Domesticar la cordillera: El camino privado de Los Azules, la convivencia con el Río Calingasta y las limitaciones del Estado

Para llegar campamento del proyecto de cobre Los Azules, en Calingasta, hay que seguir una huella que sube, baja, serpentea y cruza varias veces el cauce del Río Calingasta. Durante buena parte del recorrido, el río parece un obstáculo menor. Su caudal habitual es modesto y representa menos del 10% del volumen de cursos mayores como el Río Blanco o el Río Los Patos. La Mecha viajó y presenció en primera persona el imponente paisaje y las vicisitudes del camino. 

Pero la montaña está acumulando agua para los próximos meses. El invierno estuvo marcado por una sucesión de temporales y temperaturas bajo cero que dejaron paredes de nieve de hasta seis metros de altura. A fines de mayo, el fenómeno obligó incluso a evacuar el campamento base Candadito. Una situación de estas características no se registraba en la zona desde hacía casi 40 años.

Ahora comienza otra etapa. El deshielo empezará a hacerse visible hacia fines de octubre y durante noviembre, pero el mayor volumen de agua se espera entre diciembre y enero.

La escala proyectada es considerable. Mientras los máximos históricos de la última década en el Río San Juan rondaban los 45 m³/s, las estimaciones de la empresa minera plantean que los caudales del sistema podrían llegar a 600 m³/s o más. Para una huella que cruza varias veces los cursos de agua, la diferencia no es un dato menor. Obliga a revisar cruces, alcantarillas y obras de conducción.

Dos modelos de acceso: la diferencia entre El Pachón y Los Azules

En la cordillera, un camino nunca es solamente un camino. También define quién puede pasar, bajo qué condiciones y quién se hace cargo cuando la nieve, el hielo o un aluvión lo borran del mapa.

En Calingasta, esa discusión tiene un antecedente reciente. El proyecto El Pachón, operado por Glencore, quedó en el centro de una controversia después de la instalación de una tranquera metálica con candado a la altura del arroyo Laguna Blanca, sobre la Ruta Provincial 402.

Vecinos, productores y guías de pesca denuncian que el bloqueo interrumpe el acceso público a unos 90 a 100 kilómetros del Río Blanco sobre una vía incluida en el nomenclador vial de San Juan, en la cartografía del Instituto Geográfico Militar y en el geoportal oficial UNIDE. La empresa sostiene, en cambio, que se trata de un camino privado amparado en servidumbres mineras otorgadas décadas atrás.

El conflicto deja expuesto un problema más amplio. Mantener una huella abierta en la alta montaña no es sencillo ni barato. La Dirección Provincial de Vialidad ha reconocido sus restricciones operativas para realizar un mantenimiento regular en estas geografías, donde cualquier intervención depende del clima, la topografía y la disponibilidad de maquinaria.

Por eso, en determinados sectores, el capital privado termina ocupando un lugar que el Estado no siempre puede cubrir. Una empresa con maquinaria y recursos puede reabrir un camino después de una avalancha o un aluvión y sostenerlo operativo durante buena parte del año. En la práctica, la infraestructura necesaria para llegar a una mina puede terminar siendo también la que permite que otros actores sigan entrando a la montaña.

El problema aparece cuando esa infraestructura queda bajo reglas que las comunidades desconocen o cuando el acceso se restringe sin una explicación suficiente. La experiencia de El Pachón alimenta esa desconfianza. Cuando una empresa administra un territorio al que el resto de la sociedad tiene un acceso limitado, la falta de información puede abrir preguntas que van mucho más allá de una tranquera. Qué se hace allí adentro, qué se controla y quién controla.

Es una discusión que también toca la llamada licencia social de la minería. La confianza no depende solamente de cuánto se invierte o de cuántos puestos de trabajo genera un proyecto. También se construye a partir de reglas visibles, información disponible y mecanismos de control que permitan conocer qué ocurre en territorios donde la presencia estatal es limitada.

En ese punto, la participación privada y el control público no necesariamente tienen que funcionar como fuerzas opuestas. Una empresa puede aportar la infraestructura que el Estado no tiene capacidad de sostener, pero el Estado conserva la responsabilidad de establecer las reglas, fiscalizar y garantizar que la información sobre esos espacios no quede encerrada detrás de una tranquera.

