En Buenos Aires ya hablan de que el acuerdo de Orrego con Vicuña superó a Milei en “materia de entrega”
El acuerdo que el gobierno de Marcelo Orrego firmó con Vicuña Corp. empieza a trascender la discusión estrictamente sanjuanina. El convenio, que desde la provincia fue presentado como un paso decisivo para poner en marcha uno de los proyectos de cobre más importantes del país, también comenzó a ser analizado en medios nacionales por las condiciones que establece para San Juan y para las próximas décadas.
En ese marco, el periodista y analista político Diego Genoud, una de las voces que sigue de cerca los movimientos del poder en la Argentina, puso el foco en el alcance del acuerdo. Con una trayectoria que incluye pasos por Perfil, Crítica de la Argentina, El Canciller, Letra P, elDiarioAR y La Política Online, Genoud actualmente conduce Fuera de Tiempo en Radio Con Vos y escribe sobre política nacional. También es autor de El arribista del poder y El peronismo de Cristina. En su análisis, planteó una comparación que sintetiza una de las principales críticas al convenio. Orrego logró lo que parecía difícil, que es superar a Milei en materia de «entrega».
La frase no apunta solamente al volumen de la inversión anunciada. El acuerdo establece condiciones que se proyectan durante décadas y que limitan el margen de acción de futuras administraciones provinciales. El plazo es de 71 años, un período que atraviesa varias generaciones de sanjuaninos. Un niño que nazca hoy tendrá 71 años cuando termine el horizonte previsto por el convenio.
El proyecto se extiende sobre una superficie de entre 10.000 y 15.000 km² en el extremo norte de San Juan, sobre la frontera con Chile. Se trata de un territorio estratégico para la provincia y, por eso mismo, las condiciones bajo las cuales se habilita su explotación exceden la discusión sobre una inversión minera. Lo que está en juego es también cuánto margen tendrá el Estado provincial para controlar, regular y modificar las condiciones de un proyecto que atravesará distintos gobiernos.
El despido de Hugo Berozzi y la discusión sobre el control técnico
La discusión sobre el acuerdo también tuvo un capítulo dentro del propio Estado provincial. El despido del economista Hugo Berozzi de Garantía San Juan ocurrió después de que el profesional comentara un reel de La Mecha en el que advertía sobre los posibles efectos del acta firmada entre la provincia y Vicuña.
Berozzi cuenta con una formación especializada. Es Licenciado en Economía por la UNCuyo, Máster en Desarrollo Global por la Universidad de Copenhague y especialista del CFI. En Garantía San Juan tenía a su cargo tareas vinculadas al análisis de riesgo crediticio para pymes, una función especialmente relevante en una provincia atravesada por problemas de morosidad comercial.
El 20 de agosto, después de una jornada normal de trabajo, fue desvinculado de la entidad. La explicación oficial estuvo vinculada a una supuesta ofensa hacia las autoridades. Sin embargo, el contenido de su planteo no estaba relacionado con una cuestión personal, sino con la interpretación que hacía sobre el alcance constitucional del acuerdo.
Un acuerdo que compromete a más de un gobierno
El análisis de Genoud pone en el centro de la escena nacional una discusión que para San Juan tiene consecuencias concretas. Vicuña no es un proyecto aislado ni un convenio que termine con la actual gestión provincial. Por el contrario, las condiciones acordadas por Orrego se proyectan durante décadas y condicionarán a quienes ocupen el Ejecutivo provincial mucho después de que termine este gobierno.
La discusión, entonces, no pasa solamente por estar a favor o en contra de la minería. San Juan necesita discutir bajo qué condiciones explota sus recursos, qué capacidad conserva el Estado para controlar esos proyectos y qué herramientas tendrán las próximas generaciones para revisar decisiones tomadas hoy.
En ese sentido, la frase de Genoud sobre Orrego y Milei funciona como una provocación política, pero también como una pregunta que excede a ambos dirigentes. ¿Hasta dónde puede llegar un gobierno en la entrega de garantías a una empresa sin comprometer la capacidad de decisión de los gobiernos que vendrán?
El acuerdo con Vicuña ya está firmado. Lo que queda por discutir es cuánto de esa firma seguirá condicionando a San Juan cuando quienes hoy gobiernan la provincia ya no estén en sus cargos.
Qué establece el Acta Compromiso
Más allá de las declaraciones políticas y de los anuncios de inversión, el contenido del Acta Compromiso permite observar cuáles son las condiciones concretas acordadas entre la provincia y Vicuña Corp. Allí aparecen algunos de los puntos que generan mayores cuestionamientos.
- El aporte de 250 millones de dólares: El gobierno presentó el desembolso como una «donación extraordinaria». Sin embargo, el acuerdo establece un mecanismo que puede ser entendido como un adelanto financiero a favor de la empresa. Vicuña Corp. ya tenía establecido, a partir de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2022, un aporte adicional del 1,5% sobre su facturación. Con el nuevo esquema, la empresa adelanta fondos y obtiene un período de gracia. No pagará el porcentaje real de su facturación durante los primeros cinco años.
- El arbitraje internacional: El Artículo 8 establece que los conflictos vinculados al acuerdo serán sometidos a la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Esto significa que una eventual disputa no quedaría exclusivamente bajo la órbita de los tribunales sanjuaninos. Genoud cuestionó especialmente este mecanismo y señaló que los tribunales arbitrales están conformados por tres miembros, con una composición que, según su planteo, puede favorecer los intereses de las empresas involucradas.
- Las condiciones ambientales durante 70 años: Otro de los puntos más discutidos es el Artículo 6.6. Allí se establece que no se impondrán nuevas exigencias ambientales durante 70 años. El planteo genera una tensión evidente con la normativa ambiental minera, que contempla la actualización de las Declaraciones de Impacto Ambiental cada dos años. El interrogante es qué ocurriría si dentro de diez, veinte o cincuenta años aparecen nuevas tecnologías, riesgos o impactos que hoy no pueden ser previstos.
- El destino de los fondos ambientales: El Artículo 6.3 permite que recursos destinados a mitigar impactos ambientales en el área directa del proyecto puedan utilizarse en obras de infraestructura fuera de su zona de influencia. El punto abre una discusión sobre el destino de esos fondos y sobre la obligación del Estado de garantizar la reparación de los territorios que eventualmente resulten afectados por la actividad minera.