Diputados peronistas pidieron suspender el acuerdo entre el Estado y Vicuña por ser “cuasiextorsivo”

En agosto la Legislatura provincial aprobó un convenio entre el Estado sanjuanino y la empresa minera Vicuña Corp. El acuerdo fue fuertemente cuestionado por la oposición porque otorga a la empresa concesiones ambientales y económicas que los legisladores consideraron perjudiciales para la provincia. Por estos motivos, los diputados del interbloque “San Juan Vuelve”; Mario Herrero y Graciela Seva, presentaron un reclamo en la Defensoría del Pueblo. “No estamos en contra de la minería, pedimos que den más tiempo para analizar los pormenores del acuerdo”, señaló Herrero en el programa Rastrojero Diésel. Concretamente, pidieron una medida cautelar que suspenda la ejecución del convenio hasta que se resuelva su validez.

Los diputados cuestionan una serie de concesiones del Estado hacia la empresa: la empresa ya no se hace cargo de ciertas obras provinciales, el Estado no puede reclamar nada durante toda la vida útil del proyecto y los conflictos se dirimen en un tribunal internacional, no provincial.

El diputado señaló que el acta compromiso que llegó al recinto “de apuro”, con apenas un día hábil para analizar la documentación, sin lugar a un debate o a modificar puntos que puedan beneficiar a la provincia, de forma “cuasiextorsiva”, en la que la empresa puso las condiciones y el Estado sanjuanino aceptó. Particularmente y más allá de los tintes políticos, son 3 los puntos cuestionados al acuerdo. 

Mario Herrero tildó de “inconstitucional” el acuerdo entre el Gobierno y la empresa minera durante la sesión. Foto: Leandro Porcel / La Mecha

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El primero es el hecho de que los conflictos ambientales no serán dirimidos en la Justicia sanjuanina: serán jueces extranjeros quienes decidan. “Ya sabemos cuales son los intereses que protegen los tribunales internacionales”, sugirió Herrero. Además de eso, hay “un posible fraude a la ley”. La Ley Nacional de Ambiente señala que “la jurisdición competente para conflictos ambientales es el territorio, osea los jueces de San Juan”, señaló. 

La propia ley nacional dice que esta es una ley de orden público que está fuera del alcance de acuerdos particulares. “Vicuña y el gobierno no puede cambiar lo que dice la ley. Nuestro Código Civil y Comercial dice que cuando está de por medio el orden público y se pacta otra cosa es fraude a la ley”, agregó. 

Fabián Martín, presidente de la Cámara, escuchando los argumentos de la oposición que señalaron la “improvisación” del actual Gobierno. Foto: Leandro Porcel / La Mecha

Otro punto que enciende las alarmas es la flexibilización de obligaciones ambientales. En las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) se estipulan obligaciones de hacer para la empresa, que puedan recompensar a las comunidades por los daños causados. Con el acta, esas obras ahora quedan a cargo de la provincia. “Por ejemplo realizar obras hídricas en los departamentos de Iglesia y Jáchal para compensar el caudal de agua que ellos usan arriba”, señaló el diputado.

 Ron Hochstein (directivo de Vicuña Corp.) y Marcelo Orrego.

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Además, está claro que la actividad minera puede presentar problemas en el avance, y por eso la legislación nacional de control minero exige que cada 2 años se debe presentar una DIA y la autoridad de aplicación debe controlar y especificar qué obras deben hacerse o dónde deben invertir. Pero este acta señala que “si algo sucede, durante toda la vida útil del convenio, que se estipula en 71 años, la provincia no puede reclamar ni poner más obligaciones”, dijo el diputado. Es decir: si el día de mañana hay un problema y el Estado quiere exigir que Vicuña realice una acción para preservar el ambiente, la empresa puede no hacerlo. 

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El último punto de la presentación hecha ante la Defensoría es más técnico y refiere a la construcción de un dique de cola para el proyecto sobre el cual la UNSJ, el INA-CRAS (Instituto Nacional del Agua – Subgerencia Centro Regional de Aguas Subterráneas) y el INPRESS (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) realizaron objeciones por menor resistencia sísmica y mayor riesgo de inestabilidad.  

Mario Herrero y Graciela Seva denunciando el acta compromiso en la Defensoría del Pueblo. Foto: Gentileza

“La empresa contrató una consultora para plantear un modelo de dique de cola, un modelo aguas arriba que es el más barato y el más económico y ha generado desastres como el de la Amazonia brasileña en 2015”, señaló Herrero. 

En la presentación, los legisladores le piden a la Defensoría del Pueblo que revise la construcción de ese dique porque allí se registra el epicentro del mayor evento sísmico de la provincia, además de que su sistema de construcción es más débil y el suelo es permeable, con el agravante con una temporada de mucha precipitación de nieve que va a generar una presión contra la pared. 

El oficialismo tuvo los votos para aprobar el acta compromiso que le otorga a las arcas provinciales US250 millones para inyectar en obras pese a las acusaciones de la oposición de la inconstitucionalidad del acuerdo y la renuncia al control ambiental. Foto: Leandro Porcel / La Mecha

”En San Juan no podemos pensar en desarrollo sin minería metalífera, pero debe ser responsable, sostenible y sustentable. No debe faltar la presencia activa del Estado para controlar, pero si el Estado le da todo lo que pide a una empresa, que es un peso pesado, y hasta un poco más, las cosas no nos van a salir bien”, cerró Herrero. 

Un acuerdo “extorsivo” y “de apuro” que llegó al recinto

El diputado expresó que el acta compromiso llegó “de apuro, como está acostumbrada esta gestión”. Además, los legisladores no contaban con las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para analizar un acuerdo que en varios de sus puntos refiere a modificar las obligaciones que la empresa asumió en las declaraciones. “No podíamos tener una opinión del acuerdo sin ese documento. Se puso a disposición las DIA 2022, 2024 y 2026, pero son documentaciones extensas y el miércoles ya fue la sesión”, señaló. 

Los diputados insisten en que se podría haber estudiado con más profundidad el acta compromiso para evaluar los perjuicios para San Juan. “La sesión fue de apuro pese a que el propio convenio tenía un plazo más largo para que se apruebe, bajo un sistema cuasiextorsivo… una situación incómoda para la provincia: la empresa viene a apretar con que si no hacemos tal cosa este acuerdo se cae”, denunció.

Los legisladores consultaron con especialistas y encontraron “objeciones serias”. Pidieron que “aceptaran llevárselas y revisar el convenio para que se acomode a los intereses y a la legislación de la provincia y después traerlo, pero dijeron ´no, se aprueba o se rechaza”, señaló. 

Finalmente el 19 de agosto fue aprobado tras una extensa sesión, que finalmente la oposición no acompañó con votos favorables. Ahora, los diputados giojistas esperan que la Defensoría (un organismo independiente que protege los intereses de los ciudadanos ante irregularidades o deficiencias de la administración pública) actúe.

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