El apoyo de diputados sanjuaninos a la reforma laboral que avanza entre promesas de inversión y amenazas de judicialización
Un proyecto para cumplir con el sector empresarial, que retoma antecedentes de flexibilización aplicados en otros países, recorre ahora su tramo final en el Senado y reabre el debate sobre el impacto en los derechos laborales.
El 19 de febrero, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza. Fuera del recinto y desde la mañana, miles de manifestantes se concentraron en rechazo al proyecto de ley. Al inicio de la sesión, la presencia de los diputados que responden a gobernadores dialoguistas (como los orreguistas Carlos Jaime y Nancy Picón) fueron determinantes para dar quórum.
La sesión se dio en el medio de un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el cuarto durante la presidencia de Javier Milei. Según un informe de Chequeado, casi 22 mil empresas cerraron entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, lo que se traduce en 290 mil puestos de trabajo perdidos en dos años.
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Entre los puntos más controvertidos de la reforma laboral, se encuentran la prevalencia de los contratos entre empresa y trabajadores individuales por encima de los acuerdos colectivos; la reducción del derecho a huelgas en servicios considerados esenciales; y la posibilidad de extender la jornada laboral a hasta 12 horas.
Si bien en San Juan la CGT no convocó a manifestar, organizaciones de izquierda realizaron una vigilia en la Plaza 25 de Mayo.
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Con la media sanción en Diputados, el proyecto vuelve ahora al Senado. Allí se definirá si el oficialismo consigue la aprobación definitiva o si la oposición logra introducir nuevos cambios. En el medio, sindicatos anticipan posibles presentaciones judiciales.
El texto había llegado desde el Senado, pero Diputados eliminó uno de los artículos más cuestionados —el artículo 44, que habilitaba recortes salariales durante licencias por enfermedad— un cambio que fue decisivo para construir mayoría. Esa alteración obliga a que la iniciativa vuelva a la Cámara alta, donde los senadores deberán aceptar o rechazar las modificaciones.
El oficialismo defendió la iniciativa como un paso hacia la “modernización” del mercado laboral y una herramienta para promover el empleo formal, mientras que la oposición la cuestionó por considerar que implica un retroceso en derechos históricos.
Julia Strada, legisladora de Unión por la Patria, declaró públicamente que desde UxP exigirán la inconstitucionalidad de la reforma, por considerarla contraria al artículo 14bis de la Constitución Nacional.
El voto de los sanjuaninos en la Cámara
En el caso de San Juan, la votación dejó expuesta la grieta política local. Acompañaron el proyecto José Peluc y Abel Chiconi, ambos de La Libertad Avanza, junto a Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime, del espacio Producción y Trabajo. En contra votaron Jorge Chica y Cristian Andino, representantes de Unión por la Patria.
Durante el debate, Peluc defendió la reforma al plantear que el sistema laboral argentino se volvió rígido y expulsivo, y que las pequeñas y medianas empresas necesitan reglas más previsibles para contratar. En esa línea, sostuvo que el esquema actual desalienta el empleo formal y expone a los empleadores a litigiosidad excesiva.
Desde Producción y Trabajo, Picón argumentó que la actualización del régimen busca generar condiciones para atraer inversiones y que el desafío es equilibrar protección con creación de empleo.
¿Por qué apoyamos el Régimen de Modernización Laboral?
— Nancy Picón (@NancyPicn2) February 20, 2026
Nuestra decisión de votar a favor de este proyecto se fundamenta en la necesidad de transformar una realidad crítica: actualmente, el 45 % de la población activa trabaja en la informalidad. El marco normativo vigente, que… pic.twitter.com/DgdMQ5B3BP
En la vereda opuesta, Chica cuestionó el impacto de la reforma sobre los trabajadores y advirtió que varios artículos alteran principios básicos de estabilidad y negociación colectiva. Andino también manifestó su rechazo al señalar que la iniciativa favorece a los sectores empresarios en detrimento de los asalariados y que el Congreso no puede avanzar en recortes de derechos en un contexto de caída del poder adquisitivo.
