El IPEEM confirmó que Hacienda usó fondos del instituto para pagar aguinaldos en julio, pero negó que haya ocurrido en diciembre
Natalia Marchese afirmó que la transferencia de casi $10 mil millones al Tesoro Provincial se ajustó a la ley. El uso de esos recursos abrió cuestionamientos en el sector minero y expuso zonas grises del marco normativo.
En los últimos días comenzó a circular dentro del sector minero de San Juan la versión de que se habrían utilizado remanentes de ejercicios anteriores del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) para que el Estado provincial afrontara el pago de aguinaldos. El expediente que comenzó a circular corresponde al mes de junio y fue la propia directora del instituto, Natalia Marchese, quien confirmó a La Mecha que “con los remanentes se pagaron aguinaldos en julio”.
La Resolución N° 116-IPEEM-2025, a la que accedió este medio, está fechada el 12 de junio de 2025 y confirma que el Poder Ejecutivo hizo uso de la facultad de ingresar remanentes del IPEEM al Tesoro Provincial.
Ese expediente autorizó la transferencia de $9.936.758.823,22 (nueve mil novecientos treinta y seis millones setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos veintitrés con 22/100 pesos). Cabe señalar que el documento de junio no especifica que el destino de esos fondos sea el pago de aguinaldos, sino el “financiamiento de erogaciones a cargo del Estado”.
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Sin embargo, la propia presidenta del IPEEM confirmó a La Mecha el uso de esos fondos. Marchese descartó que la situación se haya repetido en diciembre, pese a los rumores que circularon en los últimos días. “En diciembre no tengo ningún expediente ni ningún pedido”, respondió ante la consulta de este medio.
En esa línea, la funcionaria argumentó que “por ley, si existen remanentes de un ejercicio, está contemplado que el Estado pueda tomarlos y, si es para el pago de sueldos o aguinaldos, no habría ningún inconveniente. Esos son manejos de Hacienda”.
Sin embargo, la discusión sobre la legalidad del procedimiento resulta vidriosa. Existe una tensión normativa entre la ley de creación del IPEEM y la Ley de Presupuesto provincial, que el Poder Ejecutivo utiliza como sustento para justificar este tipo de transferencias.
El pago de aguinaldos con recursos provenientes del instituto no sería considerado ilegal bajo el amparo de la Ley de Presupuesto N° 2729-I, aunque sí entraría en contradicción con el objetivo específico de la Ley N° 387-A, que regula el funcionamiento del organismo minero.
La Ley de Presupuesto es la base legal que el Ejecutivo invoca de manera explícita para disponer de esos fondos. En particular, el artículo 8° de la Ley N° 2729-I autoriza al Poder Ejecutivo a ingresar al Tesoro Provincial los remanentes de ejercicios anteriores del Sector Público Provincial.
Según ese artículo, el destino de esos montos puede ser el financiamiento de erogaciones a cargo del Estado, siempre que así lo determine el Ejecutivo. La norma no excluye de manera específica los excedentes del IPEEM de esa facultad.
Dado que el pago de aguinaldos constituye una erogación salarial general a cargo del Estado, el uso de fondos transferidos bajo ese marco resultaría legalmente procedente dentro de la Ley de Presupuesto. La resolución de junio confirmó una transferencia cercana a los diez mil millones de pesos con ese destino genérico.
Por otro lado, la ley que creó el IPEEM establece un destino mucho más acotado para los recursos que se originan en la actividad específica del instituto, incluidos los resultados de ejercicios anteriores. Esa norma indica que los fondos que no provienen del presupuesto provincial deben utilizarse exclusivamente para gastos propios del organismo, el desarrollo de huellas mineras, obras de infraestructura vinculadas a la actividad productiva y la promoción de la pequeña minería.
El pago de aguinaldos no encuadra en ninguna de esas categorías.
En este contexto, la Ley de Presupuesto opera como una norma posterior y habilitante que le permite al Poder Ejecutivo disponer de esos remanentes —clasificados como parte del Sector Público Provincial—, aun cuando esa decisión contradiga el destino especializado que fija la ley fundacional del IPEEM.
La legalidad del procedimiento, entonces, residiría en el uso de la potestad otorgada por la Ley de Presupuesto para incorporar esos recursos a la caja general del Estado, donde el pago de aguinaldos es considerado una erogación válida.
La Mecha consultó a Mario Capello, secretario del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas (CADIM), ex vocal del IPEEM entre 1989 y 1991 y también ex diputado provincial y nacional. El especialista señaló que “el IPEEM es un organismo autárquico que debió manejar sus recursos propios, entre los que se encuentran los saldos de los ejercicios anteriores”, y consideró que el procedimiento sería ilegal.
Según explicó, “se trata de fondos de un organismo autárquico que deben destinarse a lo que la ley manda, y se los malversa al asignarlos al pago de salarios”. En ese sentido, agregó que, aunque la transferencia se justifique en la Ley de Presupuesto, “no sería aplicable a un organismo que tiene una cuenta especial y maneja recursos propios, y cuya ley establece que dentro de esos recursos se incluyen los saldos de ejercicios anteriores”.
“Está muy claro: para el resto de los organismos puede ser válido, pero para un ente autárquico no. Es una violación de las disposiciones de la ley”, sostuvo.
El expediente al que accedió La Mecha señala, antes de detallar la parte resolutiva, que la Asesoría Letrada del IPEEM intervino en el trámite. Este medio también consultó al vocal del instituto, Andrés Chanampa, quien aseguró desconocer completamente el tema.
Por último, más allá de las explicaciones legales, persiste una pregunta de fondo que tiene que ver con qué tan necesario era apelar a fondos del IPEEM para cubrir gastos corrientes como el pago de aguinaldos, si desde Hacienda sostienen que las cuentas de la provincia están en orden.