El estado del conflicto universitario: paritaria adelantada, 48 hs de paro y presión judicial
El conflicto universitario suma nuevas medidas de fuerza, también una instancia judicial que obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. En paralelo, el Ejecutivo adelantó la convocatoria a la paritaria del sector para el 1° de septiembre.
El conflicto universitario argentino suma una página, marcada por el paro nacional de 48 horas previsto para el 27 y 28 de agosto, el adelantamiento de la mesa paritaria y la presión judicial sobre el Gobierno nacional para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida de fuerza fue ratificada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y contempla reclamos vinculados con la aplicación de la ley, la actualización de las partidas presupuestarias, la recomposición de las becas estudiantiles y la elaboración del presupuesto universitario para 2027.
Uno de los principales cambios en el escenario se produjo a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario luego de que se agotaran las instancias de apelación del Poder Ejecutivo.
El conflicto tiene dos puntos centrales en la aplicación de la norma. El artículo 5 establece la actualización de los salarios docentes y no docentes, mientras que el artículo 6 contempla la recomposición de las becas estudiantiles, entre ellas Progresar y Manuel Belgrano. Según estimaciones gremiales, la pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023 supera el 30%, mientras que las becas registran devaluaciones de hasta el 57%.
En ese escenario, el Gobierno había intentado condicionar la aplicación de la ley a la disponibilidad de recursos mediante el Decreto 759/2025. La medida cautelar dejó sin margen esa estrategia y convirtió el reclamo por el financiamiento universitario en una obligación exigible ante la Justicia.
Una paritaria adelantada
La convocatoria a la mesa paritaria también modificó el escenario. El Gobierno adelantó la reunión del 15 de septiembre al 1° de septiembre, una decisión que los sindicatos atribuyen a la presión ejercida durante el conflicto.
En las negociaciones, según el texto, el Gobierno había intentado vincular un incremento salarial del 24,33% con la firma de un acta que implicaba desistir de las acciones judiciales. Los gremios rechazaron esa condición: aceptaron la actualización de fondos, pero mantuvieron vigentes los amparos.
Para la secretaria general de SIDUNSJ, Guadalupe Aguiar, la decisión del gobierno de anticipar la paritaria al 1° de septiembre constituye un logro directo de la persistente presión y movilización que viene sosteniendo el colectivo docente. Según explica, este adelantamiento obliga a las organizaciones gremiales a reconfigurar su agenda a contrarreloj, obligándolas a recalcular el impacto de la inflación para medir con precisión la pérdida real que han sufrido los salarios universitarios frente al costo de vida durante la gestión de Javier Milei
La próxima instancia de negociación se desarrollará, así, mientras continúan las medidas de fuerza y con una resolución judicial que obliga al Ejecutivo a cumplir con la normativa de financiamiento universitario.
En San Juan, la protesta reúne a los principales gremios universitarios. SIDUNSJ confirmó su adhesión al paro del 27 y 28 de agosto, mientras que ADICUS mantiene una posición de unidad con el resto de los sectores y aguarda su plenario para definir la modalidad de la protesta.
Las organizaciones también participaron de acciones conjuntas, como el «Banderazo» nacional y conferencias de prensa en el Rectorado, con presencia de sindicatos, autoridades universitarias y centros de estudiantes.