Qué pasó, qué se sabe y cómo sigue la causa por las motos pagadas a Branka Motors que nunca llegaron

Dicen que el tercer lunes de enero es el día más triste del año, el llamado “blue Monday”. Sin embargo, la emoción que atravesó a los clientes de Branka Motors estuvo lejos de la tristeza. Fue bronca. Indignación. La sensación de haber sido estafados tras el incumplimiento sistemático en la entrega de motocicletas que ya habían sido pagadas en su totalidad. Ese malestar terminó en un corte de calle y en una manifestación de más de 100 personas frente a la sede de la empresa. La causa judicial, por ahora, se encuentra en una etapa inicial, aunque avanza.

/Leé también nuestra nota: Más de 100 personas se manifestaron en la sede de Branka Motors y denunciaron una estafa multillonaria

Todo comenzó meses atrás. Fue entonces cuando clientes de la concesionaria empezaron a sufrir incumplimientos en la entrega de motocicletas que ya habían sido abonadas al contado. Según las denuncias, las demoras se extendieron desde los 40 días hasta los cinco meses.

Antes de que el escándalo estallara, la empresa utilizaba de manera habitual la red social Facebook para comunicarse con sus clientes. Los afectados aseguran que, frente a los reclamos por falta de stock, la firma ofrecía motos de menor valor o prometía devoluciones de dinero que, con el tiempo, nunca se concretaban.

El estallido del escándalo llegó en enero de 2026. El lunes 19 se produjeron los primeros reclamos frente al local comercial. Durante la mañana, efectivos policiales ingresaron al negocio, ubicado en la intersección de Avenida Rioja y 25 de Mayo, donde secuestraron documentación y, según trascendió, demoraron a dos empleados.

Ya por la tarde de ese “blue Monday”, más de 100 personas se concentraron frente a la sede de la empresa para exigir la entrega de las unidades o, en su defecto, el reintegro del dinero.

Los denunciantes estimaban que el monto total de la estafa podría alcanzar los cien millones de pesos. El clima era más que tenso. Durante las movilizaciones se registraron agresiones contra personas que intentaron dialogar en nombre de la empresa, una situación que obligó a la intervención policial.

Pese a no haber entregado las unidades, Branka Motors tampoco devolvió el dinero abonado. Esto ocurrió a pesar de que los contratos contemplaban la posibilidad de reintegro una vez vencido el plazo. En muchos casos, los montos denunciados superan los 1.200.000 pesos por persona.

Muchos compradores señalaron ante distintos medios de comunicación que la empresa utilizaba la supuesta falta de stock como justificación, una versión que los propios afectados calificaron como falsa. Además, denunciaron que los responsables “no daban la cara” y que nunca ofrecían soluciones concretas frente a los reclamos.

Incluso, como alternativa ante la falta de entrega del vehículo adquirido, la concesionaria ofrecía motos de menor valor o renovaba promesas de devolución de dinero que, una vez más, no se cumplían.

Al día siguiente, las puertas de Tribunales se vieron colmadas por un aluvión de personas que acudieron a radicar denuncias formales. Incluso se registró un incidente en Flagrancia, cuando un damnificado intentó llevarse una moto por la fuerza y terminó detenido y juzgado por ese hecho.

Branka Motors rompió el silencio, aunque de manera tímida, a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales. Allí anunció que sus operaciones se encontraban pausadas para avanzar por las vías formales. En el mensaje, la empresa aseguró que estaba trabajando para “abordar los casos uno por uno”, aunque desactivó la opción de comentarios en la publicación.

El miércoles por la mañana comenzaron a circular en distintas notas periodísticas los nombres de Alexis Marco, Jonatan Marco y Facundo Banega como presuntos dueños o responsables de la firma. Sin embargo, fuentes judiciales sostienen que estas personas podrían ser simples “perejiles” —empleados o representantes— y que el verdadero responsable directo aún no fue identificado.

En el plano judicial, la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, a cargo del fiscal Guillermo Heredia, inició una investigación preliminar y confirmó que existen alrededor de 170 sanjuaninos perjudicados.

Ante la alta demanda, la fiscalía organizó un cronograma para recibir entre 10 y 12 denuncias diarias hasta febrero. Además, instruyó a los afectados a acercarse a las comisarías más cercanas a sus domicilios para formalizar las presentaciones.

Los abogados querellantes aseguran que existe prueba suficiente para avanzar con una Investigación Preliminar Preparatoria (IPP) por el presunto delito de estafa reiterada. Mientras tanto, el local comercial continúa custodiado por la policía y siguen circulando rumores sobre una posible quiebra de la empresa.