La calera sanjuanina que visitó Karina Milei paga el gas diez veces más caro por la falta de infraestructura
La falta de capacidad del sistema obliga a la empresa a recurrir a combustibles más costosos para sostener la producción, en un contexto de restricciones que afecta a industrias de distintas provincias.
Caleras San Juan, la planta que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, visitó el pasado 7 de mayo junto al gobernador Marcelo Orrego, enfrenta hoy un conflicto: para garantizar el suministro a sus clientes, debe importar Gas Natural Licuado (GNL) a un costo diez veces superior al del gas de red.
Según contó a Clarín Raúl Cabanay, gerente de Caleras San Juan, la industria sufre restricciones del 50% en sus contratos. «Como todos los años, cuando viene el frío, no hay caño de gas que alcance. Tenemos que ser creativos», señaló el directivo, quien sentenció: «Estamos en el país del gas, pero no podemos transportarlo».
La crisis en San Juan no es un hecho aislado, sino que expone la insuficiencia de la infraestructura actual para cubrir los picos de demanda invernal. Mientras el país produce un máximo histórico de 140 millones de m³ diarios – gracias a la producción de Vaca Muerta – la demanda residencial en invierno supera los 180 millones de m3 diarios, lo que deriva en cortes preventivos sobre la industria.
Según las declaraciones previas de Cabanay, una posible solución técnica sería la ampliación del gasoducto que conecta La Dormida (Mendoza) con la provincia. Es una obra considerada vital ante una demanda de cal que podría multiplicarse por ocho hacia 2035 debido a la minería de cobre.
Para no detener los hornos, las caleras activaron sus ya conocidos planes de contingencia mediante el uso de combustibles alternativos como petcoke y carbón.
Asimismo, el Gobierno nacional tomó recientemente la decisión de que sea la propia industria la que absorba íntegramente el costo del Gas Natural Licuado (GNL) importado, eliminando los subsidios del Tesoro que se mantenían desde el año 2008. Esta medida responde a la intención oficial de que los usuarios industriales comiencen a pagar el “precio real de la energía”
El conflicto nacional: deudas y parálisis industrial
A nivel nacional, la situación se describe como la «ley de la jungla energética», con casi 600 industrias afectadas por restricciones en provincias como Córdoba, Santa Fe y el Noroeste Argentino (NOA). En Tucumán las restricciones llegan al 70% o directamente a «Rampa 0» debido al fin del suministro desde Bolivia y la falta de obras de reversión de gasoductos.
Este escenario se ve agravado por un conflicto financiero millonario. Enarsa, la empresa estatal que administra los subsidios del Plan Gas.Ar, acumula una deuda con las productoras (YPF, TotalEnergies y Pampa Energía, entre otras) que superó los 260 millones de dólares al 4 de julio. Según fuentes del sector, el equipo económico nacional «aprieta la caja» demorando pagos para sostener el equilibrio fiscal, una maniobra que pone en riesgo las inversiones necesarias para perforación y desarrollo.