Los Azules busca moverse dentro de ese esquema. El tramo que comienza en el kilómetro cero no es una ruta convencional de libre tránsito. Se trata de una servidumbre de paso regulada por la ley minera sobre terrenos pertenecientes a distintos propietarios particulares. El mantenimiento está a cargo de la empresa mediante un convenio firmado con Vialidad Provincial.

El acceso, sin embargo, no está cerrado. El camino se encuentra habilitado para actividades comunitarias, productivas y recreativas, entre ellas la pesca deportiva y la circulación de puesteros con ganado. Para ingresar hay que cumplir un estricto protocolo de seguridad y autorización previa.

• Acreditación y permisos: Los pescadores deben contar con el carné habilitante de la provincia y coordinar su ingreso a través de la Asociación de Pesca con Mosca. Por su parte, los ganaderos y puesteros deben presentar el permiso de los dueños de las tierras para ingresar a las quebradas.
• Controles en el Km 0: Se efectúa un registro de seguridad en el ingreso base para verificar autorizaciones y condiciones de tránsito.
• Protocolo de comunicación en huella angosta: Al tratarse de un camino de montaña estrecho, con sectores de trocha reducida y riesgo constante de avalanchas, todos los vehículos autorizados deben circular con radio y reportar obligatoriamente su posición cada 5 kilómetros en la frecuencia habilitada para prevenir accidentes o choques con maquinaria y ganado.

El uso hídrico

El agua introduce otra dimensión en la discusión. La misma cordillera que durante el invierno quedó cubierta de nieve será, durante el verano, la fuente de una crecida extraordinaria. Para Los Azules, eso implica dos problemas que avanzan al mismo tiempo. Hay que convivir con el agua que baja de la montaña y, a la vez, definir de dónde obtener el recurso necesario para la operación.

Ramiro Cascón, jefe de Soluciones Hídricas, explica que una parte del agua se utiliza para el riego periódico de la huella y así mitigar el polvo generado por el tránsito. Los camiones regadores realizan esa tarea con permisos temporarios anuales otorgados por la autoridad ambiental y mediante el pago de un canon por metro cúbico extraído.

La empresa también tramita solicitudes de concesión formal para captaciones en la cuenca del Río Blanco, en el sector del Río de las Salinas, y en puntos del sector sur de la cuenca del Río Castaño.

El proyecto contempla además un esquema de extracción subterránea distribuido en múltiples pozos de bajo caudal. Cada uno aportaría alrededor de 10 litros por segundo, aproximadamente la quinta parte de lo que extrae habitualmente un pozo agrícola con riego convencional. La idea, según Cascón, es evitar concentrar grandes volúmenes de extracción en un mismo punto y mantener la estabilidad de los niveles freáticos.

Facundo Vita, jefe de Relaciones Comunitarias y exdirector del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido (CIGIAA), puso el foco en el carácter extraordinario de las nevadas. Se trata de un episodio atípico dentro de una tendencia más extensa, que los registros de los últimos 100 años muestran cómo decreciente en los derrames de los ríos andinos.

La nieve que hoy parece abundante, entonces, no elimina la discusión sobre la escasez. Apenas modifica el escenario de una temporada. Para Vita, el desafío sigue siendo establecer una política de uso del agua que tenga al consumo humano como prioridad y que, al mismo tiempo, mejore la eficiencia en actividades como la agricultura, el turismo y la minería.

En esa mirada también aparece una discusión sobre qué queda después de una inversión. Vita sostiene que el compromiso de Los Azules no debería limitarse a la infraestructura necesaria para el proyecto, sino incluir también capacidades que permanezcan en el territorio. La transferencia de conocimiento técnico y el desarrollo de infraestructura hídrica, plantea, pueden fortalecer a las comunidades de Calingasta en el largo plazo.

En la cordillera, donde los caminos desaparecen bajo la nieve y los ríos pueden multiplicar varias veces su caudal en cuestión de semanas, la relación entre empresa, Estado y comunidad termina siendo parte de la infraestructura. No alcanza con llegar. También hay que establecer cómo se transita, quién controla, cómo se utiliza el agua y qué información queda disponible para quienes viven alrededor del proyecto.