San Juan no tuvo representación política en la mesa minera argentino-chilena y Vicuña lideró la discusión
La reunión del Tratado de Integración no tuvo participación de Orrego ni de sus funcionarios. El hecho generó preocupación en los proveedores locales.
La reunión de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera entre la Argentina y Chile, realizada en Buenos Aires el 7 de julio pasado, dejó en evidencia la ausencia del gobernador Marcelo Orrego. En su lugar, quien tomó un rol central en la discusión de los protocolos técnicos y diplomáticos que rigen los proyectos cordilleranos fue el sector privado, en particular la empresa que impulsa el proyecto Vicuña.
El Tratado Binacional es un instrumento normativo firmado en 1997 por ambas naciones y permite que los yacimientos ubicados en la línea de frontera operen como unidad. Este acuerdo resulta clave para Vicuña y otros proyectos mineros en San Juan porque necesitan un protocolo que facilite el paso de personal, equipos e insumos a través de la cordillera.
Además, las mineras encuentran en el país vecino proveedores con servicios más baratos, acceso al puerto del océano pacífico e incluso, Vicuña planea utilizar agua desalinizada proveniente del mar chileno para sus operaciones.
El encuentro tuvo como particularidad la presencia protagónica de José Morea, Country Manager del Distrito Vicuña y, desde hace pocas semanas, presidente de la Cámara Minera de San Juan. A su vez, se desempeñó como subsecretario de Participación Público-Privada en la esfera del Ministerio de Finanzas, conducido por Luis Caputo durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
Que Morea participe de reuniones donde se redactan actas bilaterales sin la representación política de Marcelo Orrego o sus funcionarios, generó malestar entre los proveedores locales. Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de San Juan (CAPRIMSA), cuestionó la ausencia del gobierno provincial en una instancia donde se discuten decisiones estratégicas. «Me preocupa que el gobierno provincial no esté. Los recursos son provinciales», señaló. Para Godoy, la falta de conducción política deja a las pymes locales expuestas a criterios de eficiencia definidos fuera de la provincia.
El planteo de los proveedores sanjuaninos tiene un correlato económico. Aunque los yacimientos están del lado argentino, Chile cuenta con más de un siglo de desarrollo en infraestructura y servicios mineros, lo que le permite competir en condiciones muy distintas. Según los cálculos del sector, la brecha de costos entre ambos países se ubica entre el 40% y el 50%.
Algunos ejemplos ilustran la diferencia: el alquiler de una camioneta 4×4 puede costar hasta 3.000 dólares mensuales en San Juan, frente a 1.700 dólares en Copiapó. En el caso de los camiones regadores, el valor mensual asciende a 30.000 dólares del lado argentino, contra 19.000 dólares en Chile. A esto se suma una carga impositiva más alta y un IVA dos puntos superior al chileno.
Un liderazgo que no se traduce en presencia
La ausencia de Orrego en la reunión contrasta con el lugar que el mandatario buscó ocupar en la agenda minera nacional desde que fue designado, en noviembre de 2024, primer presidente de la Mesa del Cobre. Ese rol, sin embargo, no se tradujo en una participación directa en la instancia binacional, lo que para distintas fuentes del sector representa un riesgo para la sustentabilidad de la relación entre el Estado provincial y las empresas.
La tensión sumó otro capítulo a este escenario con el caso PowerChina. Es decir, cuando se contrató a una empresa extranjera para la construcción del campamento de Vicuña, por 52 millones de dólares y generó cuestionamientos en las comunidades locales, que esperaban un impacto económico mayor.
Recientemente Orrego celebró la aprobación en Diputados de la Ley de Desarrollo Local Minero. Es una normativa que busca pisos mínimos de contratación y compre local. Sin embargo, los proveedores coinciden que si no existe voluntad y “muñeca” política, los “casos PowerChina” van a repetirse.
Resulta contradictorio que, mientras se impulsa una norma para proteger el entramado productivo regional, Orrego haya cedido el espacio político y diplomático donde se definen los protocolos de los grandes yacimientos. Esta falta de presencia directa en Buenos Aires vacía de contenido el liderazgo que la ley pretende ejercer, dejando a las pymes locales en una situación de vulnerabilidad frente a la competencia internacional.