El descargo de Dalma, la mujer trans agredida en un colectivo de la Red Tulum: «Esto fue un acto de odio a mi identidad y expresión de género»
Empezó como una pelea en la vía pública viralizada en redes sociales, pero la noticia expuso un caso de agresión discriminatoria.
El pasado 16 de septiembre, se viralizó en redes sociales un video que registraba una violenta pelea física y verbal entre dos mujeres a bordo de una unidad de transporte público de la línea TNS. Las imágenes generaron una fuerte repercusión y abrieron un debate en las plataformas digitales sobre lo ocurrido dentro del vehículo, frente a los pasajeros.
Ante la difusión de las imágenes, Dalma, una de las mujeres involucradas en el altercado, dio a conocer su versión de los hechos y sostuvo que se trató de una agresión discriminatoria motivada por su condición de mujer trans.
Dalma relató a La Mecha la agresión sufrida:
“La señora se lo tomó muy personal y empezó a discriminarme por mi condición a los gritos delante de todos los niños. Apenas me subí empezó a insultarme, y siguió insultándome cuando me estaba por bajar, me agarró de los pelos, en el video se ve como me golpea ella y el hijo, me empujan contra el vidrio, y otras manos también me tiran los pelos. Yo iba con un menor de 9 años. Esto fue un acto de odio a mi identidad y expresión de género”.
Para evitar una mayor exposición mediática y dejar sentada su postura, Dalma difundió un comunicado oficial en el que afirmó ser víctima de un episodio de transodio motivado por el rechazo a su identidad de género en el espacio público. En el documento, reivindicó la vigencia de la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) y la Ley Antidiscriminatoria (Ley 23.592).
Asimismo, confirmó que iniciará acciones legales cuando considere adecuado, con la representación letrada de la Dra. María José Mazarico Reinoso.
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Qué dice el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+
La agresión denunciada por Dalma en el transporte público no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón de violencia documentado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+:
En el último año se registraron 227 crímenes de odio en Argentina motivados por la orientación sexual, la identidad o la expresión de género. De ese total, las mujeres trans concentran el 62,56% de los casos (142 víctimas), mientras que los varones trans representan el 7,93% (18 casos).
La vía pública y los espacios de circulación cotidiana se mantienen entre los principales escenarios de agresión, concentrando el 31,61% de los crímenes de odio relevados en 2025. Además, las agresiones mediante golpes físicos representan el 39,65% del total de los hechos, con 90 casos relevados en ese período.
El reporte anual advierte que la mayor parte de los casos documentados se concentra en grandes aglomerados, con CABA en el 42,73% y la Provincia de Buenos Aires en el 26,43%. En cambio, la menor cantidad de registros en provincias como San Juan responde principalmente, según el informe, a las asimetrías territoriales en las redes de denuncia, la falta de dispositivos institucionales locales y la persistencia del subregistro.
La violencia en la vía pública adquiere una dimensión aún más grave frente al retroceso de los mecanismos institucionales de protección. Verónica Araya, coordinadora y presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) en San Juan, describió el estado de indefensión que atraviesan las disidencias en la provincia:
«No tenemos lugar donde recurrir. Antes teníamos al INADI, la Secretaría de Género y Disidencias, pero fueron eliminadas por políticas del gobierno de turno. Se siente el odio y la violencia en la calle».
El análisis de ATTTA coincide con las conclusiones del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, que señala que la disolución del INADI, el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el desmantelamiento de programas de asistencia jurídica gratuita redujeron los canales estatales disponibles para denunciar o buscar protección. Según esa interpretación, el retroceso institucional contribuye a un contexto de mayor desprotección frente a hechos de violencia y discriminación.