De Adorni y Vázquez a Pettovello y Karina: cronología de la presunta corrupción del gobierno de Javier Milei
Un titular de ARCA procesado por no declarar bienes al ARCA. Una ministra que almacenaba cientos de miles de kilos de alimentos próximos a vencer. Un funcionario estrella y su esposa, investigados e interpelados por presunto enriquecimiento ilícito.
El 29 de abril, el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, dio explicaciones ante el Congreso respecto a su gestión. Es que la Justicia empezó a investigar al funcionario por enriquecimiento ilícito. Específicamente, la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita investiga los 19 viajes (oficiales y no oficiales) que realizó el ex vocero presidencial desde 2023. La Justicia también estudia vuelos a Europa de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. La finalidad es determinar cómo obtuvo el matrimonio los recursos para financiar esos viajes.
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El escándalo se suma a otros que protagonizan funcionarios del Gobierno nacional. En los últimos días, la Justicia solicitó la indagatoria de Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por omitir informar a esta entidad y a la Oficina Anticorrupción que es el dueño y beneficiario de tres inmuebles asentados en Estados Unidos valuados por más de 2 millones de dólares. Vázquez asumió la conducción de ARCA en diciembre de 2025, pero es parte del Gobierno de Javier Milei desde 2024, cuando fue designado al frente de la Dirección General Impositiva (DGI).
Otro señalado por ocultamiento de bienes en Estados Unidos es Carlos Frugoni, funcionario del Ministerio de Economía. El ahora ex secretario de Coordinación de Infraestructura omitió declarar siete departamentos en Miami y dos sociedades comerciales. Frugoni renunció tras admitir que “cometió un error” al no dar cuenta de esos bienes ante ARCA ni la Oficina Anticorrupción.
Los episodios de presunta corrupción se suceden desde el inicio del mandato de Javier Milei. A principios de 2024, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, estuvo en el ojo mediático por irregularidades en la entrega de alimentos a comedores y merenderos populares. Otro caso emblemático sucedió el 14 de febrero 2025, cuando el presidente promocionó la criptomoneda $LIBRA, que colapsó minutos más tarde y generó una ola de investigaciones judiciales llevó a la creación de una comisión investigadora en el Congreso.
Uno de los affaires más importantes fue el de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En 2025, se filtraron audios del funcionario en los que describe un esquema de coimas que los proveedores del Estado debían pagar para acceder a contratos, agilizar pagos y sostener convenios. En los mensajes se menciona a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Martín “Lule” Menem.
El caso Pettovello: la primera crisis política de Milei
En 2024, un pedido de acceso a la información pública de El Destape reveló que el Ministerio de Capital Humano almacenaba casi 6 millones de kilos de alimentos en depósitos de Villa Martelli (PBA) y Tafí Viejo (Tucumán). En la primera ubicación había más de 330 mil kilos de leche en polvo próximos a vencer. La noticia se conoció mientras comedores y merenderos populares denunciaban falta de asistencia.
A raíz de este hecho, Juan Grabois denunció a Sandra Pettovello por incumplimiento de deberes de funcionario público. Si bien la causa contra la ministra sigue en etapa de investigación, la Justicia Federal ordenó la distribución inmediata de los alimentos y rechazó distintas apelaciones presentadas por la defensa.
Puertas adentro, el ministerio atribuyó la responsabilidad del control de esa mercadería a Pablo de la Torre, que fue desplazado de su cargo como secretario de Niñez, Adolescencia y Familias.
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El Libragate
El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei promocionó en X la criptomoneda $LIBRA. Horas después del posteo, el valor del activo subió un 1300% y colapsó rápidamente, lo que provocó pérdidas a más de 44 mil inversores. La maniobra generó ganancias de aproximadamente 100 millones de dólares a un puñado de carteras privilegiadas.
La Justicia investiga si se trató de un rug pull, estafa en la que los creadores de un activo lo promocionan para inflar su precio y luego retiran toda la liquidez, lo que deja al token sin valor. En el caso $LIBRA, la investigación reveló que 74 billeteras virtuales compraron el activo 22 segundos antes de publicarse el tuit de Javier Milei.
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La causa está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y tiene a los hermanos Milei como imputados. Además, el Congreso creó una comisión investigadora que concluyó que el presidente y su hermana fueron actores clave de la estafa. Mientras tanto, un grupo de abogados de Nueva York considera iniciar una investigación penal en Estados Unidos porque más de 200 afectados por la maniobra residen en esa ciudad.
El creador técnico de la criptomoneda fue Hayden Davis, empresario estadounidense que se reunió con Javier Milei en Casa Rosada en enero de 2025. El presidente presentó a Davis como asesor en temas de blockchain y criptoactivos. Otro actor importante del caso es Marcelo Novelli, ex empleador de Milei e impulsor del Tech Forum que trajo a Davis. En marzo, un peritaje al teléfono de Novelli reveló que realizó más de 200 llamadas durante el fin de semana del lanzamiento de la criptomoneda, varias de ellas a Karina Milei.
En los minutos previos al lanzamiento de $LIBRA, Novelli mantuvo cinco llamadas telefónicas con Javier Milei.
El caso ANDIS y el 3%
No mucho después del Libragate estalló uno de los casos más sensibles que involucran al Gobierno nacional: los audios de Spagnuolo. El ex titular de la ANDIS y ex abogado personal de Javier Milei detalló un esquema de coimas que los prestadores del Estado debían pagar para acceder a contratos, agilizar cobros y comprar medicamentos e insumos críticos como prótesis ortopédicas e implantes auditivos.
En los audios, Spagnuolo menciona que entre el 3% y el 4% de las coimas están destinadas a Karina Milei y Martín “Lule” Menem.
A raíz del escándalo, Spagnuolo fue retirado de su cargo y actualmente está procesado por cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Además, el juez Ariel Lijo ordenó la inhibición de sus bienes y los de otros 29 implicados, entre ellos más de 20 empresarios del rubro salud.
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El 28 de abril, el ex funcionario se negó a declarar en los tribunales de Comodoro Py, argumentando que las nuevas evidencias presentadas por la fiscalía son “muy recientes”. Estas pruebas extienden la maniobra de sobreprecios al rubro de insumos.
