Según datos de 2024, en el Gran San Juan el 57,2% de los trabajadores está en negro

El Gobierno de San Juan ha sabido celebrar que la provincia presenta índices más optimistas que la media del país en materia de desempleo: 3% frente a 7,6% a nivel nacional en el segundo trimestre de 2025. 

Sin embargo, en el Gran San Juan se esconde una de las tasas de precariedad laboral más altas de la Argentina. Según un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) al cierre de 2024, el 57,2% de los trabajadores del aglomerado se desempeñaba en la informalidad, situando a la capital provincial como el segundo centro urbano con mayor empleo «en negro» del país, solo superado por el Gran Tucumán.

Esta paradoja del pleno empleo no es una señal de salud económica, sino un mecanismo de supervivencia forzosa. En 2025 sectores claves de la economía provincial, como panaderías, kioscos, minoristas y chacareros sufrieron caídas de entre 20% y 30% del consumo. En este contexto y ante la falta de puestos técnicos y de calidad, miles de trabajadores se ven empujados a actividades de subsistencia —como el reparto por aplicaciones o el trabajo doméstico— que funcionan como un «colchón social» pero carecen de todo derecho básico.

Un artículo publicado recientemente en Tiempo de San Juan reveló un curioso dato que ilustra el aumento de la informalidad laboral. Según estadísticas de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) el crecimiento exponencial de los trabajadores de reparto por aplicaciones está impulsando con fuerza el mercado de motovehículos en San Juan, donde la moto dejó de ser solo un medio de transporte para convertirse en una herramienta clave de subsistencia. Según datos de ACARA, las ventas registraron un aumento interanual del 42,5% en diciembre y del 37,6% en enero, con una demanda concentrada en modelos de baja cilindrada, entre 110 y 150 cc, elegidos por su menor costo y facilidad de mantenimiento.

La gestión actual del gobernador Marcelo Orrego enfrenta un deterioro acelerado de la calidad del empleo. Según informes del Centro Integral de Estudios Estratégicos de San Juan, en solo tres meses (entre el tercer y cuarto trimestre de 2024), desaparecieron más de 14.000 trabajadores registrados de las estadísticas locales. Estos puestos no se esfumaron, sino que pasaron a engrosar las filas de la informalidad, que saltó del 37% al 39% en ese breve lapso, evidenciando un retroceso crítico en la seguridad social de la población.

/// LEÉ TAMBIÉN: Menos trabajo registrado, más empleo en negro: la radiografía del mercado laboral en el Gran San Juan

El rostro de esta crisis es marcadamente joven. En San Juan, casi 7 de cada 10 trabajadores de entre 16 y 24 años (68%) son informales. Esta generación inicia su vida laboral sin aportes jubilatorios ni obra social, atrapada en una brecha salarial abismal. Mientras que un asalariado registrado en la provincia percibe en promedio $1.133.377, un trabajador informal apenas alcanza los $565.625, una diferencia de casi el 50% que condena a miles de familias a la categoría de «trabajadores pobres»: personas que, aun teniendo empleo, no logran cubrir la canasta básica.

En diálogo con este medio, Ricardo Palacios, ex presidente de la Unión Industrial de San Juan, explicó que la provincia no es una isla frente a la crisis nacional. Según Palacios, el sector industrial —que genera empleos técnicos y de calidad— está siendo asfixiado por un «combo» letal: una caída del consumo superior al 30% y tasas de interés que califica de «usureras».

El ex titular de la Unión Industrial advierte sobre un fenómeno peligroso: el «disfraz» de las estadísticas laborales. Palacios explica que el trabajador calificado que es despedido del sector formal termina refugiándose en el canal informal, convirtiéndose en repartidor de aplicaciones o conductor de vehículos. «Esto comienza a disfrazar la falta de mano de obra calificada, ya que en las mediciones los ponen como personas que están trabajando, pero están en la informalidad, sin obra social ni jubilación».

La fe minera

El Gobierno de San Juan ha depositado sus mayores expectativas de reactivación en la minería, calificando los proyectos de Vicuña Corp (Josemaría y Filo del Sol) como un «antes y un después» para la provincia.

Sin embargo, en términos de empleo real, la minería es un actor minoritario: a junio de 2025, el sector generaba apenas 2.997 puestos de trabajo registrados, una cifra insignificante comparada con los casi 15.000 de la industria o los 14.900 del comercio.

Esta «falsa esperanza» se ve agravada por la incapacidad del Estado para garantizar que la riqueza minera quede en la provincia. Actualmente, el proyecto de ley de “Compre y Empleo Local” se encuentra trabado en la Legislatura debido a la falta de acuerdo sobre las sanciones a las operadoras que no cumplan con los cupos. Sin esta norma, los proveedores locales denuncian que «el grueso de los contratos de mayor volumen queda en manos de firmas externas», dejando a las pymes sanjuaninas fuera del circuito económico. 

/// LEÉ TAMBIÉN: Vicuña presentó su plan binacional mientras sigue frenada la ley de proveedores y las regalías quedan bajo la lupa

Como advierte el referente industrial Ricardo Palacios, si no se trabaja firmemente para que la minería absorba la producción local, la provincia simplemente «la verá pasar» mientras el empleo de calidad sigue desapareciendo.