Ley de Tierras: qué cambiaría la reforma del Gobierno en San Juan, una de las provincias con mayor territorio en manos extranjeras

La Libertad Avanza buscará este jueves aprobar en el Senado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Incluye modificaciones a la Ley de Extranjerización de Tierras y a la Ley de Manejo del Fuego.

La sesión fue convocada para las 12 horas y se desarrollará al mismo tiempo que los bloques resuelven otras reformas electorales, como la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la incorporación de colectoras en el esquema de la Boleta Única de Papel.

Bajo el discurso de la defensa de la propiedad privada, el Gobierno pretende vulnerar aún más la soberanía nacional, habilitando por ley lo que ya era un hecho: la compra irrestricta de tierras argentinas por capitales extranjeros. Los territorios en venta concentran recursos estratégicos como reservas de agua dulce, minerales y rutas de transporte.

La ley vigente no prohibe la adquisición de tierras por parte de extranjeros, sino que establece un límite del 15% sobre el total de la superficie rural del país. Según un relevamiento del CONICET, actualmente unas 13 millones de hectáreas son propiedad foránea, el equivalente a la provincia de Santa Fe.

San Juan es una de las provincias con mayor porcentaje de tierras en manos extranjeras. Destacan los departamentos de Iglesia y San Martín, que están entre los 36 municipios con más propiedad extranjera del país. La lista de la provincia incluye:

• Iglesia, 25% de su superficie, unas 450 mil hectáreas.
• San Martín, un 20% del territorio son propiedad extranjera.
• Calingasta, el 12% de su extensión, 259 mil hectáreas.
• Jáchal, 9% de su suelo, un equivalente a 125 mil hectáreas.
• Pocito, 13% del departamento, unas 7 mil hectáreas.

No es la primera vez que el Gobierno avanza en este tema. En 2023, Javier Milei intentó derogar la Ley de Tierras mediante un decreto presidencial. Pero el DNU fue frenado por la Justicia y el Congreso intercedió para frenar su aplicación.

Esta vez, la iniciativa presenta un cambio que puede cosechar votos positivos en el Senado. La compra de inmuebles en zonas de frontera por parte de extranjeros debe obtener autorización previa del Poder Ejecutivo nacional y provincial. Si bien el mecanismo otorga un mínimo de autonomía a las provincias, en la práctica promete resultar obsoleto. Ante la retención discrecional de fondos por parte de la Casa Rosada y la urgencia de los años electorales, los gobiernos provinciales tienden a negociar directamente con las multinacionales, concediendo cualquier demanda a cambio de divisas rápidas e inversiones de corto plazo.

El proyecto incorpora la derogación de un artículo de la Ley de Manejo del Fuego que impide modificar durante 30 años el uso de superficies rurales incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. La eliminación de esta regla dejaría desamparados los bosques nativos de zonas como Córdoba y la Patagonia frente a incendios intencionales motivados por la especulación inmobiliaria.

Además, la iniciativa incluye modificaciones en el régimen de expropiaciones y permite desalojos exprés para inmuebles ocupados. La propuesta establece que un juez podrá ordenar la restitución inmediata del inmueble cuando considere verosímil el derecho invocado por el propietario. Además, el procedimiento se incorporaría al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.