El Gobierno dejó de pagar pasajes gratuitos a personas con discapacidad: otra medida de una política de desfinanciamiento sistemático
El Gobierno de Milei dejará de reintegrar fondos a las compañías de transporte por los boletos sin cargo destinados a personas con discapacidad, trasplantadas y menores con cáncer.
El martes 26 de mayo, la Secretaría de Transporte publicó en el Boletín Oficial la Resolución 28/2026, que elimina el régimen de compensaciones económicas por el que el Estado transfería fondos a las empresas de colectivos de larga distancia para cubrir pasajes sin cargo. Los beneficiarios de estos son personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera del INCUCAI, y menores con tratamiento oncológico. El esquema había estado vigente desde 2018 y amparaba tres leyes: la 22.431 (discapacidad), la 26.928 (trasplantes) y la 27.674 (niños con cáncer).
El Gobierno aclaró que el derecho a viajar gratis no desaparece: las empresas siguen obligadas a emitir esos pasajes. Desde ahora, las compañías deberán financiarlos con recursos propios, sin recibir fondos estatales a cambio. Más adelante se comprobará si las empresas deciden aumentar los boletos comunes para cubrir los gratuitos.
Para justificar la decisión, el Ejecutivo se apoya en el Decreto 883/2024, que desreguló el transporte interjurisdiccional y habilitó a las empresas a fijar libremente recorridos, tarifas y horarios. Con esa lógica, la Secretaría sostiene que la «libertad tarifaria» existente en el mercado vuelve innecesario el subsidio.
Las organizaciones del sector y los propios empresarios advierten que esa lógica ignora la realidad de las terminales. Sectores del transporte ya empezaron a escatimar los cupos ante la falta de pago estatal, aunque la normativa oficial insiste en que el derecho permanece «plenamente vigente y exigible».
Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), su presidente Daniel Russo señaló que las empresas no cuestionan el derecho al transporte gratuito, pero sí «la inconsistencia» de eliminar subsidios mientras se mantiene la obligación de otorgarlos. Según la cámara, el recorte acumulado en compensaciones impagadas ya supera los 27.000 millones de pesos.
La medida llega, además, en medio de un conflicto judicial entre el Estado y las empresas de transporte. El reclamo se originó luego de que varias compañías denunciaran que el Gobierno dejó de transferir los fondos correspondientes a las compensaciones previstas por el sistema anterior. En ese contexto, la Justicia ordenó recientemente al Estado pagar más de 8.700 millones de pesos adeudados por períodos comprendidos entre noviembre de 2024 y abril de 2025.
Mientras tanto, el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad expresó preocupación por el posible “retroceso en derechos” que podría generar la medida, especialmente si las empresas reducen la disponibilidad de pasajes gratuitos en la práctica.
Un ajuste que lleva dos años
Los pasajes son una etapa más del intenso recorte que el Gobierno de Milei lleva adelante en discapacidad. Desde que asumió el presidente en diciembre de 2023, esta área acumula una secuencia de recortes y controversias que los organismos de derechos humanos y las organizaciones del sector llevan documentando mes a mes.
Entre 2023 y 2025, los fondos destinados a la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cayeron 18,2% en términos reales, y los montos asignados a las pensiones por invalidez perdieron un 17,7% de su valor.
El Gobierno impulsó auditorías sobre más de un millón de beneficios y anunció la baja de alrededor de 200.000 pensiones por supuestas irregularidades. Sin embargo, el propio Ejecutivo reconoció en su informe de gestión del 29 de abril que casi el 99% de las bajas en pensiones ocurridas entre 2024 y 2025 —110.454 de las 112.136— se debieron a inconsistencias en los datos de domicilio de los beneficiarios, no a falsificaciones médicas ni otro tipo de fraude.
En paralelo, los pagos a prestadores de servicios acumularon demoras severas. El Estado llegó a acumular una deuda con prestadores de Incluir Salud cercana a los 70.000 millones de pesos desde noviembre de 2025, lo que generó reclamos de acompañantes terapéuticos, hogares, centros de día y transportistas en todo el país.
La crisis en el sector tomó otra dimensión en agosto de 2025, cuando se filtraron audios atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces titular de la ANDIS y exabogado del presidente. En los audios, Spagnuolo describía un esquema de coimas en el que aparecían mencionados Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem.
Según la fiscalía, el esquema habría involucrado más de 75.000 millones de pesos, con adjudicaciones direccionadas, sobreprecios de hasta el 4.239% en insumos como sillas de ruedas y prótesis, y acuerdos previos entre proveedores. Spagnuolo fue procesado por cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública, junto con otras 18 personas.
El 30 de diciembre de 2025, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció la disolución de la ANDIS y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones. El organismo, creado en 2017 para coordinar las políticas públicas en discapacidad, desapareció como entidad autónoma en el tramo final del año electoral. Diario Democracia
Marchas, vetos y una ley fantasma
El descontento se acumuló en las calles. En distintos puntos del país se replicaron protestas masivas frente al Congreso y al Ministerio de Salud, con carteles que decían «No soy un gasto, soy una persona con discapacidad». El Congreso respondió con la aprobación de una Ley de Emergencia en Discapacidad, orientada a reforzar el financiamiento del sector. Milei la vetó. Luego la insistencia legislativa la reactivó. La Justicia ordenó su aplicación inmediata en diciembre de 2025. El Ejecutivo apeló ese fallo, de modo que la ley sigue sin implementarse.
En ese contexto, el Gobierno envió al Congreso un nuevo proyecto denominado «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que propone modificaciones sustanciales a la legislación vigente y plantea restricciones adicionales para acceder a los beneficios estatales. Las organizaciones del sector lo interpretaron como un intento de seguir demorando pagos y beneficios para personas con discapacidad.
En abril de 2026, cientos de personas con discapacidad, familiares y profesionales de la salud volvieron a movilizarse en distintos puntos del país para rechazar el proyecto y exigir el cumplimiento de la ley de emergencia, que lleva más de un año aprobada sin aplicación.
La quita de compensaciones a las empresas de transporte es, en ese contexto, la última medida de una política que el sector describe como un desmantelamiento sistemático. El Gobierno insiste en que ningún derecho está en riesgo.