Nancy Picón pidió definiciones a Adorni en el Congreso sobre el caso La Rioja-San Juan-Vicuña

El conflicto entre San Juan y La Rioja por el proyecto minero Vicuña sumó en las últimas horas un nuevo capítulo y volvió a meterse en la agenda nacional. En ese marco, la diputada de Producción y Trabajo, Nancy Picón, increpó al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en plena sesión del Congreso para exigir definiciones.

La sesión en la Cámara de Diputados era informativa, es decir, una instancia en la que Adorni debía rendir cuentas sobre la gestión. Se trata de un mecanismo de control parlamentario previsto en la Constitución Nacional.

Sin embargo, buena parte de la atención estaba puesta en que el funcionario respondiera por las denuncias de posible enriquecimiento ilícito que investiga la Justicia. En ese contexto, Picón lo cruzó para pedir que el Ejecutivo nacional fije posición sobre el conflicto entre San Juan y La Rioja por los límites provinciales, luego de que la justicia riojana frenara uno de los proyectos mineros más relevantes por su volumen de inversión.

“Consultarle al Jefe de Ministros, ya que habló de la cantidad de puestos de trabajo que va a generar la minería en San Juan, más de 13.000. Hace unos días atravesamos un conflicto poco serio con La Rioja por los dichos del gobernador de esa provincia, donde pone en discusión los límites”, expresó Picón.

Actualmente, el conflicto atraviesa un impasse. Mientras la Justicia de La Rioja dispuso restricciones de tránsito sobre un camino clave y la suspensión de actividades vinculadas al proyecto, un juzgado de San Juan respondió con una medida cautelar que garantiza la continuidad operativa de Vicuña. En los hechos, se trata de un blindaje jurídico.

Según el comunicado de la empresa, la resolución sanjuanina impide que terceros —públicos o privados— interfieran en el funcionamiento del proyecto, que cuenta con habilitación del Ministerio de Minería de San Juan.

La disputa se originó a partir de un fallo judicial que ordenó suspender las operaciones del proyecto minero Vicuña por la falta de informes ambientales. El punto crítico es el acceso: la empresa utiliza un camino de La Rioja para llegar al campamento ubicado en Iglesia, San Juan. En el fondo, para algunos actores, la discusión también es económica: una forma de la provincia vecina de meterse en el reparto de regalías y reclamar una porción de la torta.

La comunidad de Guandacol reaccionó con fuerza ante el cierre del camino, pero no en respaldo al gobierno provincial, sino en su contra. Trabajadores de Guandacol, Villa Unión y Villa Castelli difundieron un comunicado en el que rechazaron la medida judicial y se declararon “en estado de alerta y movilización permanente” hasta que se anule la resolución. Advierten que la decisión pone en riesgo el sustento de cientos de familias.

Bajo el lema «Guandacol se levanta», la comunidad organizada cuestionó lo que consideró una decisión unilateral que los deja al margen del proceso, aclarando que su reclamo no apunta contra la cuestión ambiental sino contra el impacto económico en la microrregión.

Quintela, Uñac y la lectura política

La intervención de Nancy Picón puso el foco en un punto clave: la seguridad jurídica. El planteo apunta directamente al Gobierno nacional, al que se le exige claridad sobre qué marco va a regir cuando dos provincias entran en conflicto por un proyecto estratégico. La legisladora también apuntó contra “un sector de la política, concretamente el kirchnerismo”, al que acusó de “poner palos en la rueda”.

El trasfondo político agrega otra capa de complejidad. El gobernador riojano, Ricardo Quintela —quien recientemente en una entrevista de La Nación propuso a Sergio Uñac como candidato dentro del peronismo—, queda en una posición delicada: su provincia impulsa restricciones a un proyecto avalado por San Juan, donde la minería es política de Estado sostenida tanto por el propio Uñac como por José Luis Gioja.

Desde el oficialismo sanjuanino, el conflicto se lee más en clave política que técnica. La interpretación que circula es que sectores del peronismo alineados con Quintela estarían trabando un esquema productivo que en San Juan tiene consenso desde hace décadas.

El reclamo de Picón dejó expuesto el rol ausente de la Nación. Hasta ahora, el Gobierno nacional no fijó una postura clara ni intervino para ordenar el conflicto interprovincial, pese a tratarse de una actividad estratégica para el ingreso de divisas.

Esa indefinición es, en sí misma, parte del problema: sin un arbitraje claro, el caso Vicuña puede sentar un precedente sobre cómo se resuelven —o se agravan— las disputas entre provincias por recursos y control territorial.

El conflicto no se da en el vacío político. En 2021, cuando Quintela lanzó su primer reclamo sobre Vicuña, había un gobierno nacional peronista que operó como árbitro. Hoy ese rol no existe: Quintela es peronista, Orrego es de Producción y Trabajo, y Milei conduce la Nación desde un espacio distinto a los dos.

Hay otra contradicción que no pasa desapercibida en el sector minero: La Rioja reclama participación en los beneficios de Vicuña pero no adhirió al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el instrumento central que hace viable económicamente al proyecto.

El contraste político entre ambas provincias es elocuente. Orrego mantiene un diálogo cotidiano con el ministro del Interior y recibe visitas ministeriales en San Juan. Quintela, en cambio, está en confrontación abierta con la Casa Rosada, con la pulseada por los adelantos de coparticipación como telón de fondo permanente. Son dos gobernadores que juegan en canchas muy distintas.

Por ahora, Vicuña sigue operando bajo el paraguas judicial sanjuanino, pero el conflicto está lejos de resolverse.