La central obrera boliviana bloquea La Paz y exige la renuncia del presidente
El gobierno de Rodrigo Paz impulsa la inversión extranjera en la explotación de recursos naturales en plena crisis económica. Campesinos y mineros se movilizan en todo el país.
A seis meses de iniciado su gobierno, el presidente boliviano Rodrigo Paz se enfrenta a una protesta de campesinos y mineros que se extiende por todo el país reclamando su renuncia. Es la tercera semana de conflicto, con ciudades bloqueadas y un gobierno que negocia llegar a fin de año.
En los últimos meses ,el gobierno de Rodrigo Paz implementó cambios radicales en la economía que causaron descontento entre los trabajadores bolivianos. Entre ellos, la eliminación de subsidios a los combustibles -con aumentos de más de 150%-, una propuesta de reforma constitucional para «flexibilizar la inversión extranjera», la apertura a licitaciones en recursos estratégicos como el litio y la disolución del Ministerio de Medio Ambiente para «agilizar proyectos productivos».
Además, el impulso de la Ley 1720 de «reconversión de tierras» generó fuertes cuestionamientos de organizaciones campesinas e indígenas. La principal crítica apuntaba a que, al permitir que pequeñas propiedades rurales ingresaran al mercado financiero, estas resultaran hipotecadas o absorbidas por sectores con mayor capacidad económica, facilitando la concentración de tierras.
La ley fue promulgada sin un proceso previo de diálogo con las organizaciones implicadas. El rechazo derivó en movilizaciones en distintos departamentos del país y obligó al gobierno a modificar la norma y, finalmente, abrogarla.
Si bien la ley fue eliminada, la movilización no menguó. Diferentes organizaciones de cooperativas campesinas y de comunidades indígenas, así como la Central Obrera Boliviana (COB), mantienen bloqueadas la ciudades El Alto y La Paz.
Bloquear La Paz es un método histórico de reclamo en Bolivia. La ciudad está cercada por montañas y tiene pocas rutas de acceso. Una de ellas, la más importante, se encuentra al norte y es la ciudad El Alto. En la última semana, los bloqueos se extendieron también por Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.
En paralelo, grupos de manifestantes fieles a Evo Morales iniciaron la «Marcha por la Vida para Salvar Bolivia«. La marcha partió el pasado 12 de mayo desde Caracollo y recorrió 190 kilómetros a pie durante seis días para confluir esta semana en la capital boliviana.
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El ataque a Evo Morales y el interés de Estados Unidos
El portavoz del gobierno, José Luis Gálvez, acusó a Evo Morales y a dirigentes afines de orquestar un «plan macabro» financiado por el narcotráfico y que se vale del terrorismo «para hacerse del poder a la fuerza».
En un comunicado conjunto, los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú rechazaron «toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático». Además, respaldaron al presidente, Rodrigo Paz, «elegido democráticamente en las elecciones generales de 2025».
La lista de países se pronuncian como satélites de Estados Unidos. El subsecretario de Estado de los EE.UU., Cristopher Landau, declaró que Bolivia enfrenta «un golpe financiado por la alianza entre política y crimen organizado en toda la región«.
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En realidad, el interés en Bolivia está motivado más por las reservas de gas y litio que por la democracia. El país es uno de los vértices del llamado «triángulo del litio«, la región con mayor presencia de este mineral en el mundo. Con Kast en Chile y Milei en Argentina, Estados Unidos se asegura el acceso prioritario a estas reservas clave para la transición energética al mismo tiempo que excluye a China y Rusia.
