El desierto, la tierra y el desalojo: la lucha de diez familias huarpes contra un fallo judicial
La Comunidad Huarpe Salvador Talquenca atraviesa momentos de incertidumbre por una orden judicial que podría desalojarlos de sus tierras ancestrales.
En medio del desierto sanjuanino, a 30 kilómetros de El Encón, en 25 de Mayo, la Comunidad Huarpe Salvador Talquenca resiste. Diez familias se enfrentan a un embate judicial que pretende desalojarlos. Los habitantes pueden perder sus territorios por un fallo judicial que revivió un conflicto histórico por las tierras. La Mecha viajó 140 kilómetros desde la capital sanjuanina para conocer de primera mano el conflicto.
En total, son 7.000 hectáreas que se encuentran en litigio desde 2012. En marzo de 2025, Sergio Gustavo Savall y Leonardo Daniel Quiroga Conte Grand reclamaron la posesión efectiva de los terrenos. Estos dos hombres habrían comprado los terrenos a Elsa Cantoni, hija del exgobernador de San Juan Federico Cantoni.
Sin embargo, la comunidad señaló a La Mecha que “no pueden vender las tierras como si acá no existiera nadie“.
Matilde Reta, nacida y criada en la comunidad, recuerda que su tatarabuelo ya vivía allí. Si bien es imposible rastrear el año en que se instalaron, reconoce que al menos seis generaciones de su familia han habitado estas tierras. “Duele que no nos vean”, se lamentó, agregando que “cuando algún turista o alguien que no conoce la zona pregunta por este lugar, le dicen que acá no vive nadie”. Por la Ruta 20 pasan entre 500 y 1000 autos por día.
Claudia Reta, una de las integrantes, relató que se ha preguntado en más de una ocasión por qué sus antepasados no compraron la tierra o hicieron los papeles, pero que entendió que “está en nuestra cultura. Mi abuelo me enseñó que la tierra no tiene dueño, es de quien la vive”. Si bien son diez las familias que están amenazadas por el fallo de la Justicia, en total son 60 las familias de la Comunidad Huarpe Salvador Talquenca que habitan la zona.
Hostigamiento y amenazas oficiales
La lucha de la comunidad lleva décadas. Relataron que hace más de diez años la Policía de San Juan acudió a la zona junto a los presuntos propietarios para amenazarlos.
“Vinieron con escopetas y carabinas, montados en camionetas para espantar a la gente, incluso se llevaron a dos chicos de la comunidad por el supuesto delito de usurpación“, expresaron.
Además, en reiteradas ocasiones se presentaron dos hombres a exigirles una especie de alquiler. “Vinieron y nos pidieron firmar papeles para que les cedamos nuestros animales, nuestro abono, y nuestras casas. Pero ninguno nos mostró un papel que diga que son los dueños”, detallaron.
El DNU que reactivó el conflicto
El conflicto se agudizó tras la derogación de la Ley 26.160, conocida como la Ley de Emergencia Territorial Indígena. La ley suspendía la ejecución de desalojo. La normativa fue derogada por el DNU 1083/2024 de Javier Milei en diciembre pasado.
Eso habilitó que más de 254 causas judiciales en contra de las comunidades indígenas por usurpación puedan reactivarse. Ante la falta de protección nacional, las familias huarpes de San Juan reclaman una ley provincial que los reconozca.
Herencia ancestral y un remate judicial
La Ley de Emergencia Territorial Indígena fue sancionada en 2006 y permitió frenar durante más de una década los desalojos de comunidades indígenas en todo el país. Con la anulación de la ley mediante un decreto presidencial, los compradores de las tierras de la comunidad –Sergio Gustavo Savall y Leonardo Daniel Quiroga Conte Grand– solicitaron al juez la posesión efectiva de los terrenos.
El juez Luis Arancibia, del Tercer Juzgado Civil de San Juan, resolvió otorgarles la posesión a Savall y Quiroga Conte Grand al considerar que la protección legal ya no estaba vigente. Esto deja a las familias en riesgo de recibir una orden de desalojo en cualquier momento.
Ante esta situación, la defensa de la comunidad, encabezada por los abogados Javier Alamino y Ariel López, presentó un recurso de reposición para que el juez revierta su decisión, junto con una apelación ante la Cámara Civil y un pedido de nulidad de lo actuado.
