BioCordillerana: el «fuck you» de Vallejos, el reclamo de los trabajadores y el conflicto con Barrick
Los trabajadores de la planta de tratamiento de residuos patológicos y peligrosos se manifestaron por sueldos atrasados, falta de obra social y ausencia de ART en tareas de riesgo biológico. El conflicto expone el rol clave de la empresa en el sistema sanitario de San Juan y su paralización por el disputado pasivo ambiental de la minería.
El Sindicato de Obreros Químicos y Afines de San Juan (SOQA), conducido por Mario García y con el respaldo de la Intersindical San Juan, encabezó el lunes 14 de septiembre una manifestación en los accesos a la planta de BioCordillerana, ubicada en el Parque Industrial de Chimbas. El reclamo incluye el pago de haberes que, según denunciaron, llegan «a cuentagotas», además de atrasos en el aguinaldo, deudas por horas extras, vacaciones pendientes y la suspensión de recategorizaciones.
Pero el reclamo no se limita a los salarios. La protesta también puso sobre la mesa una situación que los trabajadores consideran especialmente grave en materia de salud y seguridad laboral. Los operarios manipulan a diario residuos biológicos infectocontagiosos e hidrocarburos de la minería sin cobertura activa de Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), seguro de vida ni obra social. Según el gremio, esto ocurre por la falta de pago patronal del Formulario 931 de la AFIP, correspondiente a los aportes de la seguridad social.
Desde el sindicato señalaron además una situación que consideran paradójica. A los empleados se les descuenta el aporte en sus bonos de sueldo pero, ante enfermedades respiratorias graves o accidentes en la planta, la patronal sugiere derivarlos al sistema de salud público.
A este panorama se suma una condicionante legal determinante. Al ser considerada una planta de servicio esencial, la legislación establece que debe mantenerse el 75% de la producción activa. Esto impide realizar un paro total de actividades y obliga a los operarios a continuar trabajando aun bajo las condiciones de riesgo denunciadas.
Durante la manifestación en los portones de BioCordillerana, el empresario y dirigente político Sergio Vallejos se presentó en el predio y se retiró a bordo de su camioneta realizando un gesto provocador hacia los trabajadores que le reclamaban por haberes adeudados, episodio que quedó registrado en video y generó un fuerte malestar entre los manifestantes Su reacción se produjo luego de incumplir el acuerdo alcanzado en la Subsecretaría de Trabajo, donde se había comprometido a regularizar los pagos pendientes en un plazo de 48 horas. Mientras la representación sindical lo acusa de ejercer violencia e intimidación contra el personal Vallejos desestimó el conflicto laboral calificándolo públicamente como una «movida política del uñaquismo» y argumentó que los retrasos en los sueldos responden al embargo judicial de las cuentas bancarias de la empresa.
El rol neurálgico de BioCordillerana en la red de salud pública
La crisis en BioCordillerana excede la disputa entre la empresa y sus trabajadores. El funcionamiento de la planta también tiene un impacto directo sobre la infraestructura sanitaria de San Juan. La compañía procesa buena parte de los residuos patológicos e infectocontagiosos generados por hospitales, clínicas y centros de salud, tanto públicos como privados, de toda la provincia. También se encarga de la recolección y el tratamiento de residuos de hidrocarburos vinculados con la actividad minera.
La patronal atribuye los incumplimientos laborales a embargos bancarios de origen judicial. Sin embargo, la representación sindical rechazó ese argumento como explicación de la situación económica de la empresa. Desde el gremio remarcaron que la planta mantiene un importante volumen de operaciones durante los tres turnos, mañana, tarde y noche, y que se trata de una prestación que consideran esencial para evitar una eventual emergencia sanitaria en la provincia.
El trasfondo ambiental, la crisis de las cenizas y el conflicto con Barrick
La situación económica de BioCordillerana también está atravesada por una disputa ambiental que lleva años y que tiene como eje la acumulación de más de 1.000 toneladas de cenizas derivadas de la incineración de residuos peligrosos mineros a la intemperie en el Parque Industrial de Chimbas.
La acumulación durante años de grandes cantidades de cenizas provenientes del tratamiento de residuos peligrosos en el Parque Industrial de Chimbas salió a la luz a partir de una investigación de Diario Huarpe publicada en mayo de 2024. A partir de esas publicaciones, la Secretaría de Ambiente provincial puso en marcha el Programa Integral de Gestión y Remediación Ambiental de Residuos Peligrosos y ordenó trasladar las cenizas a un relleno de seguridad habilitado en Neuquén.
En febrero de 2026, el secretario de Ambiente, Federico Ríos, informó que ya se habían retirado alrededor de 1.000 toneladas de cenizas. Con esos trabajos quedaron saneadas las instalaciones de Eco San Juan y Tecma, mientras que Bio Cordillerana quedó como la única operadora con material pendiente de retirar. La situación también terminó en la Justicia. El conflicto se tramita en el Quinto Juzgado Civil, en una causa iniciada por Minera Andina del Sol, la empresa que opera Veladero, contra Bio Cordillerana y otras partes.
La minera sostiene que la permanencia de las cenizas representa un riesgo ambiental y sanitario y cuestiona que se haya cumplido con la legislación sobre residuos peligrosos. Además, considera que Bio Cordillerana es continuadora de DAYFE, una empresa que había trabajado anteriormente con la minera.
Según la versión del empresario Sergio Vallejos, Barrick pidió ante la Justicia la clausura e inhabilitación de la planta y una multa de $1 millón diarios hasta que se retire el material. Bio Cordillerana rechaza ese planteo. Su gerente, Sergio Vallejos Mini, sostiene que la empresa no es continuadora de DAYFE y explica que solo compró sus hornos, pero no la sociedad ni sus acciones.
Vallejos asegura además que nunca firmaron un contrato ni recibieron pagos de Barrick para hacerse cargo de las cenizas. Según su versión, el material permaneció en la planta bajo la guarda establecida por la autoridad ambiental desde hace ocho años.
Al mismo tiempo, Bio Cordillerana mantiene un reclamo contra la minera por alrededor de $300 millones. El monto corresponde, según la empresa, al alquiler y deterioro de unos 100 contenedores utilizados para almacenar las cenizas. En medio de esta disputa, la Justicia ordenó una inspección y constatación en el predio que se realizó el 9 de septiembre, con la participación de un oficial de Justicia y de las partes involucradas en la causa.