paga tasa de vertido. El cobro no es directo. Según un convenio provincia-municipios publicado por el Gobierno, la Provincia descuenta el monto de la tasa de los fondos coparticipables de cada municipio, a prorrata. Ese dinero, según Ceballos, sostiene el funcionamiento, los sueldos y las estructuras del PTA.
En el caso de los neumáticos, tienen un circuito propio. Rawson, por ejemplo, firmó un convenio con la empresa Indram, encuadrado en la Ley 1434-L, para llevar los neumáticos fuera de uso a su planta en el PITAR, que está asociado al PTA y Anchipurac. Sería útil saber si Capital tiene, o piensa, en un convenio equivalente.
Quién controla
En la provincia, la autoridad es la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Dentro de ella, la Subsecretaría de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos tiene un equipo de fiscalización que hace operativos para detectar irregularidades en la trazabilidad de los residuos.
En cada departamento, la responsabilidad recae en el municipio, que según la Ley 1114-L se encarga de los residuos de su territorio. Eso pasa por el área de ambiente o servicios de cada municipalidad y su juzgado de faltas, y el control político le corresponde al Concejo Deliberante. Finalmente, la pregunta es si la municipalidad cumple en su propio terreno las normas ambientales que exige la ley.