El Gobierno amplía por decreto el poder de la SIDE y agentes podrán detener sin orden judicial
El DNU 941/2025 reforma por completo la Ley de Inteligencia. La oposición alerta por la falta de controles y el riesgo de espionaje político.
El Gobierno avanza en la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplía sus facultades para actuar en carácter de “encubierto” y detener personas en flagrancia sin orden judicial. Así lo establece el decreto 941/2025 publicado el viernes 2 de enero en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei y sus ministros.
El decreto apunta a una reforma total de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), que contempla la creación de organismos y la redefinición de funciones. En él, se ratifica la SIDE como órgano superior y rector del sistema de inteligencia, integrada a su vez por el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) y la Inspectoría General de Inteligencia.
La SIDE concentrará la aprobación y control de presupuestos de inteligencia, así como la supervisión de gastos reservados. Además, estará habilitada a solicitar apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas y de seguridad, una medida que alerta la posible militarización de tareas internas.
Lejos de atender el interés nacional, la subordinación de las Fuerzas Armadas a la seguridad interna responde a lo encomendado por el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos en su última visita al país.
La reforma también contempla cambios en la inteligencia militar. Se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa y se desplazan sus funciones y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto.
El decreto detalla, además, que la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) y tendrá la misión de “prevenir y detectar amenazas estratégicas internas”.
En el comunicado, el gobierno justifica la necesidad de mantener el carácter “encubierto” de todas las actividades de inteligencia “con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”. También asegura la prohibición a realizar espionaje por motivos ideológicos, religiosos o políticos, o por ejercer influencia sobre partidos, medios y opinión pública. Sin embargo, los reiterados insultos del presidente a sus adversarios políticos ponen en duda todo argumento en defensa de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Esta reestructuración se explica como un equilibrio de poderes entre las figuras cercanas al presidente, principalmente Karina Milei y Santiago Caputo, que mantuvieron en los últimos años una interna latente.
Santiago Caputo se desempeña como “asesor presidencial” sin ocupar ningún cargo oficial formalmente, pero concentra el manejo de una SIDE fortalecida. Fue decisión suya el nombramiento de Cristian Auguadra como el nuevo secretario de Inteligencia.
Por su parte, Karina Milei asegura para uno de los suyos, el jefe de gabinete Manuel Adorni, el control sobre el nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), integrado además en la esfera de la Secretaría de Ciencia, Técnica e Innovación. Anteriormente, ciberseguridad y ciberinteligencia estaban contempladas en la SIDE.
La publicación del decreto en pleno receso legislativo implica que se demore su tratamiento en el Congreso. Para que el DNU pierda vigencia debe ser rechazado por las dos cámaras.
En este contexto, los acuerdos que el oficialismo pueda cerrar con otros sectores serán decisivos. Provincias Unidas ya emitió un primer comunicado declarando su abierta negativa y aún no se sabe qué postura tomará el PRO.
Además de la ya sabida enemistad entre Mauricio Macri y Santiago Caputo, cabe recordar que en 2024 el PRO votó en rechazo al DNU que otorgaba cien mil millones de pesos a la restituida Secretaría de Inteligencia a cargo del asesor libertario.