Del veto al límite a los DNU: el combo que golpea la gobernabilidad de Milei
El Senado revirtió el veto a la Ley de Discapacidad y avanzó en limitar los DNU. Un doble revés histórico que complica al Gobierno
En una jornada legislativa histórica y de alta tensión política, el Senado de la Nación asestó un doble y contundente golpe al gobierno de Javier Milei este jueves 4 de septiembre. Por primera vez en más de dos décadas, la Cámara alta revirtió un veto presidencial al restablecer la Ley de Emergencia en Discapacidad con una abrumadora mayoría de 63 votos a favor. Simultáneamente, y con un amplio consenso opositor, los senadores dieron media sanción a un crucial proyecto que busca limitar drásticamente la capacidad del Ejecutivo para emitir Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Todos estos reveses parlamentarios ocurrieron mientras el Presidente se encontraba en Estados Unidos. Un verdadero freno para la gobernabilidad libertaria que al mismo tiempo desafía la estrategia oficial del déficit cero y pone en jaque una de sus herramientas más utilizadas para sortear al Congreso.
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De esta manera, una redefinición del escenario político y de la división de poderes fuerzan a la Casa Rosada a evaluar otras opciones legales y estrategias para afrontar este combo de derrotas en un clima de fuertes repercusiones. Kirchneristas, radicales, macristas y provincialistas demostraron una capacidad de articulación que hacía mucho que no se veía. Y, como si fuera poco, ocurrió a días de las elecciones bonaerenses, “la madre de las batallas”.
El histórico “veto” al veto
En una movida sin precedentes en más de dos décadas, el Senado de la Nación volteó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, reactivando la normativa con una abrumadora mayoría de 63 votos a favor y solo 7 en contra.
Es no solo el primer veto presidencial revertido en la gestión libertaria, sino también el primero en más de 20 años en la política argentina. La votación dejó en claro la capacidad de articulación de la oposición frente a una de las decisiones más controvertidas del Ejecutivo. La votación fue un duro golpe para la Casa Rosada y, de yapa, revalidó el rol del Congreso como contrapeso al Poder Ejecutivo.
La ley que vuelve a estar en plena vigencia declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de prórroga por un año más. Entre sus disposiciones más importantes, la normativa reformulará las pensiones no contributivas, actualizará aranceles y compensaciones económicas para las personas con discapacidad, entre otras cuestiones fundamentales.
El sentido de este paquete es garantizar el acceso a terapias y prestaciones, un aspecto que los senadores opositores enfatizaron como un derecho fundamental y no como un privilegio.
Como es cada vez más frecuente, el debate en el recinto fue tenso y estuvo marcado por duras críticas al Gobierno nacional. No solo por el veto en sí, sino también por el escándalo que rodea a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y los audios sobre presuntas irregularidades.
Senadores de distintos bloques opositores —kirchneristas, radicales y macristas— denunciaron una política de exclusión deliberada. Voces como la de Pablo Bensusán (Frente de Todos) calificaron el veto de “brutal e inmoral”. Mientras tanto, Guadalupe Tagliaferri (Pro) sentenció que “la libertad no es dejar solas a las personas con discapacidad” y que las terapias “no son privilegios ni la casta; son herramientas para la libertad”.
Desde el oficialismo, el líder de la bancada, Ezequiel Atauche, intentó defender la medida como una herramienta útil para gobiernos con minorías parlamentarias, aunque la defensa fue minoritaria.
Con el presidente Milei en Estados Unidos durante la sesión, la Casa Rosada ahora enfrenta el desafío de cómo responder a este revés parlamentario. Evalúa opciones que van desde no promulgar la ley y esperar una demanda, hasta judicializar el caso para demorar su ejecución o incluso pedir la nulidad de la sesión.
El Gobierno había argumentado que cualquier norma que eleve el gasto debe explicitar su fuente de financiamiento, en línea con el mantra del déficit cero. Sin embargo, la amplia votación en contra de su veto deja al Ejecutivo en una posición delicada, chocando su narrativa fiscal con una demanda social de alta legitimidad y mostrando que el Congreso ha aprendido a “ponerle límites”.
