La CGT lanza un paro nacional contra la reforma laboral y presiona antes del debate en Diputados

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció el cuarto paro general al gobierno de Javier Milei el día en que Diputados trate la reforma laboral. El tratamiento de la normativa está previsto para el jueves 19 de febrero, según el cronograma parlamentario. La decisión de la central sindical fue tomada en una reunión virtual del consejo directivo y no incluirá una movilización centralizada, aunque cada sindicato tendrá libertad de acción para definir su modalidad de protesta.

La reforma laboral que el oficialismo presentó como una pieza clave de su programa económico obtuvo media sanción en el Senado luego de trece horas de debate. El proyecto, promovido por el presidente Javier Milei y defendido en el recinto por legisladores aliados, modifica aspectos centrales del régimen laboral vigente desde hace décadas.

En el Congreso, mientras tanto, los bloques opositores reconocen que no reúnen los votos necesarios para frenar la iniciativa en la Cámara Baja.

La sesión se desarrolló en un clima de alta tensión política y social, con movilizaciones en las inmediaciones del Congreso convocadas por la CGT y otras centrales sindicales. Hubo operativos de seguridad reforzados y cruces discursivos que expusieron la grieta en torno a uno de los temas más sensibles del año.

La iniciativa ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará blindar los artículos centrales y evitar cambios que obliguen a un nuevo paso por el Senado.

En ese sentido la CGT anunció un paro nacional para el día que Diputados trate el proyecto, algo previsto para el jueves 19 de febrero. Cabe destacar que de no entrar en la agenda legislativa el tratamiento pasaría al miércoles 25 de febrero. El dato más relevante es la paralización total del transporte público durante 24 horas, con adhesión de la Unión Tranviaria Automotor (UTA). Esa definición garantiza un impacto nacional y coloca presión directa sobre el oficialismo en la antesala del debate.

“Por un problema de imagen política, quiere sacar la ley cuanto antes, una ley muy importante que requiere mucho debate y participación de los sectores involucrados para que pueda tener consenso”, expresó Andrés Rodríguez, titular de UPCN y secretario adjunto de la CGT.

Particularmente, la CGT rechaza los cambios en el cálculo de indemnizaciones y vacaciones, las limitaciones al derecho a huelga que -según los gremios- atenta contra la libertad sindical y las modificaciones del esquema de licencias por enfermedad.

Los cambios que propone la normativa

El texto aprobado redefine el esquema de indemnizaciones por despido, habilitando la creación de fondos de cese laboral alternativos que podrían reemplazar el sistema tradicional según lo acuerden los convenios colectivos.

También amplía el período de prueba, reduciendo el costo de desvinculación en los primeros meses de contratación, por otro lado disminuye multas vinculadas a registración laboral deficiente. Privilegia la negociación entre el trabajador y la empresa por sobre los convenios sectoriales y amplía la definición de servicios esenciales, estableciendo mayores obligaciones de prestación mínima durante huelgas.

Para el oficialismo, el paquete apunta a bajar la litigiosidad y fomentar la contratación formal. Para la oposición y el sindicalismo, implica una transferencia de riesgo hacia el trabajador y un debilitamiento del poder colectivo.

Otro punto controvertido fue la propuesta de reducción salarial en licencias prolongadas. El proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado de la Nación Argentina y debe tratarse en Diputados, establece actualmente que, cuando la ausencia por enfermedad supere los tres meses y no tenga origen laboral, el trabajador podría percibir el 50% del sueldo, o el 75% en situaciones consideradas involuntarias, a diferencia del régimen vigente en la Ley de Contrato de Trabajo que no distingue porcentajes según el origen de la dolencia.

Luego de las críticas, la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, anticipó que el Gobierno trabaja en una modificación del artículo 44 para que quienes padezcan enfermedades “severas, degenerativas o irrecuperables” puedan seguir cobrando el 100% de su salario durante la licencia, siempre que se trate de casos fehacientemente comprobables.

Bullrich justificó el esquema al señalar que existe una “mafia de certificados truchos” que, según afirmó, genera altos niveles de ausentismo laboral. “Antes de que llegue la policía, llegan los abogados a ofrecer certificados”, sostuvo, y defendió mantener el 50% en los casos no graves para desalentar abusos: “Si te querés hacer el vivo, cobrás menos”, dijo la exministra de Seguridad.

