Políticas del olvido: el abandono de los ex centros clandestinos de detención en San Juan

En San Juan existieron 13 centros clandestinos de detención; sólo dos han sido declarados sitios de memoria: la ex Legislatura Provincial y La Marquesita. La Mecha elaboró una serie de mapas interactivos que grafican la ubicación de cada uno de estos espacios.

Hasta el 10 de diciembre de 1983, funcionaron en Argentina más de 800 centros clandestinos de detención (CCD). Estos espacios fueron utilizados por el ejército, la policía y la gendarmería para retener ilegalmente, torturar y/o asesinar a las personas. Los CCD podían ser instalaciones de las fuerzas armadas o de seguridad, pero también hospitales, domicilios particulares, fábricas; hecho que manifiesta la colaboración civil durante la última dictadura.

La Ley N° 26.691 garantiza la preservación, señalización y difusión de estos lugares por su valor testimonial y por su aporte a las investigaciones judiciales y contempla la protección probatoria y patrimonial. Además, entiende a los ex CCD como «un documento escrito en el tiempo y el espacio» y, por lo tanto, como prueba sustancial en los juicios por delitos de lesa humanidad.

La geografía del terrorismo de Estado en San Juan

Según datos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, en San Juan funcionaron 13 centros clandestinos de detención. De acuerdo a una investigación de la antropóloga Ivana Carina Jofré, los más utilizados por la dictadura fueron, en principio, la ex Legislatura Provincial y la Central de Policía. A estos lugares se trasladaba a la mayoría de los detenidos, donde se los maltrataba, torturaba y violaba para recabar información para el Servicio de Inteligencia. Posteriormente, los que no eran liberados eran trasladados al Cuartel General del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), a la Alcaldía de Mujeres o al Penal de Chimbas.*

Señala Jofré que desde la segunda mitad de 1976 las prácticas de tortura se recrudecen y se multiplica el número de CCD. Es a partir de entonces que la dictadura empieza a utilizar sitios como la Comisaría de Zonda, el Hospital Rawson o La Marquesita, entre otros. 

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La Mecha elaboró una serie de mapas interactivos que señalan la ubicación de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de San Juan hasta diciembre de 1983.

(En caso de no poder visualizar los mapas, clickear aquí).

A partir de diciembre de 1976, varios detenidos sanjuaninos fueron trasladados a otros CCD a lo largo del país en operativos que estuvieron a cargo del teniente Carlos Luis Malatto. Este oficial, que se mantuvo prófugo de la justicia durante años, era integrante de la Plana Mayor del RIM 22 y uno de los ejecutores del terrorismo de Estado en la provincia.

Jorge Olivera (izquierda) y su mano derecha Carlos Malatto, dos de los instrumentadores del terrorismo de Estado en San Juan.

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A pesar de existir trece ex centros clandestinos de detención en San Juan, sólo dos han sido declarados sitios de memoria: la ex Legislatura Provincial y la antigua finca del ejército La Marquesita. 

La memoria en los tiempos del olvido

La resolución N°3/2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos define a las políticas públicas de memoria a “las distintas intervenciones, sustentadas en evidencia documental y testimonial, y forjadas con la participación de las víctimas y sociedad civil, que se encuentran abocadas al reconocimiento estatal de los hechos y de su responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas». También contempla «la reivindicación y conservación de la memoria y dignidad de las víctimas, la difusión y preservación de la memoria histórica».

La resolución, además, subraya la necesidad de promover una cultura de derechos humanos y democracia orientada a la no repetición de los hechos.

Los recientes despidos del personal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; la desafectación de peritos y abogados que intervienen en juicios de lesa humanidad por parte del mismísimo secretario de derechos humanos, Alberto Baños; los aprietes a trabajadoras del Archivo Nacional de la Memoria que participaron de una asamblea; todos estos hechos, sucedidos a menos de un mes del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, hacen necesario pensar que existen, también, políticas del olvido. Acciones y omisiones estatales que apuntan a la desfinanciación y ulterior destrucción de los avances en materia de derechos humanos que se hicieron desde la restitución de la democracia, así como ataques dirigidos específicamente a organizaciones como HIJXS y Madres de Plaza de Mayo.

Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños. Foto: Enrique García Medina.

En un contexto como este se hace necesario reivindicar las luchas que llevan a cabo las organizaciones de derechos humanos no sólo para seguir averiguando el paradero de los más de 30 mil desaparecidos de Argentina, sino también para preservar los espacios en los que se materializó el horror del terrorismo de Estado.

Referencias

  1. Jofré, Ivana Carina (2019). De los centros clandestinos de detención a los territorios represivos en San Juan: caminando entre las ruinas de la violencia. Revista de Estudios sobre Genocidio.
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