Acueducto Gran Tulum: un día después del bono, la Fiscalía de Baigorrí confirmó una noticia que los medios ya publicaban con nombres
El Ministerio Público informó por WhatsApp que once personas habían sido notificadas en la causa. Cuando llegó el comunicado, la novedad y las identidades ya circulaban en medios locales. El organismo no dio los nombres y reservó los detalles de la investigación hasta una eventual formalización.
El mensaje llegó por WhatsApp cerca del mediodía del viernes. Para entonces, la noticia ya estaba publicada en medios locales. Recién después, bajo el título “Comunicado Oficial del Ministerio Público de San Juan”, la Fiscalía confirmó que once personas habían sido notificadas en la investigación por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum. No dio sus nombres. Tampoco explicó qué hechos concretos investiga respecto de cada una ni cuáles son las pruebas reunidas hasta ahora.
La primera frase reconoció esa secuencia. “Ante el requerimiento de los medios de comunicación”, explicó el Ministerio Público. La comunicación oficial llegó después de las primeras publicaciones sobre uno de los movimientos más importantes registrados hasta ahora en una causa de fuerte impacto político.
El texto no tiene fecha ni identifica al funcionario responsable de su contenido. Informa que las once personas fueron notificadas de la existencia de las actuaciones y de sus derechos, entre ellos designar un abogado particular o solicitar un defensor público. También aclara que se trata de una instancia previa a una eventual audiencia de formalización y que “no implica una declaración de responsabilidad penal”.
Los “hechos adjudicados”, la calificación jurídica, el eventual grado de participación y los elementos de evidencia serán expuestos ante un juez de Garantías si la causa llega a la formalización. Después, según prometió el Ministerio Público, los fiscales hablarán públicamente.
No hay fecha para esa audiencia. Tampoco está confirmado que las once personas vayan a ser formalmente imputadas. Los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez tienen plazo hasta comienzos de noviembre para definir si avanzan con la formalización, desestiman la denuncia o disponen el archivo, según publicó la prensa local.
La reserva sobre las identidades duró poco. Ese mismo viernes, medios locales publicaron la lista de las once personas notificadas. Allí aparecen el exgobernador y actual senador Sergio Uñac, el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino y el diputado nacional Cristian Andino. Uñac y Andino aparecen, además, entre los nombres que podrían disputar la candidatura a gobernador del peronismo en 2027. También figuran los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz, Juan Carlos Caparrós y Guillermo Sirerol; el exjefe jurídico Humberto Caballero; funcionarios y técnicos vinculados con el proyecto, y Gustavo Mastelono, presidente de Krah América Latina.
No hay elementos para determinar cómo accedieron los medios a los nombres que el comunicado decidió no publicar. Sí quedó una secuencia clara. La noticia apareció primero en la prensa, después llegó la confirmación oficial y las identidades reservadas por el Ministerio Público también terminaron publicadas.
Las notas, además, dieron versiones diferentes sobre el alcance de las notificaciones. Algunos medios hablaron de personas investigadas. Otros señalaron que no todos estarían necesariamente implicados y que algunos podrían ser requeridos por su conocimiento de los hechos. El comunicado no despeja esa diferencia.
La causa comenzó en diciembre de 2025 a partir de una denuncia del abogado Marcelo Arancibia, presentada luego de publicaciones periodísticas sobre posibles irregularidades en el Acueducto Gran Tulum. La obra contó con un crédito de US$100 millones de Kuwait, acordado originalmente durante la gestión de José Luis Gioja para proyectos de agua y saneamiento.
OSSE adjudicó a Krah América Latina dos licitaciones para proveer tuberías. La primera fue en 2015, por unos 13 kilómetros. La segunda llegó en 2017, durante el gobierno de Uñac, por otros 56,7 kilómetros. Una empresa competidora cuestionó entonces características técnicas de los caños ofrecidos por Krah y advirtió que la propuesta superaba el presupuesto oficial.
La Justicia busca determinar si existieron irregularidades en la contratación y ejecución de una obra que sigue inconclusa. Entre los puntos bajo análisis están el precio y la calidad de las tuberías y el manejo de los fondos. La Fiscalía de Estado interviene como querellante para determinar si hubo un perjuicio al patrimonio provincial. A comienzos de septiembre, la Justicia allanó oficinas de Krah y secuestró documentación y equipos informáticos.