🚫 No es moderna. No genera empleo.
— Cristian Andino (@andinocristian) February 20, 2026
Hoy fui claro en el recinto: esta “reforma laboral” repite recetas que ya fracasaron en los 90 y en 2001. Más precarización, menos derechos.
El trabajo se crea con producción y desarrollo, no quitando derechos.
Comparto mi intervención en la… pic.twitter.com/O4reu8hlkg
Los cambios introducidos en Diputados
En el paso por la Cámara de Diputados de la Nación, la reforma laboral no salió intacta respecto del texto que había llegado con media sanción del Senado de la Nación. La modificación más relevante fue la eliminación total del artículo que habilitaba reducciones salariales en casos de licencias prolongadas por enfermedad o accidente, un punto que ya había sido atenuado en el Senado pero que en Diputados terminó directamente suprimido para garantizar los votos necesarios.
Además, la Cámara baja introdujo precisiones en el capítulo de indemnizaciones. Si bien se mantuvo el criterio de un mes de sueldo por año trabajado, Diputados reafirmó que determinados conceptos no mensuales —como aguinaldo, premios o adicionales no habituales— no integrarán la base de cálculo, y ratificó la posibilidad de que las sentencias por despido puedan abonarse en cuotas, con actualización por inflación más una tasa adicional.
En materia de negociación colectiva, el proyecto que vuelve ahora al Senado consolida el fin de la ultraactividad plena de los convenios colectivos, estableciendo que, una vez vencidos, no se prorrogarán automáticamente en todos sus términos.
También mantiene la descentralización de la negociación, habilitando acuerdos por empresa o región con mayor margen de autonomía. Diputados no alteró el núcleo de esos artículos, aunque introdujo ajustes de redacción para limitar interpretaciones amplias.
En el capítulo sindical y de huelga, la Cámara baja sostuvo la ampliación de actividades consideradas servicios esenciales o trascendentales, obligadas a garantizar prestaciones mínimas durante medidas de fuerza. Tampoco revirtió los cambios vinculados a asambleas en lugares de trabajo, cuotas solidarias ni a la regulación de bloqueos, que pasan a tipificarse como faltas graves si impiden la libertad de trabajo de terceros.
De este modo, el texto que ahora deberá tratar nuevamente el Senado conserva el corazón de la reforma. La diferencia sustancial respecto de lo que había salido de la Cámara alta es, principalmente, la eliminación del artículo sobre recortes salariales por enfermedad y algunos ajustes técnicos en la redacción de indemnizaciones y actualización de créditos laborales.
Será el Senado el que defina si acepta estos cambios y convierte el proyecto en ley o si insiste en su versión anterior, en cuyo caso la discusión legislativa podría reabrirse. Sin embargo, se espera que los senadores apruebe las modificaciones y conviertan la reforma en ley, ya que el Gobierno nacional espera promulgarla antes del inicio de las sesiones ordinarias, es decir antes de marzo de este año.
¿Posible judicialización?
El secretario general de la Jorge Sola, titular de la CGT, fue contundente al definir la estrategia que seguirán desde la central obrera luego de que el proyecto sea ley. “La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales”, afirmó Sola en una entrevista.
En paralelo, juristas y laboralistas consultados por medios señalan que, más allá de la oposición política, el propio texto aprobado podría desencadenar una ola de juicios laborales, pese a que desde la Oficina del Presidente festejaron que la normativa va a terminar con la «industria del juicio laboral». Los juristas expresaron que pueden haber reclamos de inconstitucionalidad o por conflictos derivados de la nueva redacción de artículos sobre indemnizaciones, derecho de huelga y otros puntos centrales de la relación laboral.
