A 10 años del derrame en Veladero: ¿qué queda de la lucha antiminera en San Juan?
Desde septiembre del 2015 la relación entre los sanjuaninos y la minería no volvió a ser la misma. Breve repaso por uno de los mayores desastres mineros registrados en el país.
Lo ocurrido durante el mes de septiembre del año 2015 fue un antes y un después en la historia minera de San Juan. En aquel momento se confirmó por primera vez la denuncia de un derrame de solución cianurada por parte de la mina Veladero en la cuenca del río Jáchal.
Veladero está ubicada a más de 4000 metros de altura en el departamento de Iglesia, cerca del límite con Chile. El proyecto comenzó a operar en el año 2005 bajo la gestión de la empresa canadiense Barrick Gold y actualmente —con 20 años de funcionamiento— está entre las principales minas de oro y plata del país. En 2017, Barrick vendió la mitad de Veladero a Shandong Gold, empresa china, y desde entonces ambas explotan el yacimiento en conjunto.
Pero aquel septiembre del 2015, la empresa Barrick Gold fue protagonista de uno de los mayores desastres mineros registrados en la Argentina: un derrame masivo de solución cianurada en la alta cordillera del departamento de Iglesia. La solución se derramó específicamente en la cuenca del río Jáchal, un afluente vital para la región.
Este hecho se convirtió rápidamente en una problemática que trascendió a nivel nacional e internacional y sacudió la confianza pública en la industria extractiva, dejando una herida ambiental y social que permanece abierta diez años después.
Los días del derrame
La noche del 13 de septiembre de 2015 los vecinos del departamento de Jáchal recibieron un mensaje de Whatsapp que advertía el riesgo de contaminación del agua por un presunto derrame. El mensaje se viralizó a tal velocidad que provocó una movilización inmediata en las calles del departamento para exigir explicaciones a las autoridades. El derrame se confirmó entre declaraciones cruzadas, falta de respuestas certeras y la preocupación de miles de familias en estado de alerta.
Con el pasar de los días, los vecinos se organizaron e instalaron una carpa azul en la plaza principal de Jáchal: así se consolidó la Asamblea Jáchal No Se Toca. A pesar de que las primeras experiencias de la asamblea habían iniciado seis meses antes para frenar las exploraciones de uranio, fue el derrame lo que acabó por consolidar la organización ambiental. Mientras tanto, la carpa azul lleva en pie una década como símbolo de la lucha ambiental, judicial y política que llevan adelante los integrantes de la Asamblea hasta el día de hoy.
No se trataba solo del derrame. El hecho trascendió a un debate sobre el modelo productivo del país que prometía progreso y divisas a través de las industrias extractivas.
Tras el impacto del derrame, fueron muchos los actores que se implicaron en la problemática. Si bien las primeras respuestas del Gobierno de San Juan, a cargo de José Luis Gioja, fueron erráticas y minimizaron la gravedad del asunto, la provincia inició acciones frente a la presión de los habitantes. La magnitud del conflicto convocó no sólo al Gobierno local, vecinos y asociaciones de la zona sino a carteras nacionales como la Secretaría de Ambiente, institutos como el INA (Instituto Nacional del Agua), universidades e incluso organismos internacionales como las Naciones Unidas.
La participación de distintas entidades, como la Universidad de Cuyo y la Universidad Tecnológica Nacional, permitió comprobar una alta presencia de minerales tóxicos en el río Jáchal y desmentir las primeras cifras de Barrick. En un principio, la empresa cifró el derrame en 224.000 litros pero finalmente —por intervención judicial— debió admitir que el volumen fue de 1.072 metros cúbicos, es decir, poco más de un millón de litros. Sin embargo, un informe conocido posteriormente y firmado por empleados de la propia empresa declara un vertido mucho mayor: 4.680 metros cúbicos, lo que equivale a más de 4 millones de litros de solución con cianuro y mercurio
Durante los meses posteriores al derrame también fueron masivas las movilizaciones en distintos puntos de la provincia. Al grito de “que se vayan” o “aguas sí, mineras no”, el rechazo a la minería tomó las calles. En octubre del 2015, habitantes de Iglesia y Jáchal cortaron la ruta a Veladero durante dos días hasta que, en plena noche, la policía de San Juan detuvo a 23 ciudadanos. Incluso, se llegó a realizar un festival en Plaza de Mayo con presencia de bandas como Las Pastillas del Abuelo y las Manos de Filippi.
Seis meses después del derrame, Barrick debió pagar una multa de casi 10 millones de dólares impuesta por el Gobierno de San Juan.
Es que, en un momento en que era poco cuestionada, el incidente puso a la minería extractiva en el ojo de la tormenta. Ya no se trataba solo del derrame; el hecho trascendió a un debate sobre el modelo productivo del país que prometía progreso y divisas a través de las industrias extractivas.
