El Consejo de Mujeres reclama al Gobierno provincial que sostenga las jornadas contra la violencia de género que Nación eliminó
El organismo advierte que la suspensión del programa deja a las escuelas sin herramientas para prevenir abusos y acompañar a estudiantes en riesgo.
El Consejo Provincial de Protección Integral de las Mujeres, Géneros y Diversidades de San Juan reaccionó tras la eliminación de la obligatoriedad de la jornada “Educar en Igualdad”, dispuesta por el Decreto Nacional 436/2025. Manifestaron su preocupación y pidieron al Gobierno provincial una respuesta urgente para garantizar la continuidad del programa en San Juan.
A través de sus redes sociales, el Consejo recordó a la sociedad sanjuanina que ese programa, creado a partir de la Ley 27.234 de 2015, promovía espacios en las escuelas para que alumnos y docentes trabajaran en la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y personas del colectivo LGTBQ.
En esa línea, el Consejo advirtió que las disposiciones del Decreto 436/2025 contradicen lo previsto en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Señaló que la medida desconoce la responsabilidad constitucional del Estado de asegurar su protección y bienestar. Además, remarcó que la erradicación de la violencia exige un Estado presente y recordó que la educación y la información son derechos humanos.
En respuesta a la medida nacional, el Consejo Provincial recomendó a las autoridades locales mantener el programa. El 24 de julio presentó una nota tanto en el Ministerio de Educación como en Casa de Gobierno para pedir la continuidad de las jornadas de “Educar en Igualdad” en la provincia.
Sostuvieron que estas jornadas permitían visibilizar lo que viven las mujeres y las diversidades, y que la participación de docentes, alumnos y familias aportaba un nivel de concientización que no debería perderse. Sin embargo, el Consejo lamentó que, a pocos días del 25 de noviembre —Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género—, no hayan recibido respuesta alguna de las autoridades. Ante la falta de continuidad en las escuelas, decidieron trasladar las actividades a otros ámbitos, como su sede de Catamarca 139 Sur.
Laura Vera, integrante del Consejo Provincial de Mujeres, Géneros y Diversidad, confirmó a La Mecha que la recomendación para sostener las jornadas fue presentada el 24 de julio, aunque hasta ahora no obtuvieron respuesta. Lamentó que, en el mes en que deberían estar activas, no se haya avanzado en su implementación. Dijo que cada día reciben pedidos de ayuda, tanto del ámbito privado como de la justicia, para asistir a mujeres en situaciones extremas de violencia.
En cuanto al ámbito escolar, expresó su preocupación por la naturalización de la violencia, especialmente en los noviazgos adolescentes. Como el programa no se está llevando adelante en las escuelas, el Consejo resolvió trasladar las actividades a otros espacios. Contó que comenzaron el viernes previo a sus declaraciones en la sede del organismo, donde muchos estudiantes dejan cartas y mensajes relatando sus historias y experiencias.
El decreto se fue sancionado en junio
La eliminación de la obligatoriedad se formalizó mediante el Decreto 436/2025 (DECTO-2025-436-APN-PTE) del Poder Ejecutivo Nacional. El texto derogó el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los establecimientos del país —públicos o privados, y de nivel primario, secundario y terciario—, garantizando al menos una edición por ciclo lectivo. Ese artículo asignaba al Ejecutivo Nacional la responsabilidad de llevarla adelante.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, también derogó los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, lo que implicó la disolución del Observatorio de la Educación Vial.
El Decreto 436/2025 fue firmado en Buenos Aires el 26 de junio de 2025 y publicado en el Boletín Oficial al día siguiente. Entró en vigencia el 28 de junio, tal como establece su propia reglamentación.
El Gobierno Nacional justificó la derogación apelando a criterios de eficiencia administrativa, reducción del gasto y reorganización de competencias educativas. Argumentó que la medida buscó optimizar recursos y achicar la estructura estatal para disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas. También sostuvo que las duplicaciones y responsabilidades superpuestas afectan la eficiencia en la gestión y el uso racional de los recursos.
Según el propio Ejecutivo, la decisión se enmarca en lo dispuesto por la Ley 27.742, que declaró la emergencia pública y habilitó reformas destinadas a una administración más ágil, eficiente y transparente.