Revés para Milei: la Justicia dejó firme la orden de cumplir la Ley de Financiamiento Universitario
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó que la medida cautelar continúa vigente. Desde SIDUNSJ advirtieron que la decisión no implica un aumento salarial inmediato, aunque fortalece el reclamo para que el Estado cumpla con la ley.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la vigencia de la medida cautelar que ordena al Estado nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario (LFU). Tras la resolución, la secretaria general de SIDUNSJ, Guadalupe Aguiar, sostuvo en diálogo con La Mecha que se trata de un avance judicial, aunque aclaró que no tendrá un impacto inmediato en los salarios de docentes y no docentes.
La dirigente explicó que la Cámara declaró «abstracta» la discusión sobre la suspensión de la cautelar, ya que la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el Gobierno nacional. De ese modo, desapareció el argumento que había motivado el pedido para frenar la medida.
La controversia se originó después de que el Gobierno nacional dictara el Decreto 759/25, mediante el cual intentó condicionar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario al argumentar que no existían fuentes de financiamiento suficientes para cumplirla. Esa decisión dio lugar a una serie de presentaciones judiciales impulsadas por gremios docentes y organizaciones vinculadas al sistema universitario.
En ese marco, la Justicia dictó una medida cautelar que ordenó al Estado actualizar los salarios universitarios y garantizar las becas previstas en la ley. Si bien el Gobierno intentó suspender sus efectos, la Corte Suprema rechazó ese planteo y ahora la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó firme la vigencia de esa cautelar. De todos modos, su ejecución efectiva dependerá de la resolución que adopte el juez de primera instancia, Martín Cormick.
«No va a haber un impacto inmediato porque no hubo todavía un pronunciamiento de fondo», señaló Aguiar. Según explicó, la cautelar continúa plenamente vigente y el expediente regresará al juzgado de primera instancia, a cargo de Martín Cormick, que deberá resolver su ejecución.
La medida cautelar ordena al Estado actualizar los salarios universitarios y garantizar las becas estudiantiles previstas en la Ley de Financiamiento Universitario. En este marco, Aguiar expresó cierto optimismo porque, si bien no hay un impacto directo inmediato, es un nuevo paso en la lucha por el cumplimiento de la ley.
Mientras continúa el proceso judicial, los gremios universitarios preparan nuevas medidas. Aguiar informó que CONADU convocó a un plenario de secretarios generales para el 10 de agosto, donde se evaluará la situación en las distintas universidades y se definirá el plan de lucha para el segundo semestre.
Entre los reclamos del sector figura el adelantamiento de la reunión paritaria prevista para el 15 de septiembre. Además, los sindicatos buscarán discutir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial frente a la inflación. Actualmente, los docentes universitarios tienen pendiente un incremento del 3%, que debería liquidarse con los haberes de septiembre.
La denuncia contra Santilli
En paralelo al proceso judicial, el diputado nacional Esteban Paulón presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la presentación, Santilli es el funcionario responsable de ejecutar las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La denuncia sostiene que el Gobierno omitió aplicar una norma aprobada por el Congreso que protege los salarios de docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles.