En San Juan, el paso del tiempo y los gobiernos consolidaron el proyecto extractivo hasta convertir a la provincia en uno de los principales polos mineros del país.
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El derrotero judicial
Según la versión oficial de Barrick Gold y los expedientes judiciales iniciales, la causa del derrame fue la ruptura de una válvula en una tubería que transportaba solución cianurada. Sin embargo, la Asamblea Jáchal No Se Toca y sus abogados, basándose en documentación interna de la empresa, denunciaron que la causa real del derrame fue una sobreexplotación de la mina.
En cuanto a la investigación judicial, en mayo de 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió dividir las causas: una a nivel federal para investigar a los funcionarios nacionales y otra, a nivel provincial, para los directivos y empleados de la empresa. Ese mismo año, la Asamblea Jáchal No Se Toca se constituyó como querella en la justicia federal tras presentar 3.000 firmas. Desde entonces cumple un rol clave en la batalla judicial. Representada por los abogados Enrique Viale y Diego Miguel Seguí, la Asamblea denuncia la impunidad judicial y política, criticando que altos directivos y funcionarios no hayan sido condenados.
En el ámbito provincial, el juez Pablo Oritja procesó a ocho empleados de la minera por negligencia e impericia en el control del yacimiento. Sin embargo, antes de que sus casos llegaran a juicio, los implicados reconocieron su responsabilidad, recibieron una probation (suspensión del juicio a prueba) y pagaron una multa de 100 mil pesos.
Más allá de esto, la Asamblea Jáchal No Se Toca denunció que Oritja nunca llamó a declarar al CEO de Barrick en Argentina, Guillermo Caló, ni al entonces gobernador de San Juan, José Luis Gioja, ni a sus ministros provinciales involucrados.
A excepción de pequeños grupos, la discusión de “agua sí, mineras no” ha sido dejada de lado por la aceptación de que el modelo de desarrollo provincial es con minería.
Por su parte, en la justicia federal, el juez Casanello elevó a juicio oral dos causas federales contra exfuncionarios nacionales por incumplimiento de deberes y violación de la Ley de Glaciares. La fecha para el juicio oral federal se había dispuesto, pero fue suspendida debido a la pandemia. Finalmente, por el pasar de los años, la jueza federal María Servini declaró en mayo del 2025 la prescripción de las causas federales, decisión que ya ha sido apelada por la querella.
Por el momento, si bien hubo procesamientos e investigaciones, no existen condenas firmes resultantes de juicios orales para ninguno de los involucrados, ni funcionarios nacionales o provinciales, ni directivos de la empresa Barrick Gold.
La mina permaneció algunos meses fuera de funcionamiento y, como parte de las condiciones para reanudar, la empresa fue obligada a asegurar el valle de lixiviación a niveles seguros e instalar cámaras de seguridad para el monitoreo constante. Además, seis meses después del derrame, Barrick debió pagar una multa de casi 10 millones de dólares que el gobierno provincial de San Juan estableció a través del Ministerio de Minería.
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Licencia social limitada
A 10 años del derrame, Veladero no solo sigue operando en la provincia, sino que se consolidó como una de las minas de oro y plata más importantes del país. Luego de todo lo sucedido en el 2015, las denuncias de derrames se repitieron en el año 2016 y 2017 —mismo año en que Barrick vendió el 50% de Veladero a Shandong Gold—. A pesar de que la empresa también pagó multas sobre los 5 millones de dólares, estas denuncias de menor escala no consiguieron el impacto de aquel primer estallido.
Actualmente, los debates en torno a la megaminería no son los mismos que se suscitaron luego de la catástrofe ambiental. El derrame generó conciencia social, organización y movilización, pero también dejó tras de sí paranoia y descreimiento generalizado.
Ya sea a fuerza de promesas laborales o solo por apatía, en amplios sectores de la sociedad sanjuanina la megaminería ha logrado la tan preciada “licencia social”: la legitimidad para operar y la aceptación de que es un camino incuestionable para el desarrollo provincial.
En algunos casos se ha ampliado el margen de las discusiones: se cuestiona la capacidad de generar empleo, de incluir cupo femenino, de apoyar proyectos culturales y comunitarios. Sin embargo, a excepción de pequeños grupos, la discusión de “agua sí, mineras no” ha sido dejada de lado por la aceptación de que el modelo de desarrollo provincial es con minería.
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Los principales focos de la cuestión en la actualidad son, por un lado, el reclamo de que la industria priorice el trabajo para proveedores locales y no de Mendoza o Chile. Y, por otro, la Ley de Glaciares que podría poner en riesgo la viabilidad de algunos proyectos de gran escala como Vicuña y Pachón. Por su parte, el gobierno actual a cargo de Marcelo Orrego continúa una línea explícita de promoción de la megaminería en la provincia que, en estos años, ha sido sede de numerosos congresos y foros con el cobre como la nueva y flamante promesa.