Más límites al Ejecutivo
En la misma sesión legislativa que marcó un antes y un después para la gestión libertaria, el Senado de la Nación, además de revertir un veto presidencial, también avanzó en la restricción de una de las herramientas más utilizadas por el Ejecutivo: los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Con una mayoría significativa de 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, la Cámara alta dio media sanción a un proyecto que busca reformar la “lógica abusiva” de estas normativas, limitando la capacidad de cualquier gobierno para “puentear al Congreso”. La iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, forma parte de una clara estrategia del Poder Legislativo de recuperar facultades y reequilibrar la división de poderes.
El corazón de este nuevo proyecto radica en establecer un marco temporal y temático más estricto para los DNU. De aprobarse en Diputados, los decretos tendrán un plazo perentorio de 90 días corridos para ser validados con mayoría absoluta por ambas cámaras; en caso contrario, caerán automáticamente.
Esta es una modificación crucial, ya que, bajo la ley actual de 2006, un DNU puede seguir en curso indefinidamente si no es rechazado explícitamente. Además, la propuesta establece que si una sola de las Cámaras vota negativamente, el DNU también se anulará, “salvo los derechos adquiridos durante el potencial y corto tiempo de vida”.
Otro punto fundamental del proyecto es que cada decreto deberá referirse a un “área en particular”, evitando la “ensalada de temas” en un solo texto que ha caracterizado a muchos DNU anteriores.
Senadores de distintos bloques opositores, como Alejandra Vigo (peronismo disidente) y Pablo Blanco (UCR), fueron enfáticos al señalar que los DNU son “instrumentos de excepción que contravienen la idea de separación de poderes”.
Lucila Crexell (Provincias Unidas) remarcó que la ley actual de 2006 “no establece un mecanismo que respete los principios constitucionales” y que se buscaba “morigerar el presidencialismo”, pero lo que hicieron fue “exacerbar el centralismo y presidencialismo autoritario”.
La propuesta busca “evitar, en buena medida, la tentación de gobernar con la suma del poder público, extralimitándose el Gobierno en su accionar”.
De esta manera, este proyecto junto con el rechazo del veto por la Ley de Discapacidad fueron un “combo letal” para el Gobierno. Desde La Libertad Avanza, el líder de la bancada, Ezequiel Atauche, lamentó la decisión, argumentando que se busca “quitarle al Presidente una herramienta que sirve en un gobierno que tiene minorías parlamentarias muy graves”.
Sin embargo, la amplia votación a favor de la limitación de los DNU refleja una voluntad parlamentaria de “reivindicar facultades que son propias del Congreso” y asegurar así la división de poderes. En consecuencia, fuerza a la Casa Rosada a operar con menos discrecionalidad y a buscar consensos para sus reformas estructurales.
La reacción del oficialismo
Mientras el Senado se convertía en un “paredón” para las iniciativas del Ejecutivo, el presidente Javier Milei se encontraba en Estados Unidos, desplegando una agenda internacional que fue interpretada como un “desentendimiento calculado”.
Desde Los Ángeles, donde se reunió con banqueros y empresarios globales, el mandatario buscó reafirmar el rumbo del programa económico y el “mantra del superávit fiscal”. En Buenos Aires, la reacción inicial del Gobierno fue de cautela, evitando declaraciones “on the record” y posponiendo cualquier decisión oficial hasta el regreso del Presidente el sábado por la madrugada, en la previa de las importantes elecciones bonaerenses. La estrategia inmediata, según trascendió, era “ganar tiempo”.
Sin embargo, a puertas cerradas en la Casa Rosada, la “mesa judicial” ya se había encendido para calibrar opciones ante el doble revés parlamentario. Se evalúan tres rutas principales: no promulgar la Ley de Discapacidad y esperar una demanda para litigar su ejecución; ir directamente a la Corte Suprema con un planteo de nulidad de la sesión por “autoconvocatoria ilegal”; o abrir un frente en lo Contencioso Administrativo.
El Gobierno insiste en que cualquier norma que aumente el gasto debe explicitar su fuente de financiamiento, en línea con el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, y que aprobarla “sin costo” viola la restricción fiscal.
Este “combo letal” de derrotas exhibe un dilema político clave: la narrativa del déficit cero choca con una demanda social de alta legitimidad. La capacidad de la oposición para articular mayorías en temas sensibles, incluso en medio de la campaña, establece un precedente que, sin duda, alterará los incentivos y la gobernabilidad libertaria para el período post-electoral.