Histórico fallo judicial a favor de una comunidad huarpe que enfrentaba el desalojo
La Justicia revocó la posesión de 7000 hectáreas adquiridas mediante una subasta y habitadas por familias originarias. La derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena fue uno de los gatillantes del conflicto legal.
Un fallo sin precedentes en San Juan. La Justicia sentenció a favor de la diez familias huarpes que enfrentaban un desalojo por presunta usurpación. En mayo de 2025, La Mecha viajó hasta El Encón para conocer la realidad de la comunidad ancestral que habita esas tierras desde tiempos inmemoriales. «No pueden vender las tierras como si acá no viviera nadie», señalaron los habitantes en aquel entonces.
Esas familias son parte de las 60 que componen la Comunidad Huarpe Salvador Talquenca, emplazada a 35 kilómetros de El Encón, en 25 de Mayo. Su cosmovisión es distinta a la citadina: «Está en nuestra cultura. Mi abuelo me enseñó que la tierra no tiene dueño, es de quien la vive», dijo a La Mecha Claudia Reta, integrante de la comunidad.
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El origen del conflicto legal sobre las tierras se remonta a 2012, cuando Sergio Gustavo Savall y Leonardo Daniel Quiroga Conte Grand adquirieron, en una subasta, 7000 hectáreas que están habitadas por la comunidad huarpe desde hace generaciones.
Tras enterarse de la subasta, los habitantes de aquellas tierras presentaron un pedido ante la Justicia para frenar la entrega de los terrenos, amparándose en la Ley de Emergencia Territorial Indígena. Esta normativa suspendía la ejecución de desalojo para comunidades originarias. Sin embargo, tras ser derogada por DNU en diciembre de 2024, el embate judicial se agudizó. En marzo de 2025, Savall y Quiroga Conte Grand, al considerar que la protección legal ya no está vigente, iniciaron un litigio para reclamar la posesión efectiva de estas tierras.
En ese entonces, el juez Luis Arancibia del Tercer Juzgado Civil de San Juan resolvió otorgarle la posesión efectiva a Savall y Quiroga Conte Grand. La defensa de las 10 familias, encabezada por Ariel López y Javier Alamino, presentó un recurso de reposición para que el juez revierta su decisión, una apelación ante la Cámara Civil y un pedido de nulidad de lo actuado.
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El tribunal integrado por Roberto Pagés Lloveras, Elena Beatriz de la Torre y Agustín Rugna falló a favor de las familias huarpes. Si bien rechazó el pedido de nulidad, por considerarlo improcedente en esta instancia, admitió la apelación y la revocación de la posesión. De esta manera, los adquirientes de las tierras (Savall y Quiroga Conte Grand) no podrán tomar posesión efectiva sobre los terrenos.
Uno de los puntos más importantes del fallo es que obliga a los adquirientes a iniciar un proceso judicial independiente para litigar la posesión de las tierras. Es que uno de los argumentos de los abogados de la comunidad —que fue convalidado por el último fallo judicial— consiste en que el conflicto de derechos sobre la propiedad no puede resolverse según el expediente de subasta. Entonces, la carga de la prueba y la iniciativa procesal se trasladan a los adquirientes.
«No ganamos la guerra, pero ganamos esta batalla. La comunidad sigue con su posesión ancestral y, por ahora, está tranquila», declaró a La Mecha el abogado Javier Alamino.
