¿Trampolín o salvavidas de plomo? Lo que gana y lo que arriesga Orrego con el nuevo plan electoral de Milei

Hay nuevas especulaciones en torno a una posible alianza electoral entre los gobernadores “dialoguistas” y “aliados” y La Libertad Avanza, encabezada por Javier Milei. Así, en las últimas semanas con la llegada de Diego Santilli como interlocutor directo entre Nación y las provincias se empieza a hablar de una reforma electoral apoyada por gobernadores aliados en el Congreso para ofrecer una especie de win-win. Claro está, en todas las negociaciones se espera que las dos partes ganen algo. Lo que no está claro es qué pueden ofrecer distintos actores, por ejemplo, Marcelo Orrego. Ni tampoco qué puede ganar.

En San Juan, la política viene girando desde hace tiempo alrededor de tres espacios que ya fueron analizados hasta el cansancio: el orreguismo, La Libertad Avanza y el peronismo. Entre los dos primeros ya hubo acercamientos, coqueteos e idas y vueltas.

En ese escenario aparece un Marcelo Orrego que ya puede ser considerado un aliado del Gobierno nacional y que mantiene una relación política cercana con Santilli. Aunque tiene poco para ofrecer en términos legislativos, los dos diputados nacionales que responden al orreguismo podrían resultar útiles para que el mileísmo impulse las reformas que aún tiene pendientes en el Congreso. El número es pequeño, pero no por eso irrelevante.

La principal negociación que impulsa Santilli con los gobernadores gira alrededor de una reforma electoral estratégica orientada a facilitar la gobernabilidad y, al mismo tiempo, fortalecer las posibilidades de reelección de Javier Milei en 2027.

Uno de los ejes centrales de la propuesta que negocia Santilli es la eliminación de las PASO. El oficialismo busca suprimir —o al menos suspender— las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, una modificación que considera clave para su estrategia electoral de cara a la reelección.

Otro de los puntos es la incorporación de «adhesiones» dentro de la Boleta Única de Papel (BUP). La propuesta contempla un esquema que permita vincular una misma candidatura presidencial —la de Milei— con distintas listas de candidatos a legisladores nacionales pertenecientes a diferentes partidos políticos.

En la práctica, esto implicaría una habilitación de las llamadas «listas colectoras». El esquema permitiría que cada gobernador conserve su propia oferta legislativa mientras acompaña la candidatura presidencial de Milei, aprovechando el eventual «arrastre» del Presidente sin necesidad de fusionar estructuras partidarias.

El mecanismo se asemeja a una combinación entre las colectoras y la ley de lemas. Aunque técnicamente no encuadra en esta última figura porque los votos no se acumulan entre listas, sí permitiría que Milei cuente con hasta tres tiras distintas de candidatos a diputados dentro de la BUP. De ese modo, aliados como la UCR o el PRO tendrían alternativas si no logran acordar lugares en una lista única.

Sin embargo, la reforma electoral que negocia Diego Santilli también encierra riesgos para gobernadores como Marcelo Orrego. Lo que hoy aparece como una oportunidad podría terminar convirtiéndose en un «salvavidas de plomo» debido a la fuerte dependencia que genera respecto de la figura presidencial. Si la imagen de Javier Milei se deteriorara, la estrategia podría arrastrar a los mandatarios provinciales hacia un escenario electoral adverso. Por ahora, las últimas mediciones de Atlas Intel y Bloomberg ubican la aprobación presidencial en torno al 40%, en un contexto marcado por algunos indicadores de recuperación económica.

Distintas consultoras coinciden en que el «voto seguro» de Milei y su núcleo de apoyo más fiel se ubican entre el 30% y el 36%. Ese piso se mantiene relativamente estable, en buena medida por la ausencia de una oposición con liderazgo claro y capacidad para capitalizar el descontento.

Actualmente, distintos sectores provinciales observan con interés un entendimiento con Milei. Consideran que una alianza podría fortalecer sus perspectivas electorales al consolidar un bloque político más robusto. De hecho, el sistema de «adhesiones» o colectoras fue concebido precisamente para que las listas locales puedan beneficiarse del arrastre de la candidatura presidencial. Sin embargo, la pregunta de fondo sigue siendo qué ocurrirá si la situación económica se complica o si la imagen del Presidente deja de acompañar. En ese escenario, el «sello libertario» podría dejar de ser un activo para convertirse en una carga para sus aliados. El mismo mecanismo que hoy aparece como una ventaja podría producir el efecto contrario: la vinculación dentro de la BUP terminaría afectando a las candidaturas legislativas de aquellos gobernadores que decidieron «pegarse» a la boleta de Milei.

Por eso, algunos sectores políticos prefieren evitar definiciones apresuradas y esperar para ver cómo llega Milei a la segunda mitad de su mandato antes de cerrar acuerdos definitivos. El temor es claro, si la economía no ofrece los resultados esperados de cara a 2027, quedar atados a la suerte del Gobierno nacional podría convertirse en un problema para la supervivencia política de muchos dirigentes en sus provincias. «En política, hay sumas que restan», dijo alguien por ahí.

Dentro de ese esquema, hay un punto que preocupa especialmente a Orrego. Se trata de la posible habilitación del casillero de «voto lista completa» en la BUP. Si la imagen de Milei se volviera negativa, ese mecanismo podría tener consecuencias severas para las listas legislativas provinciales. Los votantes que rechacen al Presidente podrían terminar castigando a todo el esquema asociado a su candidatura por una simple asociación visual dentro de la boleta.

En ese contexto, el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, se mostró escéptico respecto de la posibilidad de que el Gobierno nacional habilite colectoras para las elecciones de 2027. Además, advirtió que una medida de ese tipo podría debilitar al espacio opositor al kirchnerismo al fragmentar la oferta electoral.

Martín sostiene desde antes de los comicios de 2025 la necesidad de construir un gran frente antikirchnerista que incluya también a los libertarios de Milei para evitar una dispersión de fuerzas.

En diálogo con 0264 Radio, Martín sostuvo que, si avanzara esa modalidad, el principal efecto sería profundizar la fragmentación del espacio político que busca enfrentar al justicialismo. «Seguiríamos dividiendo al sector no kirchnerista«, afirmó. «Lo que conozco, lo conozco por lo trascendido en los medios de prensa. No conozco ninguna otra situación«, señaló.

Tampoco existe consenso respecto de la propuesta oficial para eliminar por completo los aportes públicos destinados al financiamiento de los partidos políticos.

A cambio de su respaldo político, los gobernadores negocian una agenda de gestión que incluye la reactivación de obras de infraestructura, especialmente rutas, la autorización para acceder a créditos internacionales y el desembolso de fondos federales actualmente retenidos.