San Juan marcha contra el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad
La convocatoria es para este martes a las 13 en la Plaza 25 de Mayo en pleno centro sanjuanino como respuesta a los vetos del presidente Milei.
Los Profesionales de Apoyo a la Inclusión Autoconvocados (PAIA) de San Juan convocaron a marchar este martes 5 de agosto contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La cita será en la Plaza 25 de Mayo, mientras el Congreso se prepara para debatir —otra vez— hasta qué punto vale la pena proteger a los más vulnerables.
El presidente Javier Milei firmó los decretos el sábado. Fueron publicados en el Boletín Oficial este lunes 4 de agosto, justo cuando vencía el plazo constitucional de diez días hábiles. En total, fueron tres leyes las vetadas (27.791, 27.792 y 27.793), todas sancionadas por el Congreso el 10 de julio. El lapso entre la sanción y el veto fue breve pero la polémica promete durar.
Entre las normas vetadas, la ley 27.793 declaraba la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta 2026, creaba una pensión no contributiva compatible con trabajo formal, y preveía actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores. También garantizaba fondos hasta diciembre de 2027 para pagar a enfermeros, acompañantes, transportistas; aprobar pensiones y mejorar salarios en talleres protegidos. Una ley que, en palabras del Ejecutivo, costaba demasiado.
Milei también vetó una mejora en jubilaciones y pensiones: un aumento real del 7,2% para todos los haberes —excepto regímenes especiales— y la elevación del bono de $70.000 a $110.000, con ajuste por inflación. Además, rechazó la restitución de la moratoria previsional, que permitía a quienes no tienen 30 años de aportes completar los años faltantes y cobrar el haber mínimo. Demasiado gasto, dirá él.
//Leé también nuestra nota: Ahí va el capitán veto: la tensa relación entre La Libertad Avanza y el Senado
Fiel a su credo, el Gobierno argumentó que las iniciativas carecían de financiamiento y que el trámite legislativo había sido “irregular”. Según Milei, su implementación aumentaría el gasto público en 1,68% del PBI. El déficit cero no se mancha.
En particular, la ley de discapacidad significaría más de 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026, sin contar el impacto en el programa Incluir Salud. El Gobierno promete “todas las certidumbres posibles” de que el déficit cero no será vulnerado. En palabras del Presidente: “cualquier incremento del gasto que comprometa el equilibrio fiscal se encontrará con un muro innegociable”.
El Presidente ya había anunciado el veto. Lo hizo con el tono exaltado que le gusta: acusó de “genocidas” e “hijos de puta” a los legisladores que votaron a favor de las mejoras sociales. Dijo que el gasto implicaba “casi tres puntos del PBI” y asumió el costo político en plena campaña, confiando en que su electorado premie la coherencia —o la intransigencia.
//Leé también: Violencia, burla y abandono: el destrato del interventor de la Obra Social Provincia a las DAI en San Juan
El decreto 534/2025 fue rubricado por Milei y refrendado por nueve ministros: Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Mario Iván Lugones, Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona, Luis Caputo, Luis Petri y Gerardo Werthein.
Clima político y pulseada parlamentaria
En el Congreso, el oficialismo de La Libertad Avanza confía en reunir los votos necesarios para sostener el veto. Le basta con un tercio de los diputados presentes votando a favor. El clima entre los libertarios es de “altísimo entusiasmo” y proyectan superar los 80 votos negativos, como en sesiones previas (87 y 84 votos en 2024). La aritmética les sonríe, por ahora.
Desde la oposición, varias voces se alzaron. Natalia de la Sota (Encuentro Federal) propuso rechazar el veto sin demoras. Esteban Paulón coincidió y lo calificó de “cruel”.
Nicolás del Caño (FIT) pidió “derrotar” los vetos con movilización popular y paro nacional, denunciando la “política de la crueldad” del Gobierno. Aunque la oposición reconoce la dificultad de alcanzar los dos tercios necesarios para revertirlo, busca visibilizar la votación en plena campaña para que quienes respalden el veto “paguen costos”.
También se intentará revertir el veto a la emergencia en Bahía Blanca, que asignaba fondos especiales tras el temporal. Desde Somos Buenos Aires, Pablo Nicoletti denunció el “doble discurso” oficialista y el “ajuste” sobre los más vulnerables.
//Leé también nuestra nota: El volantazo de las diputadas orreguistas en la escandalosa sesión del Congreso sobre financiamiento universitario y emergencia en el Garrahan
Este miércoles 6 de agosto habrá sesión, aunque los vetos no figuran en la agenda principal. Se debatirán otros temas sensibles: financiamiento universitario, emergencia en el Hospital Garrahan y en el sistema científico, decretos desreguladores (INTI, INTA, Banco de Datos Genéticos, Marina Mercante, Vialidad) y proyectos de gobernadores (eliminación de fondos fiduciarios, coparticipación de impuestos al combustible, modificación de ATN).
Mientras tanto, la Casa Rosada negocia con gobernadores aliados. Ofrece partidas extraordinarias, guiños y pactos electorales a cambio de respaldo parlamentario. Milei se aferra a su coherencia fiscal —esa que repite como mantra—, pero el costo político empieza a pesar, sobre todo entre jubilados y personas con discapacidad. Esos que, para el Presidente, quizás cuestan demasiado.