Diputados aprobaron el acuerdo de los USD 250 millones entre el Gobierno de San Juan y Vicuña

En la mañana de este miércoles 19, los legisladores discutieron la aprobación o rechazo del acuerdo entre Vicuña y el Gobierno de San Juan en la Legislatura provincial. El oficialismo tenía, en principio, los votos para aprobar el acta compromiso que le otorga a las arcas provinciales US250 millones para inyectar en obras. Y lo logró, pese a las acusaciones de la oposición de la inconstitucionalidad del acuerdo y la renuncia al control ambiental.

Para entender qué se votó hay que separar dos instrumentos que en el debate aparecieron mezclados. Por un lado está la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el acto administrativo que habilita un proyecto minero y le fija requerimientos: qué tiene que hacer la empresa, cómo tiene que compensar los impactos que produce, qué obras debe ejecutar. Por otro lado está el acta compromiso, un acuerdo entre el Gobierno y la empresa que la Legislatura ratificó hoy. El eje de la discusión fue si el segundo instrumento puede modificar las obligaciones nacidas del primero.

La diputada Fernanda Paredes, que dijo haber leído los tres documentos —las DIA de 2022 y 2026 y el acta—, lo planteó así: “No se nos convoca para aprobar un aporte económico, sino a un régimen que redefine el cumplimiento de obligaciones nacidas en la Declaración de Impacto Ambiental”. Y agregó una definición que ordena buena parte del debate: “Las DIA no son un catálogo de obras que se cambian por dinero. El acuerdo no puede contradecir a la DIA”.

Los tres puntos que cuestionó la oposición

La diputada Marisa López concentró las objeciones en tres cláusulas del acta.
El destino de los fondos. Según la oposición, los 250 millones no pueden quedar librados al acuerdo entre las partes: si el aporte reemplaza obligaciones ambientales, el dinero debería estar afectado a protección ambiental y no a cualquier obra elegible. En el debate quedó claro que buena parte de esos fondos se destinaría a rutas y caminos.

El compromiso de no pedir nuevos aportes. El acta establece que el Gobierno no exigirá aportes adicionales durante la vida útil del proyecto. Para López, eso significa que la provincia renuncia por anticipado a reclamar cualquier diferencia futura: “Renunciamos a cobrar la diferencia entre el 1,5 y los 250 millones de dólares. Podría ser un adelanto y cobramos la diferencia, pero es definitivo”. La legisladora sostuvo además que con este pago la empresa queda liberada de ejecutar obras e inversiones que ya tenía comprometidas: “El acuerdo dice que Vicuña con este aporte ya cumplió de forma plena, sin que tenga que ejecutar ninguna de las obras ni ninguna de las inversiones”.

El arbitraje internacional. Los conflictos entre la provincia y la empresa no se resolverán en la Justicia argentina sino ante la Cámara de Comercio Internacional. “El arbitraje internacional es inapelable. Además, la provincia deberá afrontar costos de contratación de estudios jurídicos, indemnizaciones, tasas administrativas”, advirtió López. Y describió el escenario que preocupa a la oposición: “Si se determina que la provincia violó la estabilidad fiscal o impuso exigencias no pactadas, podría ser condenada a pagar compensaciones económicas masivas”.

El agua, entre la DIA 2022 y la DIA 2026

El argumento ambiental más desarrollado fue el de Sonia Ferreyra, que comparó los requerimientos de las dos declaraciones de impacto ambiental. Según su lectura, la DIA 2022 reconocía que el agua utilizada por el proyecto dejaría de estar disponible y por eso establecía un mecanismo de recuperación a cargo de la empresa, además de obras hídricas en Iglesia y Jáchal para compensar el consumo minero frente a las necesidades de los cultivos. Ese mecanismo, sostuvo, no aparece en la DIA 2026.

“En la DIA 2026 se reconoce que la ampliación del proyecto Josemaría va a producir un aumento significativo del consumo de agua. Reconoce un impacto negativo severo sobre los acuíferos y posibles daños de larga duración. Y la obligación de compensar el consumo ya no aparece como en la DIA 2022”, expresó la diputada.

La conclusión que sacó Ferreyra es que en 2026 se mejoraron algunos controles pero se debilitó la protección material del agua, en una provincia declarada en emergencia hídrica. “Muestran lo que San Juan va a recibir pero no explican con claridad a lo que San Juan va a renunciar”, dijo. “No podemos aceptar que se avance hacia un modelo en el cual los grandes emprendimientos mineros tengan asegurado el acceso al agua mientras los costos quedan a cargo de los sanjuaninos”.

Cinco días para leer un acuerdo de un año y medio

No solo el contenido generó molestias. Varios diputados denunciaron que el tratamiento fue exprés. “No lleva ni una semana de estado parlamentario el convenio. Tuvimos la DIA 2026 hace unos días. No entiendo por qué la premura, por qué no podemos averiguar, estudiar”, planteó Ferreyra.

Mario Herrero también señaló la molestia: “En la página oficial del Gobierno se dice que este acuerdo es el resultado de más de un año y medio de negociaciones en distintas reuniones, y nosotros fuimos avisados hace cinco días, nos pasaron la información requerida hace cinco días. Y tenemos que tratar de desentrañarlo. Es una violencia moral”.
A eso se sumó, según los legisladores, la negativa a discutir el texto en particular. “Dijeron que el acuerdo no es para debatir, sino que es por sí o por no”, aseguró López.

Las rutas y los votos

Detrás del resultado hay una aritmética de obras. Los opositores leen que el Gobierno concede mucho y recibe poco: demasiada previsibilidad para la empresa minera sin exigir contraprestaciones en materia de agua o de defensa de recursos naturales no renovables. La lectura política es que el oficialismo necesita el dinero de manera inmediata para empezar a invertir en obras de cara a las elecciones de 2027.

“Quiero decirle a los diputados que hoy votan por las rutas, ¿de qué les sirve que les hagan una ruta cuando sus habitantes no van a tener agua?”, apuntó Ferreyra.

La legisladora se refiere a diputados díscolos del justicialismo, como Pedro Albagli y Cristina López, que responden al intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca, y cuyo voto favorable se explica por las obras previstas en la ruta nacional 40, favorables al departamento. En la misma línea, Jorge Castañeda, diputado por Calingasta, votó a favor por la promesa del camino a construir entre Calingasta e Iglesia. Miguel Vega, de Jáchal, viene pidiendo obras en las rutas nacionales 40 y 150 y también acompañó al oficialismo.

Ferreyra cerró su intervención con una definición que la oposición repitió durante toda la sesión: “No es un acuerdo. Es una renuncia anticipada”. Y aclaró el lugar desde donde habla el bloque: “No estamos en contra de la minería. Estamos defendiendo un desarrollo responsable, que no debilite las facultades de las provincias, no comprometa el agua y no comprometa a las futuras generaciones. Los 250 millones de dólares podrán gastarse en algunas obras, pero el agua no la vamos a poder recuperar”.