Acuerdo a medias tintas entre Nación y universidades nacionales: Con aceptación parcial en San Juan, continuarían las medidas de fuerza
Tras semanas de negociación, se prevé un acuerdo entre las universidades nacionales y el Ejecutivo nacional. Sin embargo, continúa la batalla judicial por el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario.

Después de más de dos años, cuatro marchas masivas, la Ley de Financiamiento Universitario y la lucha por su aplicación en la Justicia, asoma un acuerdo a medias tintas entre las universidades nacionales y el Gobierno. Tras semanas de discusión, finalmente se arribó a un posible consenso entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Hasta la semana pasada, el Gobierno, a través del subsecretario Alejandro Álvarez, exigía para acordar el retiro de la demanda en la Corte Suprema por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, esa condición resultaba inaceptable y se descartó.
En primera instancia, el acuerdo contemplaría una recomposición salarial del 24,3% para docentes y no docentes. El esquema prevé una suba del 21,33% en junio sobre los salarios vigentes a mayo de 2026 y un incremento adicional del 3% en octubre, calculado sobre los haberes de septiembre.
Desde noviembre de 2023, los salarios docentes y no docentes se devaluaron un 35% y de no haber cambios, ese número llegaría a 45% al final de este año. De allí la necesidad de mejorar las condiciones del sector en lo inmediato.
No hay que festejar como un logro lo que el Gobierno tiene que hacer porque es su deber. Esto no tiene por qué interferir en la Justicia.
Laura Saavedra – SiDUNSJ
Además de la actualización salarial, el borrador incluye un aumento del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas desde junio, un refuerzo de $50 mil millones para hospitales universitarios (que acumulan una deuda de aproximadamente $80 mil millones en lo que va del año) y una suba del50% en las Becas Manuel Belgrano (congeladas en $81 mil pesos hace más de dos años). También se establecería la convocatoria a paritarias universitarias al menos cada tres meses.
Según manifiestan rectores, gremios y sindicatos, aún si se concretara el acuerdo, la demanda judicial por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario se mantendría en pie. «La Ley no se cae y la demanda judicial que 49 rectores iniciamos contra el Gobierno nacional se mantiene vigente con las cautelares», expresó el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, en XamaTV.
En San Juan, los sindicatos universitarios abrieron la discusión hacia las bases. Desde SiDUNSJ manifiestan que más del 62% de casi 200 afiliados que contestaron la encuesta estuvieron a favor de aceptar la propuesta del Ejecutivo. A pesar de la aceptación, el 60% de los encuestados expresaron su voluntad de continuar con las medidas de fuerza. «El mandato que sale desde San Juan es la aceptación al acuerdo pero continuar con las medidas de fuerza porque no vamos a parar hasta la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario», explicó Laura Saavedra, secretaria de prensa de SiDUNSJ.
En ese sentido, por el momento, desde un amplio sector universitario sanjuanino seguiría en pie el paro de una semana completa sin asistencia a los lugares de trabajo convocado del 16 al 20 de junio. Sin embargo, todavía no hay definición nacional. En cuanto a ADICUS, el gremio se encuentra en consulta virtual a sus afiliados y tendrán asamblea para discutir las definiciones.
«No hay que festejar como un logro lo que el Gobierno tiene que hacer porque es su deber. Esto no tiene por qué interferir en la Justicia», aseguró por su parte Saavedra. «También hay miedo de que el Gobierno se va a planchar y que esto cierre. Esto no significa ningún cierre, es el comienzo de una negociación».
Por último la secretaria expresó: «Me gustaría que los trabajadores y trabajadoras interpretemos que esto es un logro conseguido a partir de la lucha pero que no implica que esto termine acá porque no vamos a parar hasta la plena aplicación de la ley».
