San Juan perderá la mitad de los fondos nacionales para salud pública mientras crece el malestar entre los sectores más vulnerables
Un informe de la consultora Ethos indica opiniones diametralmente opuestas en torno al sistema de salud pública dependiendo del nivel de ingresos y de educación.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 profundiza el ajuste sobre la salud pública en las provincias. En el caso de San Juan, los fondos nacionales destinados exclusivamente al sistema público de salud caerán un 54,86%. El recorte se suma al que ya sufre Vialidad Nacional y a una baja del 62,5% en los programas de acceso al empleo.
El ajuste se produce sobre un sistema de salud que la población sanjuanina ya evalúa con dureza, según un estudio de opinión de la consultora Ethos. Es que el sistema de salud pública de San Juan opera como una red indispensable para quienes no tienen alternativa, pero al mismo tiempo acumula los mayores índices de disconformidad entre sus usuarios más dependientes. Según el relevamiento de Ethos, la percepción ciudadana se encuentra dividida en un frágil equilibrio pero revela sus mayores diferencias en los extremos sociodemográficos.
A nivel general, el 39,3% de los encuestados califica el servicio público como «bueno» o «muy bueno» y el 38,2% lo considera «malo» o «muy malo». Ese empate técnico esconde una brecha más profunda cuando se cruza con el nivel de ingresos. Entre quienes están por debajo de la Canasta Básica Total (CBT), solo el 7,5% no utiliza el sistema estatal. Y dentro de ese grupo, el 46% evalúa el servicio como «malo» o «muy malo», más que el 44,9% que lo valora positivamente. Con menos fondos nacionales para 2027, es este el sector que menos margen tiene para amortiguar el impacto de un eventual deterioro del servicio.
El contraste es elocuente con los sectores de mayores ingresos: el 31,1% de quienes superan la CBT no usa el sistema público —recurre al sector privado u obras sociales—, y entre quienes sí lo usan, la valoración positiva (35,4%) supera a la negativa (30,5%).
Según el análisis de Ethos, esto indica que la sobrecarga del sistema impacta directamente en los sectores de menor poder adquisitivo. Quienes más dependen de la salud pública son, a la vez, quienes más descontentos están.
El ajuste previsto para 2027
En el proyecto de ley de Presupuesto 2027, el Gobierno nacional propone una reducción nominal del 54,86% en los fondos destinados al Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales. Las transferencias pasarían de $1.225 millones en 2026 a $515 millones en 2027.
Por otro lado, el gabinete de Javier Milei discontinuó 10 de los 13 programas sanitarios nacionales, lo que obligó a San Juan a erogar aproximadamente $2.200 millones mensuales de fondos propios para sostener las prestaciones locales. El gasto provincial se suma a un reclamo de $7.400 millones a la Nación por atenciones de PAMI y programas desfinanciados
El Presupuesto 2027 no contempla fondos para la construcción de nuevos hospitales en San Juan. La única obra pública financiada por la Nación prevista para el año entrante en la provincia es la refacción de un juzgado federal.
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A menor nivel educativo, peor evaluación
Un dato que arroja la encuesta de Ethos es que quienes tienen estudios primarios, completos o incompletos, expresan los niveles más altos de disconformidad con el sistema de salud pública: 57,8% de imagen negativa. En este segmento, solo el 12,7% no usa el sistema público.
A medida que aumenta el nivel educativo, crece la proporción de personas que se atienden en el sector privado o en obras sociales: la no utilización del sistema estatal llega al 49,5% en el nivel universitario. Los datos muestran así que quienes tienen menos alternativas son quienes más usan la salud pública y quienes peor la evalúan.
Es que en el proyecto de Presupuesto 2027 está previsto que el Estado nacional invierta en educación la cifra más baja en 20 años. Así, los recursos destinados a la educación básica se habrán reducido cerca de un 76% entre 2023 y 2027. Los programas de educación obligatoria pasan de representar el 0,32% del PBI en 2023 a apenas un 0,08% en 2027.
Esto deja a los sectores con menores niveles de educación en una situación de doble vulnerabilidad. Por un lado, son las más afectadas por el recorte del 76% en los fondos para la educación básica e infraestructura escolar, lo que limita las oportunidades de sus hijos de progresar hacia niveles superiores. Por otro lado, al no poder migrar a la oferta privada, quedan cautivas de servicios públicos deteriorados.
Los adultos mayores, los más descontentos
El nivel educativo también marca diferencias: quienes tienen estudios primarios, completos o incompletos, muestran la peor imagen del sistema (57,8% de valoración negativa) y son, a la vez, quienes menos alternativas tienen fuera de la salud pública (solo el 12,7% no la usa). A medida que sube el nivel educativo, crece la migración hacia el sector privado u obras sociales: la no utilización del sistema estatal llega al 49,5% entre quienes tienen estudios universitarios.
El patrón se repite: los sectores con menor capacidad de elegir son los que más dependen del sistema público y los que, en un contexto de recorte de fondos nacionales, tienen menos margen para sostener su nivel de atención.
Caucete, departamento crítico
Por departamentos, Capital encabeza el saldo positivo (59,1%), seguida por Chimbas, Albardón, Rawson, Pocito y Santa Lucía tienen saldos levemente negativos. En cambio, Caucete registra el peor resultado de la muestra: saldo de -27,4, con 63,7% de desaprobación (51,1% «malo» y 12,6% «muy malo») y 36,3% de valoración positiva.
Los municipios con mayor densidad demográfica (Rawson, Pocito y Santa Lucía) reflejan balances ligeramente negativos, lo que sugiere una saturación de los centros de salud primaria ante una alta demanda local.