Equipos que atienden casos de violencia llevan cuatro meses sin cobrar y al reclamar en el Centro Cívico salieron escoltados por la Policía
Profesionales de los gabinetes interdisciplinarios denuncian demoras en pagos, precarización y falta de canales formales con el Ministerio de Familia. En lo que va de 2026 ya se registraron 600 solicitudes de protección a mujeres y el año pasado fueron más de 4.000 en toda la provincia.
En los 19 departamentos de San Juan funcionan equipos interdisciplinarios -llamados dispositivos- que atienden violencia intrafamiliar y de género, niñez y consumos problemáticos. Depende del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, pero trabajan físicamente en oficinas municipales y bajo contratos de locación de servicio redactados por cada intendencia. Actualmente, las trabajadoras ejercen con hasta cuatro meses de retraso en el pago. Acudieron al Centro Cívico para pedir una reunión con el ministro Carlos Platero, pero salieron escoltados por la Policía al reclamar su sueldo.
Son profesionales en la primera línea de intervención. Ponen la cara y el cuerpo ante casos de violencia de género, consumos problemáticos o violencia intrafamiliar. Reciben las solicitudes que ingresan por CAVIG y que no se derivan a la parte penal, los reportes del 102 en niñez y las consultas vinculadas a adicciones. En departamentos grandes el equipo alcanza las 15 personas; en los más alejados, el mínimo es de tres por dispositivo.
Sin embargo, pese a que cumplen funciones consideradas esenciales, no tienen estabilidad laboral, no cuentan con representación sindical formal y, en muchos casos, acumulan hasta cuatro meses sin cobrar.
«Llevamos dos meses sin cobrar, hay municipios que llevan tres o cuatro meses sin pagos. Además, por 25 horas nos aumentaron a $800.000 en 2025. Claramente ninguna tiene un solo trabajo, hacemos malabares», denunció una de las trabajadoras de los dispositivos.
Una estructura híbrida que diluye responsabilidades
El esquema es complejo: la Provincia transfiere los fondos para pagar los honorarios, pero las condiciones laborales —contratos, oficinas, organización cotidiana— dependen de cada municipio. Los trabajadores tienen un contrato tercerizado por prestación de servicio que se renueva año a año.
Las demoras en los pagos, dicen, son constantes e injustificadas. «Un día dicen que es porque el Gobernador está de viaje, otro porque el expediente está demorado en una oficina», relató la trabajadora.
El grupo de profesionales autoconvocadas manifiestan que históricamente hubo demoras en los pagos, pero antes de 2023, según relatan las trabajadoras, los municipios absorbían esos retrasos hasta que llegaba la transferencia provincial. Desde fines de ese año, con el cambio de gestión en el Ejecutivo provincial, aseguran que las demoras se volvieron sistemáticas.
«Nadie da la cara, no tenemos canales de comunicación con las autoridades», expresó la profesional.
«Somos considerados un servicio esencial, no podemos hacer paro, eso es lo perverso, no podemos dejar sin atención lo cual tiene sentido porque son temáticas urgentes y sensibles y hay que actuar ya, pero estamos sin cobrar», agregó.
Hay departamentos con dos meses de atraso y otros con tres o cuatro. En Rawson el reclamo apunta a que la Provincia no transfiere los fondos en tiempo y forma. En otros distritos, como Ullum o Zonda, circulan explicaciones distintas.
En Santa Lucía, en cambio, los pagos estarían al día. La disparidad alimenta sospechas y tensiones políticas entre municipios oficialistas y opositores.
«Hay una gran diferencia entre los departamentos oficialistas y los que no. Por ejemplo en Rawson remarcan la contradicción entre municipio y Gobierno y que el gobierno tiene deudas con el municipio. En Pocito tienen un bono que otros lados no tienen, pero las trabajadoras hacen actividades de militancia», dijo la trabajadora refiriendose a la falta de claridad al estar tercerizado el servicio.
Facturando en el aire
A febrero de 2026, muchas profesionales aún no firmaron el contrato anual. El único respaldo formal que tienen es la planilla de asistencia. «Todavía no firmamos el contrato de este año, nuestro único comprobante es la planilla de asistencia y estamos facturando sin cobrar», agregó.
