Policías detenidos por la muerte de Franco Jara: la Fiscalía reveló que entraron sin orden, lo golpearon y falsificaron un acta
Entraron sin orden, lo golpearon dentro y fuera de su casa, y le apretaron la cabeza contra el piso con una rodilla mientras decía que no podía respirar. Después, armaron un expediente falso. Franco Jara murió en un calabozo de Albardón a las 4:59 de la madrugada. La Fiscalía pidió prisión perpetua.

El Ministerio Público Fiscal detalló minuto a minuto la noche del sábado 14 de noviembre, que terminó con la detención y la posterior muerte de Franco Jara en la Comisaría 18ª de Albardón. Los fiscales buscan reconstruir el rol de cada efectivo en lo que describen como un ingreso sin orden judicial a la vivienda de la víctima y una golpiza que le costó la vida.
El fiscal describió un accionar coordinado e irregular por parte de los acusados, a quienes señaló como responsables de lo que la autopsia definió como una muerte violenta. Según la acusación, los uniformados entraron sin orden judicial a la vivienda de Jara en el barrio Lozano, en Albardón, a partir del dato informal de un contraventor demorado minutos antes con un cigarrillo de marihuana. Una vez adentro, le propinaron una golpiza que continuó fuera del inmueble y, después, falsificaron un expediente contravencional para intentar darle legalidad al operativo.
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Horas más tarde, a las 4:59 de la madrugada del domingo, Jara falleció en un calabozo de la Comisaría 18ª de Albardón. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un politraumatismo y un traumatismo craneoencefálico con hemorragia subdural.
La imputación señaló que la agresión física estuvo a cargo de cuatro efectivos que bajaron de sus motos e ingresaron por la fuerza al domicilio, donde Jara estaba junto a su pareja, Bárbara Páez, y dos hijos menores. Se trata del cabo Arnaldo Salazar (moto C2), el cabo Juan Recio (moto C3), el cabo Nicolás Godoy (moto C6) y el sargento Juan Eduardo Zamora (moto C4). Para la Fiscalía, los cuatro irrumpieron sin flagrancia ni aval judicial y atacaron a Jara en la cocina —donde todo comenzó con una patada en el pecho— para después golpearlo a puñetazos y patadas en el suelo mientras le exigían que entregara droga.

«Zalazar, Godoy, Recio y Zamora ingresaron violentamente a la vivienda. Sin motivo alguno comenzaron a reclamar dónde estaba la droga», dijo el ayudante fiscal ante la jueza.
Mientras en Tribunales la Fiscalía reconstruía los hechos de aquella noche, sobre la calle Rivadavia familiares, amigos y vecinos de Franco se manifestaron para exigir justicia. Los carteles y las banderas decían: “La yuta nos mató un hermano, el barrio no olvida” y “Queremos verdad y justicia. Que no haya impunidad”.
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La violencia continuó cuando sacaron a Franco de su casa. En la puerta, los golpes siguieron delante de su pareja y de vecinos que presenciaban la escena. Según la acusación, Salazar mantuvo a Jara contra el piso y le apretó la cabeza con la rodilla, pese a que el joven decía que no podía respirar. En ese momento intervino Emiliano Cabrá, el efectivo de mayor jerarquía del grupo motorizado. La Fiscalía lo acusa de haber sostenido las piernas de Jara mientras agonizaba en el suelo, y de haber convalidado con su presencia todo el procedimiento ilegal.

«Lo tenían contra el piso. Salazar lo sujetaba de una rodilla, le presionaba la cabeza y le seguía reclamando por la droga. Jara les decía que se sentía mal, que no podía respirar. Cabrá se incorporó para sostenerle las piernas, colaborando con una reducción que, según nuestra investigación, no tenía ningún sustento legal. Hay que recordar que Cabrá era el funcionario de mayor jerarquía del grupo motorizado», afirmó Emiliano Pugliese, ayudante de fiscal.
Instantes después, ya visiblemente descompensado, Jara le pidió a su pareja que entregara el bolso. Fue entonces cuando Salazar volvió a entrar a la vivienda y retiró un morral rojo que contenía 28 porros de marihuana, una balanza de precisión y 276.000 pesos.
La acusación fiscal también apunta al encubrimiento documental. Tras el traslado de Jara —junto a dos amigos aprehendidos en la puerta y otros demorados— en una camioneta Iveco policial hacia la Comisaría 18ª, el acta de ingreso ya dejaba constancia de los múltiples golpes en el cuerpo del detenido. Incluso debió ser llevado de urgencia al Hospital Giordano a las 2:45, antes de regresar al calabozo donde moriría horas después.

Pese a todo eso, el oficial Cabral y el cabo Recio labraron y firmaron un acta contravencional falsa por presuntas infracciones a la Ley 941-R. En ese documento inventaron que Jara había hecho señas obscenas al paso de los motorizados, que se había resistido al arresto en la vereda y que había sacado un cuchillo de entre sus ropas para intentar apuñalar a los uniformados.
Hay un sexto acusado: Matías Lucero, que circulaba como acompañante de Godoy en una de las motos. Según la Fiscalía, hasta el momento no surgieron elementos que lo ubiquen como partícipe directo de la golpiza. Aun así, el organismo pidió prisión preventiva para todos los imputados y adelantó que solicitará la pena de prisión perpetua.
Los cargos contra cada acusado
A Arnaldo Salazar, Juan Zamora y Félix Godoy
Allanamiento ilegal de domicilio; privación ilegítima de la libertad, en perjuicio de Franco Nahuel Jara. Incumplimiento de los deberes de funcionario público, en perjuicio de la administración pública todo en calidad de coautores, en concurso real con homicidio agravado por la calidad funcional del autor, en perjuicio de Franco Nahuel Jara.
A Juan Ignacio Recio
Allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, en perjuicio de Franco Nahuel Jara, Incumplimiento de los deberes de funcionario público, en perjuicio de la administración pública. Todo en concurso ideal en calidad de coautores y en concurso real con homicidio agravado por la calidad funcional del autor, en perjuicio de Franco Nahuel Jara; y falsedad ideológica, en perjuicio de la fe pública.
A Emiliano Cabra
Allanamiento ilegal de domicilio y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Franco Nahuel Jara. Incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP), en perjuicio de la administración pública. En concurso real con Falsedad ideológica, en perjuicio de la fe pública (es el único imputado al que no se le atribuye el homicidio agravado.