El voto de los senadores sanjuaninos

El senador de Unión por la Patria y ex gobernador, Sergio Uñac, votó en contra. Durante su intervención sostuvo que la reforma “parte de un diagnóstico equivocado” y advirtió que la reducción de multas y cambios en el esquema indemnizatorio pueden debilitar la protección del trabajador.

“No se puede hablar de modernización si lo que se hace es retroceder en derechos conquistados. Las economías regionales necesitan incentivos productivos, no menos garantías laborales”, expresó en el recinto. También planteó que provincias con empleo estacional, como San Juan, podrían ver agravada la precarización.

La senadora Celeste Giménez Navarro también rechazó el proyecto. En su discurso sostuvo que “no hay evidencia de que bajar indemnizaciones genere más trabajo” y cuestionó la ampliación del período de prueba.

“Lo que se presenta como incentivo puede transformarse en mayor rotación y mayor inestabilidad, especialmente para jóvenes y mujeres”, afirmó. Además, advirtió que la reforma no aborda de manera integral el problema de la informalidad en las provincias.

En la vereda opuesta, el senador libertario Bruno Olivera Lucero acompañó la iniciativa y defendió el proyecto como una herramienta necesaria para atraer inversiones.

“Argentina necesita reglas claras y previsibles. Este esquema termina con la industria del juicio y facilita que las pymes se animen a contratar”, señaló. Según Olivera, el marco actual desalienta la generación de empleo privado y limita el crecimiento en distritos con potencial productivo como San Juan.

El impacto fiscal de la normativa

Uno de los cambios más relevantes que introdujo el Senado fue la reducción del costo fiscal estimado de la reforma laboral. Según cálculos oficiales difundidos tras la votación, el impacto sobre las cuentas públicas bajó aproximadamente un 50% respecto del texto original.

La modificación se dio principalmente en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para empresas y la eliminación de impuestos internos. Desde el Ministerio de Economía señalaron que el nuevo esquema es “más compatible” con la meta de equilibrio fiscal que sostiene el Gobierno, aunque según el análisis técnico, el proyecto original contemplaba un costo fiscal directo inicial anual de 0,89 puntos del PBI.

Con los cambios aprobados por el Senado, el impacto estimado baja a 0,47 puntos del PBI. En este nuevo escenario, 0,41 puntos serán absorbidos por el Estado nacional y apenas 0,06 puntos recaerán sobre provincias y CABA.

En las primeras versiones del texto se analizaba incluir modificaciones vinculadas al Impuesto a las Ganancias, particularmente para aliviar la carga sobre sociedades y generar incentivos fiscales asociados al empleo formal. Gobernadores advirtieron que esto impactaría de lleno en las recaudaciones provinciales, ya que Ganancias -junto con el IVA– forma parte de los impuestos coparticipables más importantes.

Sin embargo, durante la negociación previa a la votación en el Senado de la Nación Argentina, el oficialismo decidió retirar ese capítulo fiscal. La razón fue estrictamente política: varios bloques dialoguistas condicionaron su apoyo a que la reforma se circunscribiera al plano laboral y no incorporara cambios tributarios de impacto presupuestario. El Impuesto a las Ganancias quedó fuera de la media sanción para evitar que el proyecto perdiera votos clave.

Caputo defendió la ley y apuntó a los empresarios

Tras la aprobación, el ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó públicamente la reforma y sostuvo que ahora es el turno del sector privado.

“Les bajamos las cargas patronales un 85% para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!”, dijo con ironía el ministro vía X.

Caputo hace referencia a un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que detalla la reducción del costo laboral en caso de aprobarse el proyecto que ya tuvo media sanción en el Senado. El mensaje fue retuiteado por el Presidente Javier Milei.

Ese informe señala que, a partir del Régimen de incentivo a la formalización laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) incluidos en la reforma, las contribuciones del empleador por un nuevo empleado bajarían desde el 27% actual al 15%, por un periodo de 48 meses.

¿Posible judicialización?

Sectores sindicales anticiparon que analizarán la constitucionalidad de algunos artículos, especialmente los vinculados a indemnizaciones y modalidades de contratación. Si se presentan amparos o demandas, parte de la discusión podría trasladarse a la Justicia. En paralelo, las centrales obreras mantienen una postura crítica y no descartan medidas si consideran que la aplicación afecta derechos adquiridos.

Especialistas advierten que la creación de empleo dependerá en mayor medida del nivel de actividad económica que de la flexibilización normativa. En un escenario de ajuste fiscal y caída del consumo, el efecto inmediato podría ser limitado.