Durante y después del debate por la reforma laboral, Julia Strada, una de las voces más críticas del bloque Unión por la Patria, volcó públicamente su rechazo no solo al proyecto sino también las estrategias que, según ella, rodean su aprobación. Strada calificó la reforma como “un recorte de derechos laborales” y sostuvo que se presenta en un contexto donde el Gobierno “ya tiene su mega DNU, una ley ómnibus, un presupuesto de ajuste, dos salvatajes financieros y una reforma tributaria próricos encubierta”.
En el mismo tono, Strada denunció que el proyecto incluye medidas como la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) con recursos de la ANSES que, en su lectura, constituyen “un manotazo a la caja de los trabajadores” y financian despidos con fondos previsionales, a lo cual agregó que esa lógica “es un escándalo”.
Strada también expresó que la reforma incluye capítulos que introducen modificaciones tributarias, algo que va en contra de la Constitución Nacional ya que la única cámara autorizada a implementar cambios en materia impositiva es la de Diputados. Es por ello que la legisladora aseguró que trabajan en una denuncia por inconstitucionalidad junto con otros referentes de la oposición.
Una reforma laboral para cumplir con Donald Trump
Tras el salvataje financiero de Donald Trump a la Argentina en la previa de las Legislativas 2025, el mandatario del norte aseguró que uno de los requisitos para continuar la tutela estadounidense era un buen resultado de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término. “Si él pierde, no seremos generosos con Argentina”, advirtió. Finalmente La Libertad Avanza fue el espacio ganador de la pulseada electoral.
Sin embargo, poco se habló de otro de los condicionamientos para la Argentina: que el país cumpla con “buenas políticas”, según dijo Scott Bessent, presidente del Tesoro estadounidense. Desde la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, los empresarios exigieron al Gobierno una “reforma laboral urgente”. La administración norteamericana siguió de cerca el proceso electoral, ya al sumar escaños libertarios en el Congreso, LLA pudo avanzar con la reforma laboral incluida en su paquete de “reformas de segunda generación”.
En un acto realizado en la fábrica Sidersa, en San Nicolás, el Presidente Javier Milei sostuvo que la próxima reforma laboral haría que “más empresas se animen a invertir en Argentina”.
En EEUU definitivamente lo ven con buenos ojos: multinacionales estadounidenses en el país a bajo costo y sin riesgo.
El interés de compañías estadounidenses viene creciendo, especialmente en sectores estratégicos como energía, minería y economía del conocimiento. Firmas como ExxonMobil ya tienen presencia consolidada en Vaca Muerta, mientras que Chevron mantiene operaciones y alianzas en el país desde hace más de una década.
En minería, compañías vinculadas a capitales estadounidenses —y fondos de inversión con sede en Estados Unidos— siguen de cerca el desarrollo del litio y el cobre, dos minerales clave para la transición energética global.
En el caso del litio, empresas como Livent (ahora fusionada con la australiana Allkem bajo el nombre Arcadium Lithium) ya operan en el noroeste argentino, mientras que gigantes tecnológicos como Tesla y fabricantes de baterías mantienen interés estratégico en asegurar suministro regional, aunque no operen directamente minas en el país.
En paralelo, fondos de inversión y proveedores tecnológicos de Estados Unidos siguen de cerca el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que promete estabilidad fiscal y cambiaria a largo plazo.
El auge minero aparece como uno de los motores que el Gobierno pretende potenciar con un esquema laboral más flexible. En cobre —clave para San Juan— aparece McEwen Mining, que si bien es canadiense, cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y tiene fuerte participación de capital estadounidense. Su subsidiaria McEwen Copper desarrolla el proyecto Los Azules en San Juan, uno de los mayores proyectos de cobre sin desarrollar del mundo.
Desde la mirada de inversores estadounidenses, una reforma laboral que reduzca litigiosidad, limite costos asociados a despidos y amplíe márgenes de negociación por empresa es vista como un factor de previsibilidad. Pero sectores sindicales y opositores advierten que la reducción de protecciones no garantiza por sí misma un cambio estructural en la matriz económica.
