Qué hay detrás del fallo de la justicia riojana que pone en tensión al megaproyecto Vicuña e inquieta al Gobierno
Un fallo de la Justicia riojana ordenó suspender las actividades en Vicuña por 30 días. ¿Puede un fallo de La Rioja tener jurisdicción sobre actividades en San Juan?
La semana pasada, un fallo de la justicia de La Rioja ordenó suspender las operaciones del proyecto minero Vicuña por falta de informes ambientales. La decisión provocó un fuerte revuelo mediático, ya que impacta de lleno en uno de los proyectos mineros más grandes de San Juan. El conflicto se desató cuando la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, dictó una medida que ordena suspender las actividades del proyecto Vicuña por 30 días —con excepción de tareas de seguridad y mantenimiento— y prohíbe a la empresa utilizar rutas y caminos en territorio riojano.
Vicuña es hoy el proyecto de cobre más importante de San Juan, y uno de los más importantes del país. Se trata de un emprendimiento de gran escala, nacido de la unificación de dos yacimientos clave, Josemaría y Filo del Sol. Con el ingreso de la gigante minera BHP, terminó de consolidarse como un proyecto de clase mundial.
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El problema surge ya que la minera está utilizando un corredor vial llamado Guandacol ubicado en territorio riojano. La Rioja bloqueó esta camino por la falta de un Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado ante sus propias autoridades. Argumenta que la cercanía del proyecto —a solo 1,5 kilómetros del límite— podría generar daños hídricos o ambientales en su territorio.
Los argumentos para bloquear el paso son que Vicuña no cuenta con un permiso ambiental para usar el camino riojano de 140 kilómetros, y el otro es que la empresa no incluyó en el Informe de Impacto Ambiental los impactos en el glaciar el Potro, cercano al proyecto Josemaría. A su vez, dicen que Vicuña se negó a aceptar una evaluación conjunta de ambas provincias para el proyecto.
El punto central de la controversia es otro, y abre serias dudas entre especialistas y funcionarios. ¿Puede un fallo de la justicia de La Rioja tener jurisdicción sobre actividades en San Juan?
La duda, en concreto, es si la jueza María Greta Decker tiene competencia para tomar decisiones que afecten actividades en suelo sanjuanino. Abogados especializados, consultados por distintos medios de San Juan, sostienen que el camino judicial iniciado por La Rioja podría “quedar en la nada” ante la falta de una jurisdicción clara.
La provincia vecina sostiene que se trata de un caso de “segmentación de impacto”. Según argumenta, los límites provinciales son apenas una “línea imaginaria” y, dado que el proyecto se ubica a solo 1,5 kilómetros de su frontera, tiene derecho a exigir un Informe de Impacto Ambiental integral. El objetivo, aseguran, es evaluar posibles efectos negativos en su territorio, como el uso de agua o la presencia de polvo en suspensión.
No existen antecedentes recientes en el sector minero de un caso en el que una provincia exija la evaluación de un proyecto basándose únicamente en la cercanía geográfica. Sí hay, en cambio, experiencias de proyectos binacionales o biprovinciales. En esos casos, lo habitual es que cada jurisdicción analice exclusivamente la porción que se encuentra dentro de su territorio.
La postura oficial y la de Vicuña
Desde San Juan y Vicuña Corp sostienen que el proyecto y su planta de procesamiento se encuentran completamente dentro del territorio sanjuanino. Por eso, aseguran, ya cuentan con las aprobaciones ambientales correspondientes de su jurisdicción.
Consideran el fallo “inaplicable” e “insólito”. Entienden que una jueza de otra provincia no tiene competencia para frenar actividades en suelo sanjuanino.
Además, la empresa ya comenzó a sortear el bloqueo mediante el Corredor Norte, una traza alternativa que recorre íntegramente territorio sanjuanino, a través del departamento Iglesia. De este modo, la mina logra mantenerse operativa.
En medio del conflicto, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, vinculó la situación con una estrategia política. Sostuvo en 0264 Radio que existe una “conexión” entre el kirchnerismo sanjuanino y el peronismo riojano para poner “palos en la rueda” al desarrollo minero. Sin embargo, si hay algo que no suele atribuírsele al peronismo sanjuanino es una postura antiminera.
No obstante, Fernández también cuestionó a Vicuña Corp. Señaló que la empresa había sido advertida con anticipación sobre la necesidad de acelerar las obras del camino en San Juan para no quedar “rehén” de conflictos externos.
Qué está en juego y qué puede pasar
El conflicto llega en un momento clave. El proyecto, que unifica los yacimientos Josemaría y Filo del Sol tras el ingreso de la gigante BHP, representa una inversión estimada en 18.000 millones de dólares.
Los inversores atraviesan una etapa decisiva. En ese contexto, la incertidumbre jurídica genera alarma en el sector empresarial, que observa con preocupación cómo este reclamo podría transformarse en una “bola de nieve” para futuras inversiones.
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Mientras la empresa espera la notificación formal del fallo para definir su respuesta legal, el Gobierno de San Juan le pidió que acelere la finalización del Corredor Norte. La intención es garantizar su logística sin depender de La Rioja.
Ahora, la justicia deberá resolver un punto clave: si una provincia puede exigir evaluaciones ambientales sobre un emprendimiento ubicado completamente fuera de sus límites geográficos.
Vicuña representa una de las mayores inversiones mineras de la Argentina, con un monto estimado en 18.000 millones de dólares. Solo en 2026, la empresa prevé destinar cerca de 1.000 millones a obras de infraestructura. Aún resta la decisión final de inversión por parte de los socios, y se estima que la fase de extracción podría comenzar después de 2030.