LIBRAGATE: Milei dio de baja la comisión investigadora a través de un DNU
Este martes 20 de mayo el Gobierno nacional publicó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en el que promulga el cierre de la comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda $LIBRA. La causa de esta medida, según el texto del DNU, es que la unidad de tareas ha «dado cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada por el Decreto N° 114/25». Sin embargo, al momento no se han publicado las conclusiones de la investigación.
La Unidad de Tareas de Investigación (UTI) fue creada por el mismo Poder Ejecutivo en febrero, en medio del escándalo generado tras la promoción de una criptomoneda en la cuenta oficial de Javier Milei en X. La unidad se creó a través del Decreto N°114/2025 y no se trata de la misma comisión investigadora que se creó en la Cámara de Diputados en abril. Esta última se encuentra congelada, ya que, en su momento, no hubo acuerdo en cuanto a quién debería presidirla. Mañana, la oposición intentará reactivar esta comisión en el marco de una nueva sesión en el Congreso.
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La decisión de cerrar la UTI se da en el marco de la orden de la jueza María Servini de Cubría de congelar los bienes y activos financieros de los principales implicados en el escándalo. Además, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, fue denunciada por empresarios del ámbito de las criptomonedas por recibir coimas para gestionar entrevistas o reuniones privadas con el Presidente. Por otro lado, una investigación del New York Times acusa también a Mariano Novelli, consultor de Javier Milei, por exigir cobros de entre 50 mil y 500 mil dólares para reunirse con el jefe de Estado.
La UTI fue creada el 19 de febrero de 2025 —cinco días después del tweet de Milei— y se cerró apenas tres meses después, hoy. La unidad funcionaba bajo la órbita de Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación.
Según el texto del DNU que dicta el fin de la investigación, en el transcurso de esos tres meses se solicitó información a la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y otros organismos. Además, se señala que los datos obtenidos fueron remitidos al Ministerio Público Fiscal.
