¿Cuánto puede gastar el Gobierno sin licitar? Los nuevos topes de la obra pública en San Juan
El Ejecutivo provincial fijó límites para contratación directa, concursos y licitaciones privadas, con vigencia durante todo 2026 y ajustes por inflación.
El Gobierno de San Juan estableció nuevos montos máximos para la adjudicación de obras públicas en la provincia. La medida reglamenta la Ley de Obras Públicas Provincial N° 128-A, que habilita al Poder Ejecutivo a fijar cada año los topes presupuestarios de acuerdo con el tipo de contratación.
El Decreto Reglamentario N° 0010-2025 fue emitido el 29 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial el 8 de enero de 2026. El texto lleva la firma del gobernador Marcelo Orrego y del ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea Fontivero.
Los nuevos montos tendrán vigencia durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de ese mismo año.
El decreto fija los siguientes límites para las distintas modalidades de adjudicación: la contratación directa tendrá un tope de $280.000.000 (280 millones de pesos); el concurso de precios, hasta $600.000.000 (600 millones); y la licitación privada, hasta $1.100.000.000 (1.100 millones de pesos).
Según se explica en los considerandos, la actualización responde a la actual coyuntura económica y al incremento sostenido de los precios, lo que volvió necesario revisar los valores fijados en el Decreto Reglamentario N° 0009-2024.
Las autoridades señalaron que las obras públicas de menor escala —en particular las destinadas a escuelas, centros de salud y edificios públicos— suelen requerir respuestas rápidas en materia de infraestructura, algo que estos mecanismos de contratación facilitan cuando el presupuesto no supera los topes establecidos.
En ese marco, en los últimos días se conoció que el Gobierno de San Juan anunció en el Boletín Oficial una inversión millonaria para el instituto de menores Nazario Benavídez, ubicado en el departamento Zonda. El llamado a licitación pública está previsto para el 15 de enero y contará con un presupuesto oficial de $1.019.165.270,47, destinado a obras de iluminación, pavimentación de calles internas y mantenimiento de los servicios.
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En el régimen de obra pública, la licitación pública es la regla y no la excepción. Es el mecanismo que obliga al Estado a abrir la competencia, publicar condiciones y permitir que cualquier empresa que cumpla los requisitos pueda presentar una oferta. Su lógica es simple: más publicidad, más competencia y, en teoría, mejores precios y mayor control sobre el uso de los recursos públicos.
La licitación privada, en cambio, forma parte del menú de excepciones que la propia ley contempla. Se aplica cuando existen razones fundadas —como montos acotados, urgencias operativas o características técnicas particulares— y habilita al Estado a invitar a un número limitado de oferentes. No es, por sí misma, una práctica irregular. Sin embargo, cuanto más altos son los topes que permiten evitar la licitación pública, mayor es el margen de discrecionalidad administrativa y más relevante se vuelve la obligación de justificar cada excepción.