Los contratos son por prestación de servicio y se renuevan año a año. No hay pase a planta ni estabilidad. Tampoco retroactivos cuando hay aumentos. En 2025 cobraron el mismo monto de enero a septiembre y recién entonces recibieron un incremento de $60.000. Desde este año, por 25 horas semanales, el honorario asciende a $800.000, cifra que —aseguran— obliga a la mayoría a tener al menos otro empleo para sostenerse.
La relación laboral es frágil. “Implícitamente” saben que continúan, aunque el contrato no esté firmado. Reemplazar equipos completos de un día para el otro sería inviable por la especificidad de las funciones y el vínculo construido con las personas asistidas.
Servicio esencial sin derecho a paro
Si bien son consideradas un servicio esencial —no pueden interrumpir la atención porque trabajan con situaciones urgentes y sensibles- no cuentan con garantías básicas de cobro. Además, el contrato de prestación de servicios las obliga a categorizarse como monotributistas, lo que las deja «pendiendo de un hilo» y sin poder asociarse a algún gremio, ya que no son parte de la planta permanente.
«ATE es uno de los gremios más cercano, pero ellos se rehusan bastante a incluir contratados, porque no estamos en su misma condición. Nos dan una mano con algunas asesorías pero no tenemos a quien recurrir», expresó la trabajadora.
Cada intento de reducir el servicio en señal de protesta es rechazado con el argumento de que no se puede dejar sin atención a víctimas de violencia. Ellas mismas reconocen la urgencia de las temáticas, pero plantean la pregunta de fondo: ¿cómo sostener el trabajo sin cobrar?
/LEE TAMBIÉN: La paritaria docente 2026 empezó con los conflictos de 2025 todavía abiertos
La mayoría se queja en privado. No hay denuncia formal colectiva por el temor a perder el contrato. Las últimas movilizaciones masivas fueron hace cinco o seis años. En más de una oportunidad, cuando intentaron acercarse al ministerio para pedir explicaciones, aseguran que no fueron recibidas por el titular del área, Carlos Platero, y que incluso salieron escoltadas por la Policía tras intentar hacer consultas administrativas.
Más casos, menos recursos
La sobrecarga laboral es creciente. Durante 2025, estiman que hubo alrededor de 4.000 solicitudes a nivel provincial.
En lo que va de 2026, ya contabilizan 600 solicitudes de intervención, sin contar denuncias penales.Las solicitudes son trámites que se canalizan hacia los juzgados de familia y pueden derivar en perimetrales, prohibiciones de acercamiento o ceses de actos molestos, además de acompañamiento social, psicológico y legal.
«Cada vez salgo más seguido a la calle para hacer informes sociales y habitacionales. Desde este gobierno lo único que dicen que hay son bolsones de mercadería, y ni tantos», aseguró. Así, el único recurso que queda hoy para el abordaje es el recurso humano: una sobrecarga física y mental para los trabajadores, y «más saber que no tenes tu sueldo a fin de mes».
Los picos de casos se repiten cada año: después de fines de semana largos, festividades con consumo de alcohol, Día de la Madre, Día del Padre, vacaciones de invierno y comienzo de clases. Julio y agosto suelen ser los meses más críticos.
Además, la disolución a nivel nacional del ministerio de Mujeres, Género y Diversidad implicó no solo menos protección para las víctimas, sino una desprotección para las trabajadoras.
«De allí venían muchos recursos, capacitaciones, había mucho acompañamiento para nosotras: un equipo muy preparado que te asesoraba, un respaldo ante una duda o una problemática para trabajar mejor», aseguró la trabajadora.
Hoy, el margen de respuesta depende casi exclusivamente de la capacidad de los equipos que trabajan sin cobrar.
Nuevas exigencias e incertidumbre
Este año se agregó otro factor de preocupación: la exigencia de una declaración jurada para revisar incompatibilidades laborales. Hasta ahora, muchas profesionales combinaban el trabajo en los dispositivos con horas cátedra en la universidad o funciones en gabinetes escolares.
Según les informaron las autoridades, desde 2026 se evaluará la “situación laboral” de cada integrante y podrían declararse incompatibilidades sin criterios claros. No está especificado bajo qué normativa ni qué cargos quedarían excluidos. El salario actual, sostienen, no alcanza para exigir dedicación exclusiva.
El clima es de desgaste. Equipos “agotadísimos” por un incremento en los casos de violencia, sin resguardo institucional, sin percibir su sueldo, sin respuestas de las autoridades.