Los argumentos de los letrados se basan en normas de jerarquía superior, como el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y el Pacto de San José de Costa Rica, que reconocen los derechos territoriales de los pueblos indígenas, independientemente de la derogación de una ley específica.
La resolución judicial está pendiente y podría conocerse en las próximas semanas. Si los recursos no prosperan, la comunidad quedaría expuesta a un desalojo forzoso y a la pérdida de alrededor de 7.000 hectáreas que consideran territorio ancestral. Mientras tanto, las familias resisten, se mantienen en alerta y piden a la sociedad que se conozca la situación.
Además, también pidieron que el Gobierno Provincial pueda actuar y reconocer sus derechos para garantizar su permanencia.
Economía de subsistencia: escasez de agua y servicios básicos
La Comunidad Huarpe Salvador Talquenca vive principalmente de la cría de ganado caprino. Además de cabras, las familias crían ovejas, vacas y gallinas. Lo suyo es economía de subsistencia: producen lo necesario para vivir.
La producción es limitada por la escasez de agua. El agua de los animales se extrae de un pozo de más de 100 metros de profundidad. Según los propios habitantes, esa agua “está llena de arsénico“, por lo que muchos animales se resisten a tomarla. Además, la falta de riego del terreno por las escasas lluvias genera la muerte masiva del ganado, que no tiene como alimentarse.
Para el consumo humano, el agua llega una vez al mes en un camión cisterna del municipio de 25 de Mayo. Pero los 8.000 litros de agua mensuales no les alcanzan. Por eso, las familias viajan en vehículos particulares hasta El Encón, a 30 kilómetros, para cargar o comprar bidones.
El tendido eléctrico llegó hace poco. La falta de infraestructura básica se extiende también a la salud y la educación: no hay puesto sanitario en el territorio y el centro de salud más cercano está en El Encón. Las escuelas están a 25 kilómetros de distancia. Los niños, niñas y adolescentes huarpes tienen dos opciones: o se quedan toda la semana en sus escuelas, o caminan hasta la Ruta 20 para que un colectivo los lleve y traiga.
Están los que crecen y deciden irse para probar suerte y oportunidades, y también los que prefieren seguir sosteniendo su modo de vida tradicional, arraigados a la tierra y sus costumbres ancestrales.
Los Bravo y los Cantoni, en el origen del conflicto judicial
El origen de la disputa judicial que amenaza con desalojar a diez familias huarpes en El Encón se remonta a una compleja trama familiar entre los Bravo y los Cantoni, dos apellidos históricos de la política sanjuanina.
A principios del siglo XX, Ángel Cantoni adquirió unas 50.000 hectáreas en el departamento 25 de Mayo, que luego pasaron a sus hijos Federico, Elio y Aldo Cantoni. Décadas más tarde, los hijos naturales de Enoe Bravo -Leopoldo, Rosa Elena y Federico Bravo- iniciaron un juicio de filiación para que se reconociera judicialmente que Federico Cantoni era su padre biológico.
El juicio de filiación derivó en la sucesión de las propiedades de Cantoni. Mientras Rosa Elena y Federico reclamaron su parte, Leopoldo decidió no participar ni aceptar bienes ni apellido, renunciando expresamente a cualquier derecho hereditario. Así, las tierras en 25 de Mayo quedaron bajo titularidad de Rosa Elena Bravo y su hermano Federico.
Años después, Rosa Elena contrató a la abogada Medina Tonelli para gestionar la actualización catastral y judicial de las propiedades. Sin embargo, la profesional no recibió el pago de sus honorarios y decidió iniciar una demanda judicial para cobrarse mediante la ejecución de parte de esas tierras. El juicio concluyó con la orden de subastar unas 7.000 hectáreas, que finalmente fueron vendidas en 2012 a Savall y Quiroga Conte Grand.
En aquel momento, la Comunidad Huarpe Salvador Talquenca, que habita esas tierras, se enteró posteriormente de la subasta y presentó ante la Justicia un pedido para frenar la entrega de los terrenos, amparándose en la Ley 26.160, que suspendía los desalojos de comunidades indígenas en proceso de relevamiento territorial.
Esa presentación permitió paralizar la posesión efectiva de los compradores. Hasta ahora, porque la derogación del gobierno nacional a esta normativa reactivó el reclamo de los compradores, que solicitaron al juez la entrega efectiva de las tierras.
Hoy, las diez familias no solo están envueltas en un conflicto judicial para reclamar por los territorios que históricamente han habitado, sino por el reconocimiento de que existen.
