Lo que Orrego no dijo del acuerdo por USD 250 millones de Vicuña
El Acta de Compromiso establece un límite a las regalías y delega la resolución de conflictos impositivos o ambientales a tribunales internacionales, eludiendo la Justicia argentina.
La Legislatura se dispone a debatir en comisiones el acuerdo entre el Estado provincial y Vicuña Corp., que consistiría en un aporte extraordinario de 250 millones de dólares para financiar obras de infraestructura. Así lo anunció el gobernador Marcelo Orrego, aunque sin especificar la contraparte que compete a la provincia.
La noticia generó más preguntas que certezas. Es que ninguna empresa dona 250 millones de dólares sin esperar nada a cambio. Orrego expresó que este aporte era «fruto de la confianza que la empresa depositó en este gobierno«, como si se tratara de una contribución u obsequio, «en carácter fijo, no reembolsable ni compensable».
Pero lo que ocurrió fue, en realidad, una negociación de intereses. Vicuña había objetado un artículo de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Josemaría del 2022, que la obligaba a realizar el «Aporte DIA«: un porcentaje de 1,5% de la facturación final del producto que financiaría un fideicomiso para obras de infraestructura.
El Acta de Compromiso, como se denomina al acuerdo, establece que, a cambio de que Vicuña retire el reclamo por el Aporte DIA y adelante 250 millones de dólares, el Gobierno se compromete por escrito a limitar las regalías al 3% y no exigir ningún aporte nuevo durante toda la vida útil del proyecto, que podría ser de hasta 70 años.
El acuerdo garantiza también la nulidad de futuras exigencias y obligaciones que pueda imponer un futuro Gobierno o la Legislatura. Y estipula que, en caso de disputa o conflicto, se recurrirá al arbitraje internacional, evitando el accionar de la Justicia argentina.
Acerca del aporte extraordinario
Con los 250 millones de dólares, Vicuña Corp. pretende cancelar la totalidad de los Aportes DIA correspondiente a los primeros cinco años de producción, comprendidos entre 2030 y 2034. El problema es que el precio internacional del cobre puede variar en los próximos años, impulsado a causa de la transición energética y la pugna geopolítica por la industria de microprocesadores.
El texto del Acta Compromiso, firmado por el Gobierno y Vicuña, dice en el Art. 6. 4 que con el pago del Aporte DIA Fijo, VICUÑA deja cancelados todos y cada uno de los conceptos que pudieren devengarse, cualquiera sea su valor, desde la primera producción y comercialización de minerales del Proyecto Vicuña hasta concluido dicho plazo [5 años], oportunidad en que comenzará a devengarse automáticamente el Aporte DIA de Explotación.
Según fuentes especializadas, en base a un informe de la compañía que establece escenarios de producción y precios, el equivalente del 1,5% sería aproximadamente USD 308,8 millones en un escenario base, y USD 443,2 millones en un escenario alto.
Por lo tanto, la diferencia potencial respecto de los USD 250 millones sería de USD 58,8 millones a USD 193,2 millones en contra de San Juan, antes de considerar el valor de otras obligaciones que también son absorbidas por ese mismo aporte.
Las responsabilidades de Vicuña y el Gobierno
La DIA de 2022 contenía numerosos requerimientos ambientales, económicos y sociales. El acuerdo en cuestión podría modificar la responsabilidad de estas obligaciones que originalmente le correspondían a la minera.
Normalmente, la empresa debiera ejecutar las obras de infraestructura previstas y el Estado controlar su correcta realización. Pero, al limitarse a simplemente transferir los fondos para su financiamiento, Vicuña resultaría eximida de su compromiso inicial.
El artículo 6. 3. 2 del Capitulo 1 explica que con el pago del Aporte DIA Fijo, VICUÑA cancela las obligaciones consistentes en realizar las obras e inversiones sin necesidad de que Vicuña deba ejecutar ninguna de las obras, que deberán ser ejecutadas por el Fideicomiso Aporte DIA a ser constituido y controlado por la Provincia.
Una de las obras más importantes es la compensación hídrica de Iglesia y Jáchal. La DIA establecía que el agua utilizada por Josemaría dejaría de estar disponible más adelante, y obligaba a la compañía a trabajar en las redes de captación y distribución de agua superficial de ambos departamentos, para recuperar el caudal perdido y compensar el consumo del proyecto.
Vicuña tenía la obligación de concretar esta obra y demostrar resultados, sin importar cuánto dinero costara. Pero, en base al acuerdo, la relación se invierte: Vicuña deja de ser responsable si el caudal de agua efectivamente se recupera o no, ya que su obligación es simplemente transferir el dinero.
Un aspecto a considerar es que la inversión destinada a obras hídricas en Iglesia y Jáchal pasa a competir dentro del mismo fondo de 250 millones con otras (por ejemplo, la ruta 40). Si el aporte resulta insuficiente ¿quién absorberá el costo final?
Además, mientras que la DIA fue pensada en función de la comunidad local del departamento donde se instaló la mina, el acuerdo admite la construcción de obras fuera del área de influencia directa de Vicuña. Es así que tanto Iglesia como Jáchal podrían no ver realizadas las obras hídricas prometidas.
El blindaje judicial para Vicuña
El acuerdo establece un límite fijo de 3% de regalías, y compromete a la provincia a no imponer a Vicuña nuevos aportes durante toda la vida útil del proyecto (que podría ser de 70 años), incluso mediante futuras DIA o reglamentaciones de la Legislatura.
Además, el acta estipula que cualquier disputa deberá resolverse mediante arbitraje bajo el Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), cuya decisión resultaría definitiva, inapelable y sin necesidad de que la empresa recurra a ningún control administrativo argentino previo.
En el artículo 8 detalla que los árbitros están específicamente facultados para resolver cualquier disputa, reclamo o controversia que surja bajo la presente Acta Compromiso, incluida la cuestión de si el ejercicio por la Provincia de su poder de policía o de sus facultades ambientales, mineras, de control tributario o de fiscalización incumple o perjudica cualesquiera derechos u obligaciones bajo la presente Acta Compromiso. Además que no se admite recurso alguno contra la decisión de los árbitros; por lo tanto, las partes renuncian expresamente a tal derecho.
Si San Juan -sea el Poder Ejecutivo o la Legislatura– decide en un futuro aumentar las regalías al 5% (el límite establecido por ley nacional), Vicuña puede negarse a pagar el excedente e incluso llevar el conflicto a un tribunal arbitral internacional, evitando la Justicia argentina.