A la caza de los pozos ilegales: El INA estima unas 10.000 perforaciones de agua sin registrar
Aunque la ley exige registrar cada perforación, en San Juan el INA-CRAS estima que miles de pozos funcionan por fuera de todo control estatal. Hidráulica intenta acortar la brecha entre la normativa y la realidad.
En San Juan, las reservas de agua subterránea sufren un proceso contínuo de sobre explotación. El acuífero es una suerte de “salvavidas” para productores agrícolas que no pueden garantizar el riego de sus cultivos con la dotación de aguas superficiales.
Ante esta situación, los regantes que pueden afrontar el costo financiero, recurren a la construcción de perforaciones para extraer agua subterránea. Esto supone otro problema: la falta de control estatal frente a un acuífero que ya tiene daños irreversibles.
No existen datos oficiales del gobierno, eso supone otro problema, pero investigadores del INA-CRAS y diversos organismos estiman que anualmente se extraen entre 278 y 300 hectómetros cúbicos. Este ritmo de consumo equivale gráficamente a extraer un Dique de Ullum por año de las reservas bajo tierra.
A su vez, los especialistas estiman que existen alrededor de 15.000 perforaciones en funcionamiento de las cuales aproximadamente 10.000 funcionan de manera ilegal o sin registro. El registro de Hidráulica maneja otros números, se habla de 1200 pozos en funcionamiento.
Frente a esta situación, el Consejo de Hidráulica propuso realizar un censo de perforaciones y fijó un plazo perentorio: Debe estar terminado para antes de septiembre de 2026. Esta información aparece en el Acta Nº 3.493, correspondiente a la sesión del 14 de abril de 2026.
En diálogo con La Mecha, el director de Hidráulica, José María Ginestar, explicó que intentan llevar adelante una estrategia de visibilización. Afirmó que la intención es que toda toda construcción de pozo deba exhibir obligatoriamente su cartel habilitante con el número de resolución de Hidráulica. Si un inspector detecta una torre de perforación sin dicho cartel, la instrucción es notificar y judicializar automáticamente el caso, procediendo al cegado del pozo.
El Código de Aguas establece que las aguas subterráneas pertenecen al dominio público del Estado Provincial y que está prohibida la ejecución de obras de prospección, excavación o alumbramiento sin el permiso previo de la autoridad competente – o sea Hidráulica -. La enorme distancia entre la ley y la realidad es un síntoma más de una deficiencia histórica de la institución sobre el recurso hídrico.
Ante la falta de movilidad y recursos propios para fiscalizar, Ginestar propone que los regantes actúen como sensores, alertando al inspector sobre actividades ilícitas en sus zonas. La idea es que sea el Estado quien intervenga de oficio para evitar conflictos directos entre vecinos.
Además, en el Consejo se acordó que el Presidente del organismo notifique formalmente al Departamento de Irrigación para recabar información detallada sobre el estado, ubicación y caudal de todas las perforaciones existentes.
¿Compromiso real o discursivo?
El gobernador Marcelo Orrego anunció formalmente el lanzamiento del primer relevamiento integral de acuíferos subterráneos de San Juan, en conjunto con universidades y organismos especializados. Asimismo, Ginestar confirmó que existe un compromiso firme de la provincia para financiar al INA.
El compromiso de la gestión orreguista con el agua está en lo discursivo. Sin embargo, hoy no existe una propuesta formal de financiamiento para resolver la problemática.