En San Juan, un obrero de viña cobra $460.000 por mes
La escala salarial de la vitivinicultura expone ingresos de subsistencia frente a la canasta básica, negociaciones paritarias sujetas a techos oficiales y una creciente informalidad que golpea al eslabón más débil de la cadena de producción.
De acuerdo con la escala salarial del Convenio N° 154/91, vigente para julio y agosto de 2026, un obrero de viña común en categoría inicial (hasta 3 años de antigüedad) percibe un sueldo básico mensual de $460.493, correspondiente a un jornal de 8 horas diarias. A este haber se suman una suma fija de $158.016 por refrigerio y un bono no remunerativo de $198.210.
En el marco de la negociación gremial, Emilio Ozán, secretario general de SOEVA 9 de Julio, advirtió que los incrementos salariales quedaron acotados por la pauta impuesta por el Gobierno Nacional como condición para otorgar las homologaciones. El acuerdo paritario estableció un reajuste anual del 20,7% para el obrero de viña y del 24,3% para el personal de bodega. Este techo deja a los sueldos del sector a «años luz» de las remuneraciones acordadas en actividades como la bancaria o el transporte de cargas, mientras que el salario básico se ubica por debajo de la canasta básica familiar.
El apartado del trabajo en negro: destajo devaluado y vulnerabilidad
Más allá de las escalas homologadas, la informalidad laboral constituye una de las problemáticas más graves de la actividad vitivinícola sanjuanina. Estimaciones sindicales señalan que entre el 20% y el 30% de los trabajadores de viña se encuentran en negro, una proporción que durante los picos de actividad, como la poda o la cosecha, se eleva a más del 50% de la mano de obra. La modalidad más extendida entre el personal no registrado es el pago por gamela, un recipiente cosechero con capacidad para 25 kilogramos de uva.
A la retribución por destajo se suman maniobras de subdeclaración y fraude en los recibos de sueldo. Desde el gremio denunciaron que existen empresas que registran menos días trabajados de los reales para abonar cifras inferiores a las dispuestas por ley. También se detectaron casos de abuso directo hacia trabajadores no alfabetizados, a quienes se les hace figurar en el documento oficial un monto legal que luego no se corresponde con el dinero en efectivo que reciben en mano.
La proliferación del trabajo no registrado se consolida ante la inactividad de los organismos estatales de fiscalización. Las delegaciones del Ministerio de Trabajo han visto paralizados los operativos de control en los campos, según se aduce, por falta de vehículos, viáticos y combustible.
Esta ausencia de controles genera un marco de desprotección en el que las cuadrillas informales operan sin supervisión. En episodios recientes, las escasas inspecciones concretadas derivaron en situaciones donde los obreros sin registrar se dieron a la fuga de las fincas para evitar ser detectados. El episodio expone, según la denuncia gremial, las dificultades para controlar las condiciones laborales en las zonas productivas.
Concentración de tierras, crisis de productores y éxodo laboral
El deterioro de las condiciones de trabajo coincide con un proceso de concentración de la tierra. Entre 2010 y 2022 desaparecieron 751 viñedos en San Juan, mientras que la superficie media de las propiedades pasó de 5,1 a 9,2 hectáreas. Este fenómeno responde, según el planteo del sector, al dominio de empresas monopólicas que imponen precios bajos a la materia prima. Esto obliga a los pequeños productores a vender sus tierras para emprendimientos inmobiliarios, arrendar a chacareros o directamente dejar la cosecha en el parral sin recolectar.
La combinación de salarios licuados, trabajo no registrado y falta de rentabilidad proyecta una inminente escasez de mano de obra cualificada. Los trabajadores emigran de manera paulatina hacia otros rubros más rentables, lo que amenaza la disponibilidad de personal para las labores fundamentales de poda, atada y vendimia en la región.