Crisis en el transporte: choferes sin cobrar, colectivos parados y el Gobierno amenaza con sanciones

San Juan amaneció este miércoles prácticamente sin colectivos. Choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) iniciaron una retención de servicios ante lo que denuncian como un nuevo incumplimiento salarial por parte de las empresas que operan el transporte público provincial.

La medida comenzó durante las primeras horas de la jornada. En un principio se esperaba que las unidades retomaran los recorridos alrededor de las 8, pero los trabajadores decidieron mantener la protesta hasta recibir una respuesta concreta sobre el dinero adeudado.

El conflicto no comenzó este miércoles. Un día antes, UTA San Juan se había declarado en estado de alerta y había advertido que realizaría retenciones de servicios y asambleas si las empresas liquidaban los salarios de manera incompleta. El gremio reclama que se respete el acuerdo salarial firmado el 23 de septiembre ante la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Una deuda que, según los choferes, viene desde abril

El último acuerdo entre UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) estableció una recomposición salarial del 10,5% retroactiva al 1 de septiembre, viáticos de $3.000 por jornada efectiva y una suma extraordinaria no remunerativa de $60.000, prevista para el 15 de octubre.

Sin embargo, los trabajadores sostienen que el problema es anterior. Gustavo Gavia, delegado de UTA en la empresa El Triunfo, aseguró que existe una deuda salarial que se acumula desde abril y que tampoco fue depositado el aumento que debía liquidarse esta semana. Según afirmó, la situación alcanza a las empresas de transporte de toda la provincia.

Los choferes también cuestionan que los incumplimientos se hayan repetido en los últimos meses. Gavia señaló que anteriormente aceptaron retomar el servicio ante compromisos de pago que después terminaron cancelándose en dos o tres cuotas.

La decisión de los trabajadores, al menos durante las primeras horas de este miércoles, es mantener la retención hasta que exista una propuesta concreta. Para las 10 estaba prevista una reunión en la que definirían la continuidad de la medida.

Empresas, trabajadores y Gobierno

Detrás del conflicto salarial aparece también la discusión sobre el financiamiento del transporte público de San Juan. Según explicaron los propios trabajadores, las empresas argumentan que tienen dificultades para afrontar sus obligaciones por fondos que les adeudaría el Gobierno provincial. Desde UTA, sin embargo, plantean que esa disputa no puede trasladarse a los salarios de los choferes.

“Nosotros trabajamos en empresa privada. Yo creo que tendrían que juntarse ellos y darles la solución a nosotros”, sostuvo Gavia durante la mañana.

Hasta las primeras horas de la jornada, los trabajadores aseguraban que no habían recibido una comunicación de los empresarios que permitiera destrabar el conflicto.

El Gobierno cuestionó la medida y analiza sanciones

Desde el Gobierno provincial cuestionaron la forma en que se llevó adelante la retención y anticiparon que podrían aplicarse sanciones por la interrupción del servicio.

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, aseguró que el organismo no recibió una comunicación formal sobre la medida y señaló que la Provincia analizará responsabilidades por la falta de colectivos. Según explicó, las herramientas disponibles incluyen multas económicas y el registro de los incumplimientos como antecedentes para futuras evaluaciones de las concesiones.

El funcionario reconoció que el Gobierno conocía la nueva escala salarial y el conflicto por su cumplimiento, pero sostuvo que esa discusión debe resolverse entre trabajadores y empresarios. Según la posición oficial, el rol de Transporte es controlar que las compañías cumplan con el servicio público que tienen concesionado.

La postura abre otro frente dentro del conflicto. Mientras los trabajadores reclaman salarios adeudados y señalan que las propias empresas vinculan sus dificultades con fondos que debería aportar el Estado, el Gobierno separa esa discusión de su responsabilidad como autoridad de aplicación y pone el foco en garantizar que los colectivos circulen.

Durante la mañana, el servicio continuaba afectado y sin un horario confirmado de normalización. Los choferes sostienen que volverán a las calles cuando exista una respuesta concreta sobre el pago de lo adeudado.