¿Qué pasó con los reclamos de los trabajadores estatales de San Juan?

A 8 días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el conflicto entre el Gobierno provincial y distintas esferas del trabajo estatal sigue en un punto muerto.

En los últimos meses adquirieron fuerza los reclamos de distintos ámbitos del empleo estatal de la provincia. Es el caso del personal del Centro Cívico, de la Obra Social Provincia (OSP) y del Centro Integral de Seguridad, Emergencia y Monitoreo (CISEM). En estas esferas, los trabajadores —a veces autoconvocados, a veces representados por ATE y el SEP— mantienen asambleas constantes para reclamar por actualizaciones salariales, recategorizaciones y el pase a planta permanente.

En el caso de los trabajadores de la Obra Social Provincia, hay alrededor de 100 empleados contratados esperan el pase a planta permanente; alrededor de 15 de ellos llevan esperando entre 12 y 15 años. María Martínez, secretaria adjunta de ATE, expresó a La Mecha durante una de las asambleas que tanto el interventor como la gerenta de la entidad han expresado apoyo al reclamo, pero que el Gobierno «dice que no puede, que no tiene dinero, pero nosotros vamos a hacernos escuchar porque no hay otra manera».

Trabajadores de la OSP indicaron a La Mecha que se acordó con Gobierno revisar la situación del organismo pasadas las elecciones del 26 de octubre.

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Otro de los focos de incendio que deberá atender el Ejecutivo provincial está en el CISEM. Los trabajadores civiles del organismo reclaman de manera urgente la recategorización, el pago por insalubridad y una jornada laboral diferencial. Desde el CISEM indicaron a La Mecha que aún no reciben una respuesta a los reclamos, aunque el secretario de Seguridad Enrique Delgado «nos prometió conseguir una reunión con el ministro de economía hace 2 semanas y aún no tenemos novedades».

Manifestación de trabajadores del CISEM 911 el 24 de septiembre.

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En el Centro Cívico, los trabajadores autoconvocados se reúnen en asamblea casi a diario desde principios de año. Este grupo engloba a alrededor de 30 empleados del Centro Cívico y está liderado por Sonia Espejo.

Aseguran que «el 80%» de ellos no tienen un salario mayor a $600.000 pesos, por lo que demandan tanto recomposición salarial como una ayuda de emergencia. Exigen reunirse directamente con el Gobernador: el Secretario General de la Gobernación Emilio Achem y el ministro de Hacienda y Finanzas Roberto Gutiérrez ofrecieron líneas de préstamo de la Caja de Acción Social, pero los autoconvocados las rechazaron por considerarlas insuficientes.

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