No es la primera vez que una novedad sobre el Gran Tulum aparece en una jornada complicada para el Gobierno. El 19 de marzo, medios sanjuaninos publicaron que un análisis técnico solicitado por OSSE había determinado que las tuberías no eran aptas para transportar agua potable y podían resultar tóxicas. Ese mismo día fracasó la décima negociación paritaria entre el Ejecutivo y los docentes.
Después llegaron las desmentidas. La consultora Interacción afirmó que nunca había elaborado un estudio sobre la aptitud de las cañerías. Bureau Veritas, certificadora internacional vinculada en las publicaciones con aquel análisis, informó semanas más tarde que los tubos de Krah estaban fabricados con polímeros autorizados y que las materias primas eran aptas para conducir agua potable.
Aquella coincidencia no demostró que una noticia hubiera sido utilizada para desplazar a la otra. Esta vez ocurre algo parecido con el calendario, aunque hay una diferencia importante. La información sobre las once notificaciones terminó siendo confirmada por el Ministerio Público Fiscal.
Su jefe, Guillermo Baigorrí, fue socio político de Orrego en Producción y Trabajo. Presidió el partido que integró el espacio construido por Roberto Basualdo y del que también surgió el actual gobernador. En noviembre de 2025, ya con Orrego en la Casa de Gobierno, el oficialismo impulsó su candidatura para conducir el Ministerio Público.
Baigorrí fue designado fiscal general de la Corte por la Cámara de Diputados con 25 votos a favor y 11 en contra. Llegó así a la jefatura de los fiscales de San Juan, un cargo vitalicio. Su relación política con Orrego no demuestra una intervención del Gobierno en esta causa, pero es un antecedente insoslayable para entender cómo llegó a uno de los puestos más importantes del Poder Judicial provincial.
Baigorrí también cambió la relación de los fiscales con la prensa. Eliminó los partes diarios y centralizó la difusión de las causas en el área de comunicación del Ministerio Público. En junio, la Resolución General 26/2026 profundizó ese esquema y endureció el control sobre las filtraciones. FOPEA consideró la medida un retroceso para el acceso de los periodistas a información de interés público. ADEPA también expresó su preocupación.
El sistema tuvo este viernes una prueba importante. La noticia sobre el Gran Tulum apareció primero en los medios y la confirmación institucional llegó después. El Ministerio Público no publicó las identidades, pero los nombres circularon igual.
Ese mismo día, Pizarro y Gómez se reunieron con Baigorrí para analizar el procedimiento de la causa, según publicó Tiempo de San Juan. El expediente estaba bajo la mirada del jefe de los fiscales mientras la noticia ganaba espacio en la agenda política provincial.
Veinticuatro horas antes, San Juan había concretado su regreso al mercado internacional de deuda. Al mediodía del jueves 24 de septiembre, la Provincia colocó un bono por US$600 millones, a nueve años y con un cupón del 9,55%. “El mundo confía en San Juan”, celebró Orrego.
La cobertura nacional puso el foco en el costo de la operación. El rendimiento alcanzó el 9,875%, una de las tasas más altas entre las colocaciones provinciales recientes. El tema ya estaba instalado cuando, al mediodía del viernes, apareció el mensaje del Ministerio Público.
No hay pruebas de que el comunicado haya buscado desplazar la discusión sobre la deuda ni de que el Gobierno haya intervenido en su difusión. Los dos hechos quedaron separados por menos de 24 horas. El jueves, el foco estuvo puesto en los US$600 millones y el costo financiero de la operación. El viernes, una investigación sobre una obra de la gestión anterior llevó a los medios los nombres de algunos de los principales dirigentes de la oposición.
Orrego pasó ese viernes en Buenos Aires. Se reunió en Casa Rosada con Diego Santilli, respaldó la eliminación de las PASO impulsada por el Gobierno nacional y repasó con el jefe de Gabinete la agenda entre Nación y San Juan. También tenía previsto integrar la comitiva que viajaría a París junto a Javier Milei.
El Gran Tulum tiene todavía un largo recorrido judicial. Las once personas fueron notificadas, no imputadas ni declaradas responsables. Pizarro y Gómez deberán decidir ahora si las pruebas reunidas alcanzan para llevar la investigación ante un juez.
El viernes dejó otra cuestión pendiente. Baigorrí había centralizado la comunicación de las causas para ordenar la información y controlar las filtraciones. En el Gran Tulum ocurrió al revés. Los medios dieron la noticia primero. La Fiscalía habló después. Y los nombres que decidió reservar se conocieron igual. Todo pasó un día después del bono.