¿Qué pasó con la concesión de agua de Los Azules?
El permiso de agua temporal se encuentra aún en trámite a más de un año de ser solicitado por la minera.
La empresa minera Los Azules solicitó en julio de 2025 – más de un año – a Hidráulica una concesión de agua por un caudal máximo de 244,2 l/s para su etapa productiva, un volumen equivalente al riego tradicional de una finca de unas 250 hectáreas. El monto estimado para el canon del permiso es de 5 millones de dólares.
La autorización no es un trámite menor. El permiso contempla el pago de un canon único estimado entre 3 y 5 millones de dólares. Para Calingasta, donde los sectores productivos reclaman desde hace tiempo obras y equipamiento para mejorar la red de riego, estos recursos aparecen como una posible fuente de financiamiento.
El expediente, sin embargo, permanece sin resolución. La demora enfrenta las necesidades del departamento con los tiempos de evaluación de la Dirección de Hidráulica, en un proceso que pone en tensión la urgencia de la inversión minera y las exigencias técnicas que debe cumplir el Estado antes de autorizar el uso del agua.
Desde la Dirección de Hidráulica, su titular José María Ginestar rechaza la caracterización de «lentitud administrativa» y sostiene que el expediente requiere una evaluación de «complejidad técnica». Según el funcionario, su aprobación depende de un balance hídrico que debe responder a 95 requerimientos establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Según publicó Diario Huarpe, Ginestar confirmó que el informe está actualmente en manos del Consejo de Hidráulica. Dicho organismo está conformado por tres consejeros regantes y tres consejeros del poder ejecutivo. En caso de empate define el estado.
La complejidad técnica que demanda el expediente de Los Azules coincide con un escenario de dificultades dentro de la Dirección de Hidráulica. En los últimos tres años y medio, siete directores han pasado por la repartición.
En diálogo con este medio, el Horacio Rubilar, presidente de la Junta de Riego de Calingasta sumó una causa a la complejidad administrativa: una fuga de profesionales en el organismo. Según el regante, un ingeniero estatal percibe aproximadamente $800.000, mientras las empresas mineras compiten por una oferta reducida de profesionales.
La prudencia de los regantes
Horacio, presidente de la Junta de Riego de Calingasta, representa una postura de cautela frente al expediente y sostiene que el rigor técnico debe prevalecer sobre la urgencia de la inversión. Los regantes temen que una aprobación apresurada pueda comprometer las cuencas que abastecen a buena parte de la provincia.
Asimismo, están en una situación crítica respecto a la infraestructura necesaria para llevar adelante la producción agrícola. De los 240 kilómetros de la red de riego de Calingasta, apenas el 1% se encuentra impermeabilizado. El resto de la infraestructura es, en su mayor parte, de tierra, lo que genera pérdidas por infiltración y dificulta el aprovechamiento del recurso en un contexto de sequía.
Horacio fue uno de los regantes que se sumó al pedido de informes contra el Gobierno provincial sobre la subejecución de fondos en Hidráulica. El reclamo parte de un antecedente concreto. Si el Estado no logra ejecutar los recursos disponibles para reparar máquinas que llevan siete años fuera de servicio, los regantes ponen en duda que los fondos provenientes de Los Azules puedan traducirse efectivamente en obras para los canales.
El desafío de un equilibrio posible
El expediente de Los Azules expone una tensión que excede la discusión sobre una concesión de agua. Por un lado, el proyecto minero requiere una respuesta administrativa para avanzar en su etapa productiva y, al mismo tiempo, genera expectativas sobre los recursos que el canon podría aportar a la infraestructura hídrica de Calingasta. Por otro, la Dirección de Hidráulica debe resolver una evaluación técnica que involucra aspectos ambientales, disponibilidad de agua y capacidad profesional para revisar y firmar los estudios.
En el medio aparecen los regantes, que reclaman obras pero también piden que cualquier autorización preserve las cuencas de las que depende la actividad productiva. A eso se suma una estructura estatal que enfrenta problemas de rotación en su conducción, falta de profesionales y dificultades para ejecutar recursos ya disponibles.
La discusión, entonces, no se reduce al destino de los millones que podría generar el permiso de Los Azules. También pone en evidencia una pregunta más amplia sobre la capacidad del Estado para administrar el recurso hídrico en un escenario de expansión minera. La respuesta deberá encontrar un punto de equilibrio entre la necesidad de inversión, el control técnico y la confianza de quienes dependen del agua para producir.