Alejandra Monteoliva asume como ministra de Seguridad: su rol en la huelga policial en Córdoba y la continuidad de la «doctrina Bullrich»
La transición en Seguridad ocurre tras una gestión atravesada por medidas de alto impacto y episodios que aún generan debate en la opinión pública.
El gobierno de Javier Milei anunció el 22 de noviembre de 2025 la designación de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad Nacional, en reemplazo de Patricia Bullrich, quien dejará el cargo para asumir una banca en el Senado.
Su nombramiento no está exento de controversia: Monteoliva fue ministra de Seguridad en Córdoba en 2013, durante el gobierno de José Manuel de la Sota, cuando un motín policial derivó en acuartelamiento, saqueos y caos social. La crisis fue una de las más graves en la historia reciente de esa provincia, y Monteoliva renunció después de que el orden fuera restablecido.
Según el comunicado oficial de la Casa Rosada y las propias declaraciones de Bullrich, su línea continuará en la “doctrina Bullrich”: un enfoque de mano dura, prioridad en la lucha contra el narcotráfico, gestión criminal y organizaciones “terroristas/criminales”, y mantener “reglas claras”. La ministra saliente la definió como una pieza fundamental de su equipo y expresó plena confianza en que Monteoliva seguirá con ese rumbo.
La renuncia de Patricia Bullrich no fue por un conflicto interno de gestión, sino por una transición institucional programada: Bullrich fue electa senadora por la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, y debe asumir su banca el 10 de diciembre, por lo que dejará la cartera.
Este no fue el único recambio: el militar Carlos Alberto Presti reemplazará a Luis Petri en la cartera de Defensa. Su padre, Roque Presti, estuvo imputado por crímenes de lesa humanidad contra 44 personas. Es la primera vez que un militar ocupa el cargo de ministro desde el retorno de la democracia.
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En diciembre de 2013, cuando Monteoliva era ministra de Seguridad de Córdoba, la policía provincial se acuarteló y dejó a la provincia sin presencia en las calles. La ausencia de control generó robos, saqueos y ataques a comercios y viviendas. La crisis produjo que finalmente Monteoliva presentara su renuncia.
Durante un juicio posterior al acuartelamiento, Monteoliva declaró que intentó comunicarse con autoridades nacionales —incluso con el secretario de Seguridad de entonces, Sergio Berni— para pedir intervención, pero no obtuvo respuesta. Según ella, cuando finalmente se autorizó, las fuerzas federales (Gendarmería) llegaron cuando el conflicto ya estaba prácticamente resuelto.
Monteoliva también afirmó en esa declaración judicial que detrás del acuartelamiento policial pudo haber habido “una mano azul, con y sin uniforme”, lo que sugeriría intereses ocultos que habrían alimentado la protesta para escalar el conflicto. Ella lo vinculó con auditorías internas a la policía, insinuando que algunos sectores de la fuerza se resistían a ser investigados.
Durante su gestión, Monteoliva minimizó denuncias de complicidad entre policías y narcotráfico. Afirmó que muchos de esos reclamos eran inflados por los medios y la opinión pública. Esa postura generó críticas desde la oposición, que la acusó de encubrir un problema institucional profundo.
Años después, Monteoliva misma reconoció que la formación policial en Córdoba era “deficiente” y que el problema no era solo de capacitación técnica, sino de “doctrina policial”: según ella, faltan valores, convicciones y una cultura institucional adecuada. También sostuvo que la corrupción policial no es solo cuestión de agentes individuales, sino una falla institucional más amplia.
La mano dura
Patricia Bullrich dejó la Secretaría de Seguridad con una gestión definida por la firmeza operativa y el control del orden público que generó episodios que causaron controversia por el uso excesivo de la fuerza.
Durante su mandato se impulsó y reglamentó lo que pasó a conocerse como el protocolo “antipiquetes”, diseñado para regular la actuación frente a cortes y protestas y defendido por el oficialismo como una herramienta para preservar la circulación y la seguridad pública. Opositores, organizaciones de derechos humanos y académicos lo leyeron como una carta blanca para la represión de movilizaciones.
Esa tensión se expresó con especial crudeza en las movilizaciones de jubilados de todos los miércoles de 2025, donde las fuerzas federales desalojaron manifestaciones con gas, balas de goma y vehículos, en operaciones que organizaciones internacionales y ONG calificaron de desproporcionadas.
Los casos más emblemáticos que marcaron la evaluación pública de su gestión fueron la lesión grave del fotoperiodista Pablo Grillo —alcanzado en la cabeza por un proyectil durante una protesta frente al Congreso— y la polémica narrativa oficial que en algunos momentos intentó responsabilizar a manifestantes o a terceros por el desenlace, mientras familiares, colegas y medios internacionales documentaban que el disparo había violado protocolos básicos de uso de armas no letales.
La conmoción por ese episodio —y la defensa pública que Bullrich hizo del accionar de la Gendarmería— tensó aún más el debate sobre los límites de las fuerzas de seguridad. La exministra de Seguridad aseguró en ese momento que “el gendarme tiró como tenía que tirar” y aseguró que “la bala no salió en horizontal”.
Esa versión oficial ha sido contradicha por pericias balísticas: según un peritaje de la Policía de la Ciudad, el disparo que hirió a Pablo Grillo fue horizontal, algo que va en contra de los ángulos permitidos por el manual de uso (45° hacia arriba o entre 30° y 45° hacia abajo).