Pistolas taser en San Juan: las polémicas y los debates de ayer y hoy
La Policía de San Juan presentó su nuevo armamento no letal. La política seguridad responde a una tendencia que se ha dado en todo el país: hoy por hoy, son 10 las provincias que incorporaron armamento eléctrico a sus fuerzas de seguridad. Desde el principio, las taser han sido objeto de debate por parte de organismos de derechos humanos como CORREPI y Amnistía Internacional.
El 12 de mayo, la Policía de San Juan presentó sus pistolas taser: dispositivos no letales que efectúan una descarga eléctrica contra una persona para facilitar su detención. En total son 40 unidades a repartirse entre las divisiones GAM, GERAS e Infantería. El uso del arma estaría autorizado en casos donde se busque preservar la vida o integridad física del sospechoso, del agente o de terceros.
La utilización de tasers se aprobó en 2019 durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. El año siguiente, la medida fue derogada. Después, en 2022, el entonces ministro de Seguridad Aníbal Fernández revivió la resolución.
El taser es objeto de debate desde el principio. Organismos de derechos humanos, como el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), considera que la denominación «arma no letal» puede dar lugar a usos indiscriminados. Cuando se aprobó el uso de tasers en 2019, no se tipificaban los criterios de utilización del arma, lo que llevaba implícito que cada agente la usaría a su discreción. Era, además, el apogeo de la «doctrina Chocobar«, una política que, según el ILSED, generó «un marco propicio para el aumento de la violencia institucional y favoreciendo la impunidad para los que la ejercen».
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La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), sostiene: «Toda arma es letal, porque toda arma sirve para herir o matar» y cita el ejemplo de Carlos Fuentealba, muerto tras el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno. Lo mismo que le sucedió a Pablo Grillo, quien sobrevivió después de una compleja cirugía. Amnistía Internacional, por su parte, advierte que el mal uso de las taser «puede llevar a casos de trato cruel, inhumano o degradante o incluso tortura».
Enrique Delgado, secretario de Seguridad de San Juan, explicó a Tiempo de San Juan que se elaboraron «protocolos instructivos» y que, al estar los agentes equipados con una bodycam, «todo el procedimiento va a quedar registrado ante la cámara». Además, Delgado señaló que la misma taser «tiene un dispositivo de registro de todo el procedimiento que se lleva cabo».
Contextualizando
La medida en San Juan responde a una tendencia que se ha ido dando a lo largo de todo el país. Hoy por hoy, son diez las provincias argentinas que han implementado el uso de pistolas taser. Por otra parte, el anuncio del lunes se da en el marco de una inversión considerable en materia de seguridad: el 25 de marzo, el gobernador Marcelo Orrego anunció la compra de 60 motocicletas, 25 camionetas, nuevos patrulleros y cámaras de seguridad, además de las taser.
Un poco más de contexto: en febrero, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través del Sistema Nacional de Información Criminal, dio a conocer que San Juan es la cuarta provincia más peligrosa del país con 1545 robos cada 100 mil habitantes.
La medida además coincide con lo planteado en el Presupuesto 2025, donde se estipula que se destinarían $199.889.725.000 (ciento noventa y nueve mil ochocientos ochenta y nueve millones setecientos veinticinco mil pesos) al área de Seguridad. El 4.52% de ese total sería para la tecnificación de las fuerzas.
