Emergencia en discapacidad: San Juan se sumó a la marcha federal

El 5 de agosto durante el mediodía, organizaciones del sector discapacidad, prestadores de servicio, autoconvocados y familiares se manifestaron en la Plaza 25 de Mayo. La convocatoria formó parte de una marcha federal contra el veto de Milei a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y para visibilizar la vulnerable situación del sector.

El pasado lunes 4 de agosto se anunció en el Boletín Oficial la decisión del presidente de vetar 3 leyes sancionadas por el Senado el 10 de julio: el aumento a jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Milei argumentó que las leyes (pendientes de gastar aproximadamente entre 0.9 % y 1.68 % del PIB, según distintas estimaciones) fueron aprobadas sin fuente de financiamiento y amenazan su política de superávit fiscal. Así, universidades, jubilados y personas con discapacidad parecen ser los principales blancos del recorte oficial.

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Al respecto, se manifestó Gema Galván, ex presidenta del Colegio de Psicólogos de la provincia: «Esto es un retroceso y San Juan no está exento de lo que pasa a nivel nacional. Los prestadores ya no podemos sostener las prestaciones porque no podemos pagar alquileres, servicios, no nos podemos formar y las familias no lo pueden sostener porque no tienen las autorizaciones correspondientes», explicó la psicóloga durante la marcha.

Para revertir los vetos, el Congreso puede insistir el proyecto vetado con el voto de dos tercios en ambas cámaras, para lo cual primero debe conseguir quorum. Si se aprueba nuevamente, el Ejecutivo no puede volver a vetarlo. Sin embargo, históricamente es muy difícil conseguir esa mayoría en Argentina: solo se insisten exitosamente entre un 5 % y 10 % de los vetos presidenciales.

«La discapacidad está muy olvidada en todo sentido, lamentablemente. Hay falta de pago a prestadores, a movilidades, a las mismas escuelas y eso hace que a la escuela se le dificulte pagarle a los prestadores. Todo perjudica a nuestros hijos» concluyó Carlos Murua, un familiar que acompañó la movilización en la Plaza 25 de mayo. «Hay un desfasaje de sueldos al punto que un DAI llega a cobrar menos que un jubilado», afirmó.

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Punto por punto: ¿Qué propone la Ley de Emergencia en Discapacidad vetada por Milei?

El proyecto de ley fue presentado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores. El objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social.

Entre las principales medidas, el proyecto de ley busca establecer:

• Regularización de pagos y actualización de aranceles: se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La iniciativa declara el sistema de interés público nacional.
• Reforma del sistema de pensiones no contributivas: el proyecto busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.
• Fortalecimiento institucional: se plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
• Transparencia y rendición de cuentas: el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
• Compensaciones económicas: el proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
• Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD): se propone que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos para la certificación de la discapacidad, considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.
• Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día: se asignan recursos específicos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo.
• Cumplimiento del cupo laboral: reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.

La iniciativa contaba con dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y se debatió el miércoles 4 de junio. El proyecto se aprobó con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones y se giró al Senado donde fue tratado el 10 de julio de 2025. En la Cámara Alta, los senadores sanjuaninos de Unión por la Patria, Sergio Uñac y Celeste Gimenez, emitieron su voto a favor, mientras que Bruno Olivera (LLA) estuvo ausente.