EL CÓDIGO DE AGUAS, LA LEY DE LA DICTADURA VIGENTE EN SAN JUAN
A casi 50 años del golpe de Estado de 1976, en San Juan el acceso a aguas de riego continúa administrándose con una ley de la dictadura. ¿Cómo impacta esto en la actualidad?
San Juan es una provincia desértica. Sus reservas de agua representan menos del 5% de la superficie total de su territorio y está condicionada por sequías cada vez más recurrentes y severas que amenazan su producción agrícola. En este contexto, el acceso a un recurso tan codiciado como el agua ha sido un lugar histórico de disputa de poder.
La vigente ley que administra este recurso es conocida como Código de Aguas y fue promulgada durante la última dictadura cívico-militar. En 1978, con la Legislatura Provincial cerrada, el interventor militar de la provincia convocó a un reducido grupo de regantes provenientes del conservadurismo sanjuanino. En la casa de uno de ellos, sin más que un grupo de abogados, se gestó la ley que marcaría la fortuna de algunos grandes productores y la sentencia de muerte para otros más pequeños.
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Este Código estableció la permanencia de todas las concesiones de riego previas, es decir, que aseguró el derecho a riego de los propietarios de tierras. También se prohibió al Estado el otorgamiento de nuevas concesiones, excluyendo a pequeños productores agrícolas del acceso al agua de riego.
Además, la ley impuso un coeficiente único de riego. En otras palabras, el Departamento de Hidráulica debe entregar a los regantes el agua al mismo tiempo, pero no todos los productores cultivan lo mismo ni riegan en la misma época. En consecuencia, los cronogramas de riego se ordenan en favor del cultivo mayoritario, en este caso la vid, y en detrimento de la producción de olivos, tomates, pistacho, etc. que deben adaptarse forzadamente.
En los últimos años ha tomado fuerza el debate ambiental. En 2024 el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido (CIGGIA), que está integrado por especialistas del INTA, la UNSJ e INA, publicó un informe crítico con el Código de Aguas. Allí, el CIGGIA argumentó que “la mitad del agua distribuida por los canales se envía en un momento en que los cultivos implantados no la requieren” y calculó que en cinco años San Juan tuvo una pérdida de agua equivalente a 4,5 diques de Ullum llenos.
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¿Quién gobierna el agua en San Juan?
La toma de decisiones sobre la administración del agua recae en tres consejeros que obran con privilegios económicos, no son elegidos democráticamente y están avalados por el Código de Aguas de la dictadura. Se trata de los representantes de los regantes en el Consejo de Hidráulica, el órgano máximo encargado de gestionar el riesgo en la provincia.
Los consejeros regantes son votados por las Juntas de Riego, pero nada es tan democrático como parece. El artículo 69 de la Ley del Departamento de Hidráulica establece que el derecho a voto de las personas con concesiones de riego depende de la cantidad de hectáreas que posee.
Además, el artículo 20 de la Ley establece las competencias de los consejeros, entre ellas la fijación del canon de riego y las tasas de servicios. Esto quiere decir que los mismos regantes deciden el precio de lo que pagan.
La Ley también dice que el Departamento de Hidráulica debe ser autosustentable. Sin embargo, según Diario Huarpe, en 2022, los regantes solo aportaron 6,8% del presupuesto. Por lo que más del 80% del presupuesto de Hidráulica, que es utilizado para realizar limpiezas, mejoras y obras que benefician a los regantes, es financiado por el sector público.
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Este es el modelo de gestión de agua que dejó la dictadura. Un sistema cerrado a la participación democrática, que privilegia a una casta de grandes productores viñateros, fomenta el monocultivo de la vid por sobre otras producciones y deja vaciar los diques.
El comunicado completo del CIGGIA:
