Las contradicciones oficiales en el caso de las 150 pistolas desaparecidas de la Policía de San Juan

El escándalo no nació en un despacho oficial, sino en una ruta del norte argentino. El 18 de abril de 2026, personal de Gendarmería Nacional interceptó un vehículo en la Ruta Nacional 34, en Salvador Mazza, Salta, un tramo conocido por el narcotráfico fronterizo. En el procedimiento hallaron ocho pistolas Bersa TPR9 nuevas, con la numeración limada pero todavía en sus estuches originales. En ese momento nadie identificó el origen de esas armas. El hallazgo, sin embargo, activó en Salta un pedido de informes judicial que meses después llegaría a la Jefatura de San Juan.

El 13 de julio el jefe de Policía, Néstor Marcelo Álvarez, ordenó una auditoría urgente y el desplazamiento inmediato de siete efectivos de la División Armamento, según publicó Tiempo de San Juan. Dos días después, el 15 de julio, la noticia se conoció públicamente: una investigación interna buscaba determinar el paradero de 150 pistolas 9 mm que no figuraban en los inventarios.

A partir de ahí, la respuesta oficial entró en contradicciones. El 17 de julio, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, negó el faltante masivo. Calificó la cifra de 150 armas como un «rumor» y aseguró que la revisión se limitaba a una sola pistola identificada por el  Registro Nacional de Armas (RENAR) en el norte. Sin embargo, el 23 de julio, el subsecretario de Control de Gestión, Damián Villavicencio, matizó esa versión: admitió que «no podían descartar» el número de 150, porque el relevamiento —que abarca a 6.500 efectivos— seguía en curso y dependía de un sistema de fichas de papel que definió como «rudimentario».

El sistema de fichas y actas manuales que menciona Villavicencio no es un detalle menor. Ha permitido, según los propios funcionarios, que un subcomisario portara un arma asignada legalmente a un cabo, o que pistolas figuraran «en depósito» sin estar físicamente allí.

Además el secretario de Seguridad Delgado buscó desvincular el caso de las armas con compras recientes. Villavicencio,  subsecretario de Control de Gestión, en cambio, confirmó que la pistola secuestrada en el norte del país pertenece a un lote de 500 unidades adquiridas por la provincia en 2022 a la firma Punto de Impacto, tal como había trascendido en los medios previamente.

Mientras el Ministerio de Seguridad solo reconoce formalmente el oficio judicial por una pistola, circula entre periodistas y dentro de la propia fuerza una versión no confirmada oficialmente: que las ocho pistolas Bersa TPR9 secuestradas en Salvador Mazza pertenecen al mismo lote de 500 unidades adquiridas en 2022. La coincidencia del modelo con el equipo reglamentario entregado recientemente a los efectivos sanjuaninos alimentó esa versión, que ganó fuerza entre los propios uniformados como el verdadero detonante de la auditoría.

Siete efectivos removidos

Los siete efectivos desplazados fueron identificados como el suboficial principal Mauricio Javier Ríos, la cabo primero Laura Verónica Aballay, los cabos primeros Javier Darío Lucero y Martín Hernán Villalobos, y los cabos Carlos Andrés Chaves, Franco Miguel Troncoso y Franco Gabriel Tejada. Según fuentes periodísticas, los siete fueron trasladados tras un sumario administrativo.

Delgado y Villavicencio sostienen que, pese a los traslados, ningún efectivo está «formalmente investigado» y atribuyen los movimientos a la «dinámica propia de la fuerza». Sin embargo, esos traslados se concretaron inmediatamente después de que la auditoría detectara inconsistencias en los registros a cargo de esos mismos agentes.

Al frente de la división quedó el subcomisario Mauricio Osvaldo Montaña, que intenta normalizar un área donde los registros manuales impiden una trazabilidad rápida. Su llegada desde afuera de la estructura previa refuerza la lectura de una intervención de emergencia.