El resultado, como en experiencias previas de Argentina y otros países, dependerá menos de la letra aislada de la ley y más del contexto en el que se aplique.
Antecedentes en nuestro país y en el mundo
Para entender el alcance de la reforma laboral que ahora vuelve al Senado de la Nación, conviene mirar hacia atrás. Argentina ya atravesó otros intentos de reconfigurar su régimen de trabajo, y la experiencia comparada muestra impactos dispares según el contexto económico, la estructura productiva y la fortaleza sindical.
En los años noventa, durante la presidencia de Carlos Menem, se avanzó con un paquete de flexibilización laboral que incluyó contratos temporales, reducción de aportes patronales y cambios en indemnizaciones. La lógica era similar a la que hoy esgrime el oficialismo: bajar el “costo laboral” para estimular el empleo formal y atraer inversiones.
Sin embargo, distintos estudios académicos posteriores concluyeron que el empleo creció más por el ciclo económico y la apertura comercial que por la reforma en sí, mientras que la informalidad y la precarización aumentaron en varios sectores.
A comienzos de los 2000, tras la crisis de 2001, el Congreso aprobó la derogación de buena parte de esa normativa. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, se reforzó el rol de la negociación colectiva, con fuerte recuperación salarial en un contexto de crecimiento económico. En esos años se consolidó una matriz productiva apoyada en consumo interno, industria protegida y expansión del empleo formal, aunque con persistencia estructural de informalidad cercana al 30%. De acuerdo a datos de Chequeado, durante estos gobiernos se crearon 216.586 empresas.
Más recientemente, bajo la gestión de Mauricio Macri, hubo intentos de reforma laboral más acotados que no prosperaron en el Congreso, pero sí se impulsaron cambios sectoriales (como el convenio petrolero en Vaca Muerta) con mayor flexibilidad horaria y productiva. En ese caso, el impacto estuvo más asociado a acuerdos específicos por rama que a una transformación sistémica del régimen laboral.
A nivel internacional, el caso más citado es el de España, que en 2012 aprobó una profunda reforma bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Allí se priorizó la negociación por empresa sobre la sectorial, se facilitó el despido y se limitó la ultraactividad de convenios, puntos que hoy reaparecen en la discusión argentina.
España logró reducir su tasa de desempleo en los años posteriores, pero los propios organismos oficiales reconocieron que creció el empleo temporal y la rotación, consolidando un mercado laboral más flexible pero también más precario. Una década después, el gobierno de Pedro Sánchez modificó parte de esa normativa para reforzar la estabilidad contractual.
Otro antecedente es Brasil, que en 2017, bajo la presidencia de Michel Temer, implementó una reforma que priorizó acuerdos individuales y por empresa sobre convenios colectivos, habilitó mayor tercerización y flexibilizó jornadas. El impacto fue mixto: se incrementó el empleo formal en algunos sectores, pero también creció el trabajo intermitente y la informalidad no cayó de manera significativa. Estudios del propio Ministerio de Trabajo brasileño mostraron que la recuperación del empleo estuvo más vinculada al rebote económico que a la reforma estructural.
En Chile, las reformas laborales han tenido una lógica diferente: en 2016, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, se fortaleció la negociación colectiva y el derecho a huelga. El objetivo fue equilibrar poder entre empresas y sindicatos. El empleo no se desplomó tras esos cambios, lo que abrió un debate regional sobre si mayor protección necesariamente implica menor dinamismo productivo.
La evidencia comparada sugiere que las reformas laborales por sí solas no transforman la matriz productiva. En países donde hubo crecimiento sostenido, la flexibilización estuvo acompañada por inversión, crédito y mayores exportaciones. Donde esos factores no existieron, la flexibilización tendió a traducirse en mayor rotación y precariedad sin aumentos